Sougrabay Ibrahim maneja con agilidad la máquina de coser en una habitación de Madagascar. Sus manos están curtidas por el paso del tiempo, 84 años de vida que Sougrabay repasa con tristeza. “No me atrevo a salir de casa. Esta es mi vida. He vivido con este miedo”, explica la anciana con la voz entrecortada en un testimonio recogido por la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur).
Sougrabay, como sus padres y sus hermanos, nació en el país africano pero siempre ha sido apátrida. No tiene carnet de identidad, ni partida de nacimiento. Pertenece a la minoría karana, descendientes indo-pakistaníes que, aunque viven en Madagascar desde hace más de un siglo, no son considerados ciudadanos del país.
“Ser apátrida es lo peor que le puede ocurrir a una persona, vives como un animal”, comenta la mujer, que no pudo ir a la escuela por no estar registrada en ninguna parte.
Es, dicen, la sensación permanente de ser intrusos. De no pertenecer nunca al lugar que les vio nacer. Es, aseguran, que su lengua, su religión, sus rasgos físicos y todo aquello que define su identidad signifique ser excluidos a la hora de ejercer derechos como poder estudiar o acudir al médico. La falta de nacionalidad es “un problema invisible, porque a menudo a estas personas no se las ve ni se las oye”, afirma Acnur.
En el mundo hay 10 millones de personas que no son consideradas nacionales por ningún Estado, según las estimaciones del organismo, que ha publicado recientemente un informe donde denuncia la discriminación que enfrentan los apátridas. De estas, el 75% pertenecen a minorías que, de forma recurrente, se ven privadas de la nacionalidad por su etnia, su raza, su religión o su lengua.
Esta discriminación, explica Acnur, se encuentra a menudo entre los motivos de su apatridia, pero también es, a la vez, una consecuencia de la propia falta de nacionalidad. Una suerte de círculo vicioso. “La apatridia, al mismo tiempo, puede provocar más discriminación, tanto en la legislación como en la práctica”, señala la Agencia en el documento, para el que han entrevistado a 120 apátridas.
“He esperado seis años para registrar a mis hijos”
Al menos 20 países, según Acnur, mantienen leyes de nacionalidad en las que esta “se puede denegar o retirar de forma discriminatoria”. Es el caso de la minoría musulmana rohingya en Myanmar, excluida de una lista de “grupos étnicos nacionales” en la legislación del país, de mayoría budista, o de los kurdos sirios, privados de su nacionalidad en 1962.
En este sentido, las leyes discriminan en mayor medida a las mujeres. En la actualidad, según el organismo, hay 27 países que niegan a las mujeres “el derecho a transmitir la nacionalidad a sus hijos en condiciones de igualdad con los hombres, una situación que genera situaciones de apatridia encandenadas que se van pasando de una generación a otra”, explica Acnur. Cada diez minutos, estiman, nace un niño apátrida en el mundo.
Otras veces, la discriminación se trasluce de políticas y prácticas administrativas que complican su capacidad para acceder a la documentación necesaria para reclamar su derecho a la ciudadanía, como las partidas de nacimiento o los documentos nacionales de identidad. “Muchos tienen que pedir cita una y otra vez, pagar unas tasas onerosas y esperar una respuesta a su solicitud de documentos durante periodos injustificadamente largos”, sostiene el informe. Con ello, se dificulta su acceso a servicios como la educación o la atención médica, así como al empleo.
Los seis hijos de Mivtar Rustemov se levantan cada mañana. Juegan, ríen, se les caen los dientes. Existen, pero no para el país en el que han nacido, Macedonia, dice su padre. Son romaníes, la comunidad apátrida más numerosa del país, con unas 54.000 personas. Las estimaciones no oficiales apuntan, sin embargo, a que son más del doble. La mayoría vive en asentamientos informales y no pueden demostrar una residencia legal para obtener el DNI. Muchos no son registrados cuando nacen, lo que les dificulta acceder a la ciudadanía y los derechos más básicos, como los hijos de Mivtar, que nacieron en casa.
“Sin documentos, eres como un muerto”, dice este hombre de 48 años. “Fui a registrar a mis hijos a la oficina un par de veces. Siempre me dicen que espere. He estado esperando durante casi seis años, pero todavía no hay respuesta. He hecho todo lo que he podido y continuaré. Si consigo esos papeles, seré muy feliz. No tendría dolores de cabeza”, explica preocupado. “¿Por qué los dejamos sin estudios? Es una vergüenza. Quiero que tengan una educación. Sería diferente. Tendrán una vida mejor. Podrán ir al colegio y aprender cosas que les ayudarán a encontrar un trabajo. No serán analfabetos como yo”, prosigue.
La exclusión, según los entrevistados por Acnur, es “evidente” tanto a la hora de interactuar con las autoridades, como con sus propios vecinos. “La gente nos dice que nos volvamos a Mumbai. Pero nosotros no conocemos Mumbai. Nacimos aquí”, relata Nassir Hassam, un hombre karane de Madagascar, que son, sobre todo, musulmanes, lo que provoca que sean percibidos como extranjeros. “La discriminación degrada sus comunidades al impedir que se les vea como seres humanos iguales que merecen los mismos derechos y el mismo respeto”, sentencia la Agencia de la ONU.
La falta de nacionalidad también agrava su miedo por su integridad física y su seguridad, de acuerdo con el informe. “Cuando me casé, no tenía carnet de identidad. Estaba aterrorizada de salir de casa, temía a la policía. Cuando se corrió la voz en el pueblo de que iba a haber un control de documentación, me escondí en casa”, relata Sougrabay Ibrahim.
Como Sougrabay, varias personas entrevistadas por Acnur denuncian actividades policiales “deliberadas” en los que no pueden mostrar sus documentos y acaban en detenciones, pago de sobornos o intentos de expulsión. En definitiva, son “criminalizados por una situación que no pueden resolver”, con secuelas en su salud mental.
Condenados a la pobreza y la marginalidad
Como consecuencia de la falta de documentación y de acceso a la educación y al empleo legal, las minorías apátridas quedan atrapadas en un “ciclo continuo” de pobreza, de acuerdo con el documento. No pueden abrir cuentas bancarias ni solicitar préstamos, ni obtener licencias para ganarse la vida. Esto le sucede a Shaame Hamisi, un pescador y líder de la comunidad pemba, una minoría originaria de Tanzania que habita desde los años 30 en Kenia.
“Realmente, nos duele y es humillante. Es una deshonra no tener valor para el resto”, comenta este hombre de 55 años que lucha para que su comunidad tenga los mismos derechos que el resto de kenianos. “Hay préstamos para ayudarnos a comprar un motor, o un barco. Yo no puedo optar a ellos porque carezco de ciudadanía. Solo podemos pescar peces pequeños en las aguas superficiales. Los peces grandes están en alta mar y para ello hace falta un barco mejor”, explica. “No pude estudiar, pero sí gozo de sabiduría. Mi sueño es la ciudadanía, me cambiaría la vida. Queremos obtenerla. Este es nuestro hogar. Kenia es nuestra casa”, apunta.
Acnur, que hace tres años lanzó la campaña #IBelong para lograr erradicar la apatridia en 2024, alerta de que si no se garantiza el derecho a la nacionalidad, contemplada en convenciones internacionales, “la exclusión prolongada de las minorías apátridas puede generar resentimiento” y situaciones más extremas como la persecución o el desplazamiento forzoso.
Asimismo, conflictos graves como el de República Centroafricana o Siria están produciendo “un número creciente de casos de apatridia” debido a que “decenas de miles de niños refugiados han nacido en el exilio” y se dificulta el registro de los nacimientos o el demostrar su ciudadanía por la falta de documentos.
Para ello, reclaman varias medidas, como permitir que los niños obtengan la nacionalidad del país en el que han nacido si de lo contrario serían apátridas, garantizar la inscripción universal de nacimientos o eliminar las leyes y prácticas privan a las personas de nacionalidad por razones discriminatorias.
Se trata, dicen, de un problema creado “por el hombre” que requiere, a juicio de la Agencia, de “voluntad política” para su solución. Este año, comentan, ha habido algunos avances en Tailandia, en Asia Central, Rusia y África occidental. Como ejemplo destacan los Makonde de Kenia, una tribu originaria de Mozambique compuesta por 4.000 personas, que en octubre de 2016 fueron reconocidas como ciudadanos.
Amina Kassim tiene 51 años, es Makonde y estuvo entre las integrantes de la comunidad que presionaron al Gobierno para lograr su reconocimiento. “Aquel día, cocinamos arroz y me lo comí con mis hijos porque estábamos felices”, recuerda la mujer. “Antes de tener mi carnet de identidad, mi vida era difícil. Estábamos desempleados. No podía viajar. No podía conseguir una escritura de la propiedad. Solo podía alquilar, pero si me decían que me fuera, tenía que marcharme”, relata.
“Desde que tengo el documento, mi vida ha cambiado. Me siento como si hubiera vuelto a nacer. Voy a hacerme el pasaporte para viajar. Quiero ir a India. Adonde sea, porque tendré mi pasaporte. Ahora soy libre. Mi sueño es poder tener, por fin, mi propia casa”, concluye.