Australia pagará a Camboya para deshacerse de refugiados que llegan a sus costas
“Quiero dejar totalmente claro que este gobierno nunca permitirá a alguien que llega aquí ilegalmente en barco que pueda obtener la residencia permanente en Australia”. El primer ministro de Australia, Tony Abbott, dejó clara con esta frase, pronunciada en diciembre, su postura hacia las personas que durante los últimos años han llegado a las costas del país en pequeñas embarcaciones.
Abbott no dio lugar a excepciones, a pesar de que muchos de los inmigrantes son, en realidad, demandantes de asilo que huyen de los conflictos que afectan a buena parte de Asia y África. La pasada semana el Gobierno australiano dio un nuevo paso en su implacable política: la firma de un acuerdo con Camboya para que acoja a los refugiados que se encuentran en la isla de Nauru. El país asiático, con una quinta parte de su población por debajo de la pobreza, también tiene un oscuro balance en su trato hacia los refugiados.
Australia ha sido acusada durante años por su dura política hacia los demandantes de asilo, a pesar de ser un país firmante de la Convención del Refugiado de 1951, un acuerdo internacional que obliga a garantizar un tratamiento benevolente hacia aquellas personas que huyen de persecuciones en sus países de origen. La realidad con la que se encuentran aquellos que llegan a las costas australianas es muy diferente: a la mayoría les esperan los centros de detención situados en los países vecinos de Nauru y Papúa Nueva Guinea, en los que se revisarán sus peticiones de asilo mientras son privados de libertad.
“Australia es el único país firmante de la Convención del Refugiado que deniega asilo si se llega al país de forma ilegal”, asegura Oliver White, miembro del Jesuit Refugee Service en Australia. “Esto socava la esencia de la noción de asilo de la Convención del Refugiado, que asegura el derecho a viajar de forma irregular y elegir cuándo y dónde huir”.
Los centros de detención han sido denunciados en numerosas ocasiones por sus penosas condiciones. Uno de los últimos informes fue publicado en diciembre de 2013 por Amnistía Internacional, tras visitar las instalaciones de la isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea. En su informe, Amnistía Internacional denunciaba dormitorios abarratados en los que dormían más de 100 refugiados, falta de cuidados médicos y de higiene, y carencia de agua potable. Los demandantes de asilo no podían además comunicarse con sus familias y sus procesos para obtener el estatus de refugiado, necesario para ser realojado en otro país, se encontraban paralizados de forma indefinida.
Los centros de detención forman parte de la llamada “política de disuasión”, lanzada por el gobierno de Canberra en 2001, durante una oleada de llegadas de botes con inmigrantes. Australia aprobó entonces la 'Solución del Pacífico', que consistía en modificar los límites aduaneros del país para que aquellas islas australianas más cercanas a Indonesia quedaran fuera del perímetro. Así, si algún refugiado conseguía llegar a alguna de esas islas, Canberra no tendría que considerar que habían cruzado la frontera australiana. El mismo principio se aplica a las aguas, por lo que si un bote es interceptado en alta mar, el gobierno está supuestamente legitimado para bloquear su paso y devolverlo a aguas de Indonesia. La ONU, sin embargo, ha criticado a Australia por estas prácticas y ha considerado que estas devoluciones son una “violación de las leyes internacionales”.
Mil refugiados a cambio de 40 millones
A pesar de las críticas, Australia ha firmado finalmente un acuerdo con Camboya para que el país asiático acoja a los refugiados que se encuentran en la isla de Nauru. “Hay una verdadera preocupación sobre este acuerdo porque no está claro que se vayan a garantizar los derechos de los refugiados”, afirma Vivian Tan, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Asia.
Camboya podría así alojar hasta 1.000 refugiados que, según han prometido las autoridades australianas, sólo serán reubicados de forma voluntaria. A cambio, Camboya recibirá 40 millones de dólares durante los próximos años, aseguró el ministro de Inmigración australiano, Scott Morrison, a la cadena ABC.
Camboya, un país en el que una quinta parte de la población vive por debajo de la pobreza, tiene un negro balance en su trato hacia los refugiados. Una de las violaciones más graves fue la repatriación de 20 iugures a China, país en el que son perseguidos, y que fueron posteriormente encarcelados, en diciembre de 2009.
Para los 68 refugiados que aún viven en el país asiático, el acceso a servicios básicos como la escolarización o la sanidad es limitado, denuncia JRS. “Camboya aún no tiene los procedimientos legales y judiciales ni la infraestructura social necesaria para reintegrar a refugiados”, asegura Oliver White.
El acuerdo llega además tras varios meses de fuertes violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno camboyano, que ha reprimido duramente numerosas protestas y ha continuado su política de expropiaciones de tierra. Un país, aseguran los activistas, demasiado inestable para ofrecer un refugio seguro a los que huyen de sus propios infiernos.
