Durante 56 días, las tardes de Leolinda consistieron en plantarse frente al teléfono y “llamar, llamar y llamar”. Marcar el número una y otra vez hasta que, con suerte, alguien respondía al otro lado, en un Centro de Internamiento para Extranjeros de Madrid, donde su pareja permanecía encerrada por no tener papeles. Si todo sigue como hace unas semanas, la dificultad de hablar con los internos se reducirá: los CIE de Madrid, Barcelona y Valencia han permitido en las últimas semanas el uso de los teléfonos móviles, hasta ahora prohibidos, según ha confirmado eldiario.es.
Hasta hace unas semanas, solo dos de los siete CIE de España (el de Las Palmas y el de Murcia) permitían que los internos llamasen desde sus propios teléfonos móviles. A pesar de existir órdenes judiciales y solicitudes de ONG para acabar con la prohibición desde hace años, los últimos autos al respecto han sido cruciales. Aunque todavía existen dos CIE que se han quedado fuera de las últimas decisiones: Algeciras y Tarifa, controlados por un mismo magistrado.
Primero fue Barcelona. Durante el pasado mes de mayo, el juez de control del CIE de Zona Franca ordenó la autorización del uso de los móviles pero sin conexión a internet. El 19 de junio la dirección del centro entregó sus teléfonos a los internos, según ha confirmado a eldiario.es desde la ONG Migra Studium. Los funcionarios entregan los teléfonos por la mañana y se los retiran por la noche pero no a todos: las personas que tienen un aparato con cámara de fotos se quedan sin este derecho para evitar la realización de imágenes en el interior del centro.
Madrid fue la siguiente. Tras el auto del magistrado Ramiro García de Dios, en el que reiteraba una exigencia emitida ya en 2010: el derecho del interno a hablar por su móviles con el exterior. Hace dos semanas, con cinco años de retraso, la orden judicial se aplicó en el CIE de Aluche, según asegura a este medio la ONG Pueblos Unidos, que tiene acceso a este centro. Las personas retenidas pueden utilizar el aparato también para conectarse a internet, aseguran.
Lo de Valencia llegó casi por sorpresa. Hace cerca de diez días, según ha podido saber este medio, la dirección del CIE de Zapadores cedió y comenzó a permitir a los internos el acceso a sus móviles durante unas horas determinadas al día. Algunos internos se han quejado debido a las dificultades que tienen para cargar sus teléfonos.
Las fuentes cercanas a los CIE de Madrid y Barcelona indican que, por el momento, el acceso a los móviles se está aplicando “con normalidad” y no ha habido ningún problema destacable. La Dirección General de Policía se limita a asegurar que “los juzgados de control son los encargados de vigilar las condiciones de los CIE y sus órdenes son de obligado cumplimiento”. Sin embargo, no confirma ni desmiente las últimas medidas.
La eterna justificación: “razones de seguridad”
Fuentes judiciales y humanitarias ligadas a los Centros de Internamiento para Extranjeros aseguran que, para prohibir el uso de los móviles hasta ahora, la dirección de los centros alegaba “razones de seguridad”. Sin embargo, en los dos únicos CIE de España donde se permitían hasta las últimas semanas, “no ha surgido ningún problema”, asegura una de las magistradas encargadas de su vigilancia.
Se trata de los CIE de Las Palmas y Murcia, donde, desde 2012 y 2013 respectivamente, se permite el uso de los teléfonos móviles en su interior. La jueza encargada del control del centro canario, Victoria Rosell, confirma a eldiario.es el cumplimiento “sin problemas en la seguridad” del auto a través del que, hace tres años, ordenó la autorización del empleo de los teléfonos móviles a los internos. “No ha provocado ningún incidente, en ningún caso me han comunicado problemas derivados del uso de los móviles”, asegura la magistrada. En Murcia, también están autorizados, según Convivir Sin Racismo, ONG que realiza seguimiento de algunos de los internos.
Tras el auto de Rossel, “al principio hubo reticencias por parte de la dirección del centro”, cuenta la jueza. “Cuando empezaron a aplicarlo, los internos nos decían en las inspecciones que no podían utilizarlos porque no tenían cargadores, les hicimos entrega de estos, y ahora se está cumpliendo”, añade. En este CIE los internos pueden usar sus móviles tres horas por la mañana y tres horas por la tarde en una sala convertida en un locutorio improvisado.
“No estoy de acuerdo con que sea un instrumento peligroso. Es una herramienta muy válida y da un enorme consuelo a las personas internadas. Sobre todo a aquellos procedentes de países con una gran diferencia horaria, con los que sería imposible comunicarse durante los horarios de los teléfonos públicos. En esos casos, un simple mensaje, dentro de la soledad en la que se encuentran, puede ser un consuelo bastante grande”, insiste Victoria Rosell.
Cómo afecta la retirada de los móviles
Leolinda quería llamar a su pareja, encerrada en el CIE de Madrid durante 56 días, para contarle cómo estaba su hija recién nacida, con la que solo había podido estar un día. Para eso tenía que pasar horas marcando y marcando el número del CIE sin escuchar nada más que un pitido comunicando. “Todas las tardes lo intentaba, lo solía acabar consiguiendo, pero recuerdo un fin de semana en el que fue imposible contactar”, explica la joven. “Era desesperante, no sabía cómo estaba...”.
“Menos mal que aquel día me respondieron al teléfono”, dice Sheila, novia de Pape, un chico senegalés que también pasó por el CIE de Madrid. Esta joven gallega se refiere al día en el que notificaron la próxima deportación a la persona con la que había compartido cinco años de su vida. Tuvo el tiempo justo para coger un tren a Madrid y visitarle por última vez antes de su expulsión forzosa. “Él no pudo llamar a su familia de Senegal para que lo supiesen y le recogiesen, no le dejaron. Tuve que hacerlo yo, pero me pregunto: ¿y la gente que no tiene a nadie aquí, o que no logra contactar con ellos?”.
Pape tampoco pudo llamar por teléfono antes de subirse al avión para advertir a aquellos que le esperarían en su país a qué hora tenían que estar en el aeropuerto. “Las horas de las notificaciones de expulsión entregadas eran diferentes para cada uno. Su madre me llamó desde el aeropuerto muy preocupada porque no llegaba, estuvo horas esperando porque la hora que habían calculado no era la correcta”.
“Es una crueldad que no les dejen sus móviles. Por lo menos eso, para hablar con su familia… Allí no tienen nada que hacer. Hablan entre ellos, pero hay gente que ni siquiera puede. Los chinos, por ejemplo, no se entienden con nadie. Están solos”, reflexiona Sheila con su novio ya a miles kilómetros de distancia.
En dos CIE siguen prohibidos
Durante la sesión de revisión del sexto informe sexto informe de la ONU sobre el cumplimiento de los derechos y garantías contemplados en el Convenio de Derechos Civiles y Políticos, una de las preocupaciones del Comité de Derechos Humanos se basaba en los CIE. Aunque no preguntaba en concreto por el uso de los teléfonos móviles, los representantes españoles espetaron en su respuesta: “El uso de teléfonos móviles por los detenidos [sic] en los centros están permitidos”.
Sin embargo, fuentes de la ONG Algeciras Acoge, presente en los CIE de Algeciras y Tarifa, aseguran que “por lo menos hasta este lunes” el uso de los teléfonos móviles continuaba estando prohibido.
España también aseguró ante la ONU que todos los centros cuentan con asistencia social y sanitaria. Sin embargo, según documentan las ONG presentes en los CIE, esto no es así. Tan solo hay trabajadores sociales en los CIE de Madrid y Barcelona, recuerdan desde la organización Pueblos Unidos. “El Gobierno hace general lo que se cumple solo en un número reducido de centros”, lamenta. Además, ninguno de ellos ofrece servicios sanitarios permanentes, tan solo durante determinadas horas al día.
Aunque las organizaciones y movimientos sociales consultados se muestran satisfechos con esta nueva medida que “puede aumentar el derecho de comunicación de los internos”, recuerdan la necesidad de “cerrar los Centros de Internamiento para Extranjeros” ya que, reiteran, privan la libertad a personas que no han cometido ningún delito, sino por una falta administrativa: no haber logrado regularizar su situación.