Cruz Roja se retira de Barajas ante las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las salas de asilo

Cruz Roja ha dejado de prestar asistencia a los solicitantes de asilo que aguardan en el aeropuerto de Barajas ante las condiciones de hacinamiento e insalubridad en la que estos se encuentran por el aumento exponencial de peticiones registradas en los últimos meses.  Así lo ha adelantado el diario El País. Los sindicatos policiales y ONG han denunciado las condiciones de hacinamiento e insalubridad en estos espacios, donde los solicitantes de protección deben esperar días o semanas a una respuesta.

El director del Área de Migraciones de la organización, José Javier Sánchez Espinosa, ha señalado, en declaraciones a EFE, que se trata de una medida “temporal”, tomada desde este martes por la mañana.

Una docena de técnicos de Cruz Roja prestaban atención psicosocial hasta este martes a los solicitantes de asilo que esperan en Barajas a que su solicitud sea admitida a trámite con, entre otras funciones, la detección de posibles vulnerabilidades entre los migrantes, como las víctimas de trata.

“Llega un momento que el impacto que podamos tener en estas personas es reducido porque hay un número tal que dificulta que podamos hacer este acompañamiento, que es que es tan importante”, ha explicado Sánchez.

Cruz Roja también se encargaba de la limpieza de las estancias a través de la subcontratación de este servicio a otra empresa, que también ha sido suspendido desde este martes.

“Nuestra intención es que podamos seguir siendo nosotros los que nos ocupemos de atender a estas personas una vez que puedan resolverse estas condiciones, que esperamos que sea lo antes posible”, ha apuntado el responsable. Para Sánchez, la solución a este problema pasa por habilitar “espacios suficientes y dignos” y por que “se agilicen las admisiones a trámite” para que estas personas puedan entrar en territorio español.

Fuentes del Ministerio del Interior han respondido a esta decisión, la cual han dicho respetar pero no compartir, por defender la “colaboración institucional como la mejor forma de resolver las incidencias”.

Fuentes sindicales han señalado a EFE que la ONG llevaba días sin entrar en las salas, desde que se detectó la presencia de chinches en las instalaciones.

Desde Interior han afirmado que el Gobierno ya ha tomado algunas medidas al respecto, como reforzar el número de efectivos de Policía Nacional y de funcionarios de la Oficina de Asilo y Refugio y la limpieza de las instalaciones.

También en las últimas semanas se han habilitado dos nuevos despachos para la realización de entrevistas, que se suman a las tres ya existentes, y se ha abierto una tercera sala para atender a los solicitantes.

Las mismas fuentes han señalado que el Gobierno busca “nuevas fórmulas de coordinación” para agilizar los trámites de solicitud de protección internacional, con pleno respeto a los derechos de los peticionarios.

Y ha anunciado que está previsto que hoy visiten las salas de asilo del aeropuerto el nuevo director general de Protección Internacional, Octavio Rivera, junto con el segundo máximo responsable de Policía Nacional en Extranjería.

Interior colabora con el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y Cooperación para establecer nuevos visados de tránsito, “si fuera necesario”, como ya se ha implementado en el caso de Kenia desde el pasado sábado.

A pesar de las medidas anunciadas por el Gobierno, tanto sindicatos policiales como ONG aseguran que el problema persiste y ha alcanzado puntos críticos.

Esta situación fue corroborada por el Defensor del Pueblo el pasado mes de diciembre y por los jueces de control de las salas, que requirieron al Ministerio del Interior que tomara medidas urgentes.

El pasado 16 de enero, el juez dictó una orden de trasladar a 50 de estos inmigrantes al Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche (Madrid), resolución que fue revocada tres días después por petición de la Fiscalía y de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

En el auto, el juzgado estima el recurso de reforma de la Fiscalía en que se oponía al traslado al CIE de los peticionarios de protección internacional. En concreto, reprochaba que se hubiera aplicado la ley de extranjería, en lugar de la ley de asilo.

El Ministerio Público reconocía que el Juzgado acordó el traslado al CIE como “extensión de las salas de alojamiento de asilo del aeropuerto”, pero no consideraba que esto fuera válido para acordar un internamiento que, decía, “podríamos calificar como masivo al referirse a 50 personas, lo cual resulta incompatible a todas luces tanto con la jurisprudencia nacional como europea”.

La fiscal sostenía que tenía que ser la “autoridad administrativa” –y no un juez– quien adoptara la decisión sobre las dependencias en las que tiene que llevarse a cabo la “recepción, acogimiento y protección de las personas solicitantes de asilo”.

El traslado al CIE ahora revocado se autorizó tras días de denuncias de varios sindicatos de la Policía Nacional sobre la situación de “hacinamiento” de los solicitantes de asilo en dependencias del aeropuerto en condiciones de insalubridad.