El Tribunal Supremo examinará si los acuerdos firmados entre España y Marruecos permiten la devolución de menores de edad sin abrir ningún tipo de expediente administrativo. Los jueces de lo contencioso han admitido a trámite los recursos que el Gobierno de Ceuta y la Abogacía del Estado, en representación de la Delegación del Ejecutivo central, han presentado contra las sentencias que sancionaron el retorno de decenas de menores de edad a Marruecos durante las entradas masivas de mayo de 2021. Las repatriaciones también se investigan por la vía penal. Y por ellas serán juzgadas la vicepresidenta de Ceuta y la exdelegada del Gobierno por prevaricación administrativa.
La crisis migratoria de mayo de 2021 se zanjó con la llegada irregular de más de 12.000 personas a Ceuta a nado a través de los espigones fronterizos y sin encontrar resistencia en el lado marroquí de la frontera. Según la Justicia, al menos 1.097 de esas personas eran menores de edad y muchos fueron devueltos a Marruecos en la segunda semana de agosto de ese año sin ningún tipo de trámite administrativo ni expediente de por medio.
Varias organizaciones llevaron estas devoluciones ante los tribunales y un juzgado de Ceuta declaró el año pasado que la repatriación de ocho de estos menores fue ilegal y vulneró su derecho a la integridad física y moral. La decisión la confirmó más tarde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: no fueron devueltos a Marruecos con la más mínima garantía de que no quedarían abandonados, ningún procedimiento administrativo avaló esta decisión y la grave crisis migratoria, añadieron los jueces, no daba carta blanca a España para ejecutar estas repatriaciones de menores.
En el centro del debate jurídico sobre estas devoluciones está el acuerdo que España y Marruecos firmaron en Rabat en 2007 y que esgrimen las autoridades para ejecutar la repatriación de menores de edad. Tanto la Ciudad Autónoma de Ceuta como la Delegación del Gobierno, representada por la Abogacía del Estado, han recurrido al Tribunal Supremo defendiendo que estas devoluciones fueron legales y que ese acuerdo tiene la categoría de tratado internacional.
En su auto de admisión, que ha podido examinar elDiario.es, el Supremo anuncia que abrirá un debate sobre si este acuerdo firmado en 2007 ampara o no este tipo de devoluciones de menores de edad a Marruecos y si las medidas que incluye en el ámbito de los menores no acompañados “exigen la tramitación de expediente administrativo”, tal y como establecen varias leyes de derechos y libertades de las personas extranjeras en España.
Tanto la Abogacía del Estado como el Ejecutivo de Ceuta han presentado recursos en los que defienden que esa norma es aplicable y que permite devolver a un menor de edad a su país de origen sin que quede rastro administrativo de la decisión. La representación de la Delegación del Gobierno, por ejemplo, critica que las sentencias que han sancionado las repatriaciones no tienen en cuenta las circunstancias del momento y reprocha que no hay pruebas de que los menores quedaran desamparados una vez devueltos a Marruecos.
Las devoluciones, juzgadas por lo penal
La crisis migratoria de 2021 en la frontera entre España y Marruecos tuvo lugar en un momento de máxima tensión entre ambos países por la estancia de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, en un hospital de Logroño, y mientras los teléfonos de Pedro Sánchez y Margarita Robles eran espiados con el software Pegasus. Las devoluciones, además, terminaron en un juzgado de instrucción por la vía penal.
Fue la Fiscalía la que denunció tanto a Salvadora Mateos, entonces delegada del Gobierno en Ceuta, como también a Mabel Deu, en ese momento vicepresidenta del ejecutivo local por el Partido Popular. Las dos han sido enviadas a juicio por una deportación de 55 menores que el instructor calificó de “grosera” y la Fiscalía pide 12 años de inhabilitación para ambas por un delito de prevaricación.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público destacó que la vicepresidenta de Ceuta emprendió “actuaciones” para repatriar a los niños marroquíes “por la vía de hecho” y prescindiendo de cualquier trámite, expediente o razonamiento. Tanto ella como la delegada del Gobierno, dice la Fiscalía, decidieron en común “practicar la devolución sin seguir el procedimiento establecido y, en consecuencia, sin verificar la concurrencia de los presupuestos legales que así lo permitieran”.
La Fiscalía entiende que no podían ampararse en el acuerdo firmado entre España y Marruecos en 2007 para eludir “las responsabilidades administrativas y penales en que eran perfectamente conscientes que iban a incurrir”.