La Defensora del Pueblo constata que los subsaharianos no pueden pedir asilo en las vallas de Ceuta y Melilla

La Defensora del Pueblo ha examinado el sistema de asilo en España en un nuevo informe y señala varias irregularidades. Entre ellas, destacan las opciones de pedir protección en las fronteras de Ceuta y Melilla: la institución constata que “no se ha recibido ninguna solicitud de protección internacional de ciudadanos subsaharianos” en estos puestos. “Este colectivo no tiene acceso al procedimiento”, asevera el organismo.

La evaluación de la Defensoría del Pueblo, en el “Estudio sobre el Asilo en España. La protección internacional y los recursos del sistema de acogida”, fue presentada este miércoles en el Congreso de los Diputados. Las oportunidades de pedir protección en las ciudades autónomas que hacen frontera con Marruecos destacan entre los puntos que el Gobierno debe mejorar.

Tras numerosas denuncias por las dificultades para pedir asilo en Ceuta y Melilla, el Ministerio del Interior habilitó dependencias en los puestos fronterizos de ambas ciudades autónomas: en Beni Enzar (Melilla), a partir del mes de septiembre de 2014; y en el puesto fronterizo de El Tarajal (Ceuta), en marzo de 2015.

En su visita al puesto de Melilla para el informe, la institución fue testigo de “serias carencias respecto a la atención social a los solicitantes”. Las personas llegaban con “un alto nivel de angustia” y “necesidades médicas” que los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía “no podían identificar y derivar correctamente”.

Otro de los puntos desfavorables es la imposibilidad de los ciudadanos subsaharianos de acceder a estos puntos de asilo. Ni uno lo ha conseguido en este tiempo, remarca la Defensoría. Esta realidad, prosigue, “permite afirmar que este colectivo no tiene acceso al puesto fronterizo y, por tanto, no tiene acceso al procedimiento” de solicitud de asilo.

Este hecho, denunciado ya por organizaciones humanitarias y Acnur, es negado por el Ejecutivo. El Gobierno incluso lo rechazó ante el Tribunal Europeo de Estrasburgo el pasado diciembre.

La Defensora del Pueblo insta al Gobierno a actuar. “El Defensor del Pueblo considera que la Administración española tiene la obligación de detectar cuáles son los obstáculos que existen para que personas en necesidad de protección no puedan acceder a los puestos fronterizos sin poner en riesgo sus vidas”, indica. “Para ello deben encontrarse vías de acuerdo con Marruecos para que permita el paso de aquellos extranjeros que quieren solicitar asilo”.

Ilegalidad de las devoluciones sumarias

Con relación a los ciudadanos subsaharianos, el estudio vuelve a reiterar su condena de las expulsiones sumarias en las fronteras de Ceuta y Melilla, por tierra y también por mar. “La recepción de denuncias sobre devoluciones de extranjeros en el mar ha sido constante en el período que recoge el presente informe”, indica.

La Defensora del Pueblo es rotunda: “La Administración admite y justifica tal actuación en aras de la defensa de las fronteras y en aplicación del Acuerdo Hispano-Marroquí. No obstante, analizado el contenido del citado Convenio, no existe a juicio de esta institución previsión que ampare las actuaciones descritas”.

Las devoluciones en caliente son aquellas en las que las personas expulsadas no son identificadas ni se les da la oportunidad de pedir asilo o expresar cualquier otra cuestión (minoría ded edad, víctima de trata...).

Las consecuencias de cerrar las vías seguras suponen que estas personas tienen que recurrir muchas veces a rutas más peligrosas. “En el año 2015 se incrementó el número de intervenciones de los servicios de Salvamento Marítimo y, en 2016, los intentos de salto de las vallas fronterizas, así como naufragios de pateras con pérdidas de vidas, han continuado y en muchos casos las personas que pretendían acceder a territorio español eran subsaharianos”, recoge el informe.

Las recomendaciones de la institución de regular un procedimiento de actuación en las vallas, así como la obligación de dejar por escrito que a las personas expulsadas se les dio la oportunidad de pedir asilo han sido rechazadas por el Gobierno.

Pedir asilo en embajadas

La Defensora ha reiterado también otras recomendaciones dada la actual crisis humanitaria de asilo. El informe recuerda que la Ley de asilo de 2009 no permite la presentación de solicitudes de asilo en las representaciones diplomáticas como ocurría antes de su entrada en vigor. Con el contexto actual “se estima imprescindible que se rehabilite esta posibilidad y también que se regule la concesión de visados por razones humanitarias para permitir el acceso a territorio español y al procedimiento”. De lo contrario, la Defensora considera que se “puede menoscabar los compromisos internacionales asumidos por España”.

El organismo solicita al Gobierno también la aprobación del reglamento de la ley de asilo, que lleva un atraso de siete años. “El Defensor del Pueblo ha recomendado de manera reiterada que se agilizase el proceso de elaboración de la norma reglamentaria”.

Falta de personal de asilo

Las cifras de solicitudes de protección internacional en España continúan siendo “muy bajas en comparación a la media europea”, indica el informe. Aunque desde 2013 hay una tendencia creciente: 2015 finalizó con 14.600 solicitudes y en el primer cuatrimestre de este año, 6.000 personas pidieron asilo en España.

El análisis destaca que su rápido incremento ha supuesto “un grave impacto para el sistema español de asilo que se ha visto desbordado, tanto respecto a la tramitación de las solicitudes como en el sistema de acogida”. Aunque ha aumentado el número de efectivos asignados a la Oficina de Asilo y Refugio, estos no son suficientes. “Resulta imprescindible aumentar de manera permanente la plantilla de instructores de la OAR, así como reforzar otros puestos de apoyo a la instrucción”.

Por lo que se refiere al porcentaje de denegaciones e inadmisiones de solicitudes de protección internacional, “las estadísticas muestran que España tenía un porcentaje muy bajo de concesiones de estatuto de refugiado si se compara con otros países de la Unión Europea”. La Defensora recomienda además que se revise la concesión de la protección subsidiaria, en lugar del estatus de refugiado, a los ciudadanos sirios (una situación denunciada por Acnur y diversas ONG).