Los discursos contra la inmigración que hemos escuchado en campaña están copiados de la extrema derecha de otros países
El rechazo a la llegada de migrantes, principalmente a los que profesan la religión musulmana. Exigirles que “respeten nuestras costumbres” si quieren venir a España. Defender abiertamente deportaciones masivas como medida para controlar el flujo migratorio. Insistir en que “abusan de las ayudas sociales”. Agitar la sensación de inseguridad o poner en el punto de mira a quienes defienden sus derechos.
Los principales argumentos y medidas antiinmigración que hemos escuchado en determinados discursos de campaña durante las semanas previas a las elecciones generales de este domingo resultan familiares. En numerosas ocasiones, son calcados a los que han empleado líderes y formaciones de extrema derecha en países que van de EEUU a Hungría, pasando por Francia, Alemania, Italia o Brasil.
También son similares las estrategias: ofrecer cifras desproporcionadas, repetir bulos o presentar propuestas imprecisas que muchas veces no se sostienen con los datos o la ley en la mano. A veces, estos argumentos se acaban reproduciendo en sectores políticos conservadores. En España, los ha defendido en su mayoría Vox, pero a veces se ha sumado a ellos el Partido Popular.
“No queremos una Europa islamizada”
Santiago Abascal, líder de Vox, insiste en expandir la idea de una supuesta “invasión a Europa”, alertando de un riesgo de “una Europa islamizada” que no existe. No es una estrategia nueva. La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), ha agitado en numerosas ocasiones el miedo a este fantasma. En la actualidad, pide el voto de cara a las próximas elecciones al Parlamento Europeo “para que Europa no se convierta en Eurabia”, como se lee en uno de los carteles empleados estos días la formación en Berlín.
Especialmente beligerante contra las personas de confesión musulmana han sido Orban o la francesa Marine le Pen, líder de Agrupación Nacional (AN) (antiguo Frente Nacional). Este jueves, la líder de extrema derecha acudió a Praga para apoyar el arranque de la campaña a los comicios europeos del partido ultraderechista checo SPD.
Allí defendió su postura “el islamismo” . La UE no puede estar basada en una ideología que nos es impuesta por la fuerza“. Lo mismo argumentó el jefe del Partido de la Libertad holandés, Geert Wilders, que arremetió contra Bruselas por la supuesta ”islamización de la sociedad“ y abogó por ”ley y barricadas“ para frenar la llegada de migrantes de fe musulmana.
Cifras exageradas
“España no tiene la obligación de atender a 400 millones de inmigrantes”, dijo en enero Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Vox, tras la irrupción de la formación de extrema derecha en el Parlamento Andaluz. En esta campaña, Abascal ha defendido que en 2050, “el 50% de la población de Francia será musulmana”, un dato que no es cierto.
El uso de cifras sobredimensionadas de las que, en muchas ocasiones, no revela la fuente es una de las técnicas utilizadas por el partido de extrema derecha. No han sido los únicos. En julio, Casado agitó el miedo a la llegada de “50 millones de africanos están recabando dinero” para venir a España. En el debate de Atresmedia, el presidente del PP insistió en avivar el discurso del “efecto llamada” para atacar la política migratoria de Pedro Sánchez.
Los datos oficiales sobre inmigración demuestran la desproporción de estos discursos alarmistas que también han sido enarbolados por políticos conservadores en otros países.
En Francia, el primer debate televisivo de la campaña para las europeas estuvo prácticamente monopolizado por la inmigración el pasado abril. El dirigente conservador Nicolas Dupont-Aignan (del partido Francia En Pie, una escisión de Los Republicanos) agitó el fantasma de una supuesta invasión alegando que 18 millones de inmigrantes habían entrado en la UE durante los últimos cinco años. Una cifra presentada de forma deshonesta ya que la mitad de estos “inmigrantes” son ciudadanos europeos que se desplazaron entre países del viejo continente.
“Quien quiera venir, que respete nuestras costumbres”
Entre las principales señas de identidad de Vox se encuentra el nacionalismo y la defensa a ultranza de lo que considera las costumbres y valores tradicionales españoles, un argumento que también arroja contra los inmigrantes, principalmente a aquellos que profesan la religión musulmana. “Quien quiera venir aquí tiene que respetar nuestras costumbres”, dijo el líder de la formación de extrema derecha en un mitin en Santander.
Pablo Casado también se sumó a esta defensa en la campaña para las elecciones andaluzas el pasado noviembre: “O respetan las costumbres occidentales o se han equivocado de país (...). Aquí no hay ablación de clítoris, aquí no se matan los carneros”, dijo en Granada. En su programa para las elecciones generales, el PP también incluye que la inmigración debe tener “voluntad de respeto a las costumbres de la nación que les acoge”.
La estrategia de presentar la inmigración como una amenaza para los “valores” y las tradiciones considerados propios del país copia a la que utilizó Donald Trump durante su campaña para las elecciones de 2016. “Simple y claro: solo debemos admitir en este país a aquellos que comparten nuestros valores y respetan a nuestra gente”, dijo el presidente de EEUU.
En Italia, el líder ultraderechista y ministro del Interior Matteo Salvini se ha acercado a sectores ultraconservadores, que en marzo celebraron un encuentro mundial en Verona para proteger la “familia tradicional”. Pese a no haber mostrado hasta ahora una estricta moral cristiana, Salvini presidió este acto, en un gesto para defender la tradición religiosa de su país ante los musulmanes que vienen de fuera. Durante la campaña a las elecciones italianas, apareció con un rosario, lo que le granjeó críticas de la Iglesia por una utilización política de los símbolos.
En Hungría, el primer ministro Viktor Orban clama recurrentemente que la inmigración “daña los valores cristianos”. Esta país, de hecho, es un ejemplo para Vox, que lleva en su programa “la creación de una Agencia para la ayuda a las minorías cristianas amenazadas, imitando la iniciativa de Hungría”.
“Suprimir las ayudas a los inmigrantes”
Se trata de uno de los mantras más repetidos por Vox, que han tenido su eco en las declaraciones de algunos miembros del Partido Popular. La formación de extrema derecha exige “suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales”, que vincula con un presunto ‘efecto llamada’ que no demuestra.
“Se confunden de país” los que quieran “disfrutar de las ayudas sociales sin respetar”, ha dicho por su parte el líder del PP, que también ha argumentado en las últimas semanas que la inmigración “pone en riesgo la sostenibilidad de los servicios sociales”. Sin embargo, un rastreo de las ayudas sociales de Maldita.es desmonta la idea de que los inmigrantes “tienen más facilidades de acceso” que los españoles. Según un informe de Obra Social La Caixa, aportan más al sistema de lo que reciben y usan menos el sistema sanitario.
Este tipo de bulos sobre los presuntos “privilegios” de los extranjeros son habituales en países vecinos como Italia. Especialmente famosa fue una frase de Salvini, “se acabó la buena vida”, en pleno auge de su popularidad. El ahora vicepresidente del Gobierno prometió que se acabarían las ayudas para los migrantes en los centros de acogida. Durante años atizó una dura campaña contra los 35 euros diarios que aseguraba que recibían como prestación cada uno de ellos. En realidad, era el coste de la gestión de la acogida, que en parte procedía de la UE.
También Le Pen ha echado mano de estos argumentos falsos: “¿Es normal que un inmigrante que acaba de desembarcar pueda recibir más ayudas que un jubilado modesto que ha trabajado y cotizado toda su vida?”.
“Los delincuentes son mayoritariamente extranjeros”
“Que nuestras abuelas puedan caminar por la calle sin que un delincuente, sea español o extranjero, mayoritariamente suelen ser extranjeros, le tire del bolso”, afirmó Abascal en Vistalegre a pesar de que, según los últimos datos del INE (2017), la gran mayoría de los condenados por robos con fuerza son españoles y de que España se encuentra entre los países más seguros de Europa. La vinculación de la inmigración con la criminalidad, también para defender su expulsión, es una constante en el discurso de Vox y un ataque frecuente de dirigentes políticos en muchas partes del mundo, desde EEUU a Brasil.
En este último país, la retórica criminalizadora vienen de lejos, de la mano del actual presidente, Jair Bolsonaro. “En caso de que se reduzcan los efectivos [de las Fuerzas Armadas], será menos gente en las calles para hacer frente a los marginales del MST [Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra], que están engordados ahora por senegaleses, haitianos, iraníes, bolivianos, y toda la escoria del mundo”, dijo en 2015. AfD habla de “inmigración del cuchillo” y se empeña en crear sensación de alarma, aún cuando desde el Ministerio del Interior informa de que la criminalidad está en mínimos históricos.
La idea de la inmigración vinculada a la inseguridad acapara buena parte del mensaje que llevó al poder, y todavía caracteriza, a Salvini. También la candidata del partido ultraderechista Hermanos de Italia, Giorgia Meloni repite que más de la mitad de robos, violaciones o delitos relacionados con la prostitución los cometen extranjeros. Los datos del Ministerio del Interior, sin embargo, dictan que este porcentaje no llega a un tercio y que la delincuencia lleva años en línea descendente.
“Expulsar a los ilegales”
Vox lleva en su programa, entre otras promesas, la de deportar a las personas que viven en situación irregular en España. Esta intención quedó reflejada en la condición de Vox en Andalucía, aceptada por el PP, de compartir datos sanitarios para la expulsión de inmigrantes, que choca con la ley. En un mitin el pasado fin de semana en Palma, Abascal volvió a repetir cuál es su intención: “Expulsar a los ilegales”
En Francia, en las últimas décadas, las tesis xenófobas del lepenismo se han reproducido en otros partidos conservadores y, en menor medida, en el gobierno de Emmanuel Macron. Es el caso de los socios del PP en el país galo, los Republicanos, que han derechizado su discurso tras su debacle en las presidenciales de 2017. Defienden devolver de manera sistemática a las costas de África a las embarcaciones de refugiados, prohibir que los inmigrantes puedan regularizar su situación y expulsar a 300.000 inmigrantes sin papeles.
En Italia, otra de las promesas estrella de la coalición de derechas que se presentó a las pasadas elecciones (Liga, Hermanos de Italia y Forza Italia) era expulsar a unos 600.000 migrantes que, decían, se encontraban en este país en aquel momento. Los expertos apuntaban que se trataba de una medida “prácticamente imposible de cumplir”. En sus 10 meses en el Ejecutivo, Salvini ha viajado en numerosas ocasiones a Libia y Túnez para favorecer esta política. Pero Italia solo tiene acuerdos bilaterales con Túnez, Marruecos, Egipto y Nigeria, por lo que no puede expulsar a ciudadanos de otras nacionalidades. Según el Instituto de Estudios de Política Internacional italiano, de junio a febrero repatriaron a 4.800 personas, una cifra muy similar a la de Gobiernos anteriores.
“Endurecer penas para ONG que colaboren con mafias”
Vox promete “revisar los tipos penales (y endurecimiento de sus penas) para combatir a las mafias de la inmigración ilegal, así como para quienes colaboren con ellas, ya sean ONG, empresas o particulares”. La persecución y criminalización de la organizaciones humanitarias que salvan vidas en el Mediterráneo es cada vez mayor, especialmente en Italia, que lleva años de ventaja en este campo. Las trabas impuestas y la acción de varias fiscalías sicilianas, que ha inmovilizado varios barcos de ONG sin hallar nunca indicios de criminalidad, han llevado a estas a alejarse progresivamente del Mediterráneo central.
El cierre de puertos ha sido la máxima expresión de estos obstáculos, una medida que Salvini insiste en defender acusando a las ONG de “colaborar con las mafias”. En Francia, el ministro del Interior, Christophe Castaner, aseguró a principios de abril que las embarcaciones humanitarias “habían podido actuar como cómplices de los traficantes”, una sospecha que también ha extendido el canciller austríaco, Sebastian Kurz y que las ONG niegan taxativamente. En Alemania, Afd también se opone a las misiones humanitarias en el Mediterráneo.
Las acusaciones contras las ONG se remontan a la etapa del Gobierno socialdemócrata en Italia, en la que se desacreditó su trabajo de salvamento, insistiendo en que servía de “efecto llamada”. El Movimiento 5 Estrellas fue el primer partido en hablar de ellas como “taxis del mar”, aunque los datos demuestran que miles de migrantes ya trataban de alcanzar las costas italianas antes de 2014, cuando llegó la primera ONG al mar. Entonces eran rescatados por la Guardia Costera italiana y otros barcos como los mercantes.
Salvini también se ha apropiado de la expresión, pero no ha sido el único: en marzo, Vox calcaba estas palabras para criminalizar la labor de Salvamento Marítimo en una proposición no de ley en el Parlamento andaluz, acusando al servicio de rescate dependiente de Fomento de “un comportamento presuntamente irregular” por “estar actuando como auténticos taxis por el Mediterráneo”. “La presencia de salvadores pone en grave riesgo la vida de los inmigrantes”, aseguraba. Una vez más, los datos no son ciertos: el Mediterráneo cuenta con una tasa de mortalidad mayor tras la retirada de los medios de rescate, según Acnur.
Las entidades que defienden los derechos de los migrantes también han estado en el punto de mira en Hungría, que el año pasado aprobó una polémica ley que castiga con hasta un año de cárcel a quienes ayuden a migrantes en situación irregular, entre los que se incluyen refugiados y solicitantes de asilo.
En Brasil, Bolsonaro ha convertido a las organizaciones que luchan por los derechos humanos en uno de sus objetivos, vinculándolas con la delincuencia. En la primera medida que publicó el diario oficial con su firma otorgaba la función a la Secretaría de Gobierno de “supervisar, coordinar y monitorear las actividades –y realizar seguimiento de las acciones– de los organismos internacionales y de las ONG en el territorio nacional”. Tal ha sido la presión social y la fuerza realizada por estas entidades, que Bolsonaro ha tenido que dar un paso atrás.
Muros en Ceuta y Melilla “que debe pagar Marruecos”
En el libro ‘Santiago Abascal: la España vertebrada’, de Sánchez Dragó, el líder de Vox habla de su propuesta de construir muros fronterizos en las ciudades de Ceuta y Melilla. La explicación acerca de dónde obtendría los fondos para financiarlo resulta familiar: “Debería pagarlo Marruecos, que es quien nos lanza oleadas de inmigrantes clandestinos para chantajear a la Unión Europea”. Sonaba a Trump.
El presidente estadounidense, a lo largo de toda su campaña electoral, promovió la construcción de un muro fronterizo entre EEUU y México (en zonas donde no existía yo, o su refuerzo donde ya había una muralla) que, según defendía, pagaría el Gobierno mexicano.
“Vamos a construir un muro en la frontera con México”, prometía en cada uno de sus mítines. “¿Quién lo pagará?”, continuaba. “¡México!”, respondían sus seguidores.
Al llegar a la presidencia, mantenía su promesa. “Yo digo que empezaremos pronto, en cuestión de meses y que, en principio, lo pagaremos nosotros pero luego lo reembolsará México”, dijo Trump. Tras más de dos años en el poder, no lo ha conseguido. Se han construido el refuerzo de la barrera en algunas zonas, pero lo ha financiado EEUU.
Trump sigue empeñado en su idea.
