El Consejo de Ministros ha dado este martes el primer paso para denunciar ante el Constitucional el nuevo protocolo de acogida de menores del Gobierno canario. El Ejecutivo ha acordado pedir al Consejo de Estado un dictamen “con carácter urgente” sobre el plan aprobado por Canarias “ante un posible conflicto de competencias”, según ha anunciado la portavoz gubernamental, Pilar Alegría. El operativo aprobado la semana pasada en Canarias añade al procedimiento habitual de acogida una serie de trámites que en la práctica retrasaría la atención de los chavales por parte del Ejecutivo autonómico, responsable de los niños y adolescentes migrantes en situación de desamparo.
El Gobierno de Canarias, conformado por Coalición Canaria y Partido Popular, anunció el pasado jueves dicho protocolo, que introduce una serie de requisitos previos a la entrada de los menores migrantes en el sistema de acogida autonómico. Entre estas exigencias, están por ejemplo la identificación individualizada de los menores, su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados y la emisión de una resolución administrativa por parte del Estado, todo ello antes de que los niños puedan acceder a los centros de protección de la comunidad autónoma.
La aprobación del nuevo protocolo ha abierto aún más la brecha entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario en relación a la búsqueda de soluciones a la situación de los menores migrantes en Canarias, debido a la saturación de los recursos de acogida ligado al aumento de las llegadas de cayucos al Archipiélago. El aumento de tensión se produce después del bloqueo de la tramitación de la reforma de la Ley de Extranjería que permitiría impulsar un sistema obligatorio de traslado de menores a la península con el objetivo de aliviar los centros de acogida de los territorios que, como el Archipiélago, se encuentren en situación de emergencia. El Partido Popular, Junts y Vox tumbaron la medida, pero el presidente canario, Fernando Clavijo, ha colocado en el foco de sus críticas al Gobierno central, al que ha acusado de no haber negociado lo suficiente para alcanzar un apoyo parlamentario necesario para sacar adelante la normativa.
Después de la reunión en la que el Consejo de Ministros ha acordado dar el primer paso para llevar al Constitucional el protocolo de acogida canario, Clavijo ha participado en la Comisión Interministerial de Inmigración con el objetivo de intentar acercar posturas sobre la gestión de los menores migrantes. El encuentro se produce un día después de que el líder canario elevase el tono de sus críticas al Ejecutivo central. Según afirmó, el Gobierno “ataca” y “amenaza” a las Islas en lugar de ayudarlas.
Tras la aprobación del protocolo canario, la Fiscalía Superior de Canarias ya había advertido el pasado viernes al Gobierno canario que no permitiría que menores migrantes llegados a las Islas no sean acogidos por los centros de atención. El Ministerio Público cuestionó la hipótesis en la que basa el decreto por el que pretende hacer al Estado responsable de los menores migrantes a sus costas, por la que Canarias alega que estos niños y adolescentes, aunque estén solos, no se encuentran en situación de desamparo, dado que están custodiados por agentes de la Policía Nacional a su llegada a la costa.
“Los menores extranjeros no acompañados están siempre en desamparo. No hay situación más clara de un menor en desamparo que la de nos menores extranjeros no acompañados”, zanjó la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, en un documento adelantado por El País.
El Ministerio de Juventud e Infancia también envió un informe a la Fiscalía de Menores en el que advertía sobre el posible impacto del protocolo aprobado por el Gobierno de Canarias para la recepción de menores migrantes no acompañados. El Ministerio señaló que las medidas impuestas por el Ejecutivo canario podrían constituir una vulneración grave de los derechos fundamentales de los niños que llegan a las costas de la comunidad autónoma, y ser contrarias tanto la legislación española como los acuerdos internacionales de protección infantil.
Según el Gobierno canario, el objetivo del plan es evitar el desorden que ha dominado el proceso hasta ahora y garantizar la “necesaria ordenación” de los niños para su “atención inmediata”.