Amnistía Internacional presiona a Interior para que deje de “frustrar los intentos de averiguar la verdad de la tragedia de Melilla”

Dejar de lado las diferencias entre partidos para hacer frente al riesgo de genocidio en Gaza, esclarecer lo sucedido en la tragedia de Melilla o reformar la conocida como ley Mordaza. Estas han sido las principales líneas de acción que ha trasladado Amnistía Internacional a representantes del Gobierno y la oposición. 

Durante los días 11, 12 y 13 de marzo, una delegación de la organización encabezada por Agnés Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, y Estaban Beltrán, director de la ONG en España, se ha reunido con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno; Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior; José Manuel Albares, ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación;  y Esteban González Pons, vicepresidente del Partido Popular Europeo y vicesecretario de acción institucional del PP. En estos encuentros han trasladado a los representantes políticos sus 14 medidas imprescindibles en materia de derechos humanos para la próxima legislatura.

“Lo que pasa en Gaza es un riesgo serio de genocidio y es el momento de actuar con una agenda común para acabar con tanto sufrimiento”, ha dicho Callamard al comienzo de su intervención. La principal petición de la organización pasa por convertir en permanente la suspensión - ahora temporal- del envío de armas a Israel, además de promover dentro de la Unión Europea la prohibición de importar productos de colonos de las zonas ocupadas y revisar el acuerdo de cooperación entre Israel y la Unión Europea. “No sirve de nada enviar ayuda humanitaria a Gaza mientras continúan los bombardeos y el envío de armas”, insiste la secretaria general, que ha recordado la situación alarmante que se vive en la Franja: miles de muertos, falta de ayuda humanitaria, hambruna, falta de agua potable… 

Callamard ha valorado positivamente algunas de las medidas ya adoptadas por el Gobierno de España, como el apoyo a la financiación de la UNRWA, una organización que en los últimos meses se ha visto señalada por las acusaciones de colaboración con Hamás por parte de Israel, que no han sido demostradas. La reconocida defensora de los derechos humanos, además, ha recordado que España ha sido uno de los países que ha apoyado la investigación de la Corte Penal Internacional y el caso llevado ante la Corte Internacional de Justicia.

Ceuta y Melilla, una asignatura pendiente

Tanto Beltrán como Callamard han lamentado la falta de compromiso real del Ministerio de Interior para esclarecer de forma independiente los hechos sucedidos durante la tragedia de Melilla de junio de 2022, que desde la organización califican como “una de las mayores manchas de derechos humanos en la democracia española”. 

“Frente a Melilla, la respuesta del ministro ha sido evasiva”, ha dicho Beltrán, que considera que Ceuta y Melilla “siguen siendo una asignatura pendiente para los derechos humanos en España”. La delegación que se reunió con Grande-Marlaska le preguntó si estaba de acuerdo con la resolución de la Fiscalía General del Estado en la que, aunque archivaba la causa de Melilla. apuntaba a la falta de acceso al asilo en España y él dijo estar analizándolo. “Sonó poco convincente”, añade. “Está de acuerdo con una parte del texto, pero no con la parte en la que se habla del riesgo al que se enfrentan las personas subsaharianas que tratar de solicitar asilo en España y no tienen una vía segura para hacerlo”. 

Uno de los puntos esenciales para la organización es conseguir que se dé luz verde a una investigación independiente sobre la tragedia de Melilla, así como que los derechos humanos jueguen un papel importante en las relaciones bilaterales con Marruecos. “Las autoridades españolas y marroquíes deben asumir su responsabilidad y dejar de frustrar los intentos de averiguar la verdad de lo sucedido en Melilla”, afirma Callamard. 

La organización ha destacado algunos de los compromisos a los que han llegado estos días, como la intención de Interior de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, tras no haberse logrado en la anterior legislatura. “Es una norma que atenta contra e derecho a la libertad de expresión y de reunión y sobre la que Amnistía Internacional lleva haciendo campaña desde su entrada en vigor”, ha dicho Beltrán. Otra de las leyes que podrían sufrir cambios en los próximos cuatro años es la de Secretos Oficiales, ya que han mostrado su apoyo a reformar el texto tanto José Manuel Albares, como González Pons.

Otro de los asuntos a los que han mostrado interés desde Interior ha sido a explorar nuevos modelos de mecanismos independientes para la rendición de cuentas de las fuerzas y cuerpos de seguridad, medidas que, recuerda Beltrán, ya existen en otros países como Holanda o Reino Unido. “Esperemos que estas reformas se hagan realidad en un breve periodo de tiempo. Haremos el seguimiento oportuno para que las víctimas de violaciones de derechos humanos sean escuchadas y estén en el centro de toda media”, ha dicho Beltrán.  A pesar de estos avances, lamentan que no haya intención, por el momento, en reformar la ley Orgánica del Poder Judicial para restablecer el principio de jurisdicción universal sobre los crímenes de derecho internacional. 

La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, con quien también han podido entrevistarse, se ha mostrado favorable a implementar la Directiva de debida diligencia que se va a debatir estos días en el Congreso y, en caso de no aprobarse, a promover en España y en la UE medidas legislativas para exigir a las empresas procedimientos para cumplir con los derechos humanos en terceros países y a proteger el medio ambiente. Una iniciativa que, creen desde la organización, servirá para prevenir, mitigar, rendir cuentas y reparar a las víctimas. 

Por último, ambos representantes de AI han recordado algunas materias en las que es necesario estar alerta y ha instado a hacer efectivas leyes como la de Memoria Histórica, Libertad Sexual, Vivienda o derechos LGTBI. “En esta legislatura nos jugamos que España avance en materia de derechos humanos o que, por el contrario, empiece a retroceder”, ha concluido el director de AI en España.