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Morir por vivir en una favela: “La policía disparó a mi hijo de 10 años y lo llaman criminal”

Terezinha de Jesús, madre de Eduardo, que tenía 10 años de edad cuando murió a manos de policias militares el 2 de abril de 2015, en el Complejo del Alemão, una de las mayores favelas de Rio de Janeiro| Angel Gonzalo - Amnistía Internacional

Gabriela Sánchez

Pasa y mira con ternura una fotografía tras otra. En todas se detiene para contar qué vida había detrás de esos rostros de jóvenes que lleva consigo para denunciar por qué ya no están. Paulo Roberto, Cristian, Mateus, Alfonso, Jhonatha. Su Jhonatha. La camiseta de Terezinha grita por si sola la razón que le obliga a estar ahí sentada y recordar de nuevo su dolor: “Saudade eterna”, reza una inscripción sobre otra imagen, la de Eduardo. Tenía 10 años cuando la Unidad de la Policía Pacificadora de Brasil (UPP) acabó con su vida con un disparo en la espalda. Según Amnistía Internacional, todos ellos han fallecido en manos de las fuerzas del Estado en uno de esos lugares donde, según justificó un agente a una de las madres que luchan por hacer justicia, “la gente aquí está para eso: para matar, o para morir”. Viven en las favelas de Río de Janeiro.

Recordar esas palabras les hacen frenar, tragar saliva, cerrar sus ojos. “Mi niño no estaba para eso. No vivía para eso. Era un chico que estudiaba, como el resto. Un habitante más. No está para matar. No está para morir, como si fuéramos unos enemigos”, dice Ana Paula Oliveira con la voz entrecortada poco más de un año después de perder a su hijo Jhonatha, de 19 años. “Matan a muchos inocentes y después tratan de hacerles pasar por criminales”, resume Terezinha, la madre de Eduardo.

Ambas han sufrido el asesinato de un hijo, el miedo por vivir donde viven, los azotes de la impunidad. Junto a Amnistía Internacional, están visitando diferentes países europeos para visibilizar las consecuencias que deja la guerra del Estado contra el narcotráfico en las favelas de Río de Janeiro. La ONG calcula que de 2005 a 2010 se registraron “8.471 casos de homicidios policiales” en la región. Aunque disminuyó en 2011, tan solo entre 2013 y 2014 -año del Mundial de fútbol- la cifra subió un 39%.

El Gobierno creó en 2008 la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) para controlar la criminalidad de los barrios pero, aunque contribuyó a reducir un 85% las muertes derivadas de la actuación policial entre 2008 y 2014, siguen pesando sobre sus agentes decenas de acusaciones de “ejecuciones extrajudiciales” y abusos en el uso de la fuerza, según la organización. Están formadas por policías militares recién graduados, “reclutados específicamente para operar en estos grupos”.

“Las fuerzas de seguridad siguen actuando con la misma violencia en las favelas que hace 20 años. No adoptan protocolos de uso fuerza y armas de fuego, entran en las favelas disparando sin motivo. Matan a mucha gente. Cuando se ven involucrados en un posible asesinato, incriminar a la víctima”, explica Renata Neder, investigadora de Amnistía Internacional Brasil. Las técnicas que emplean para ello, según un reciente informe de la organización, son varias. “Mueven el cuerpo de la escena del crimen, borran evidencias, incluyen pruebas falsas o amenazan a testigos y familiares para evitar la denuncia”, indica la experta.

Solo han pasado siete meses desde que Terezinha salió corriendo de su vivienda en la favela de Alemao después de oir el grito de auxilio de su hijo, que esperaba la llegada de su hermana mayor sentado en la puerta de su casa, relata. “¡Mamá!, escuché”. El disparo se sucedió de manera inmediata. “Me levanté del sofá y vi a mi niño tirado. Grité socorro, desesperada, pedí un médico pero ya era tarde. Mi hijo ya estaba muerto. Fue una muerte instantánea”.

Entonces, se dirigió hacia la larga fila de agentes posicionada frente a su casa. “Fui al policía que disparó. Fui a él. 'Mataste a mi hijo, desgraciado', le dije”. Él le respondió con aquellas palabras que repite varias veces a lo largo de toda la entrevista, esas en las que el dolor escondido sale a relucir. Esas con las que, después de matarle a él, acabaron de destrozarla a ella.

“Así como maté a su hijo puedo matarla a usted. Porque yo maté al hijo de un criminal”, le respondió, restando valor a la vida de su pequeño. “Le responsabilizaba de su propia muerte”. Tan solo era el primer intento de justificar la muerte de Eduardo, cuenta. “Después, intentaron colocar una pistola a su lado. Luego, trataron de llevarse su cuerpo”.

La impunidad: “legítima defensa”

Toda su comunidad, que suele optar por el silencio ante el miedo a represalias, lo impidió. Un día antes, una bala perdida mató a una mujer de la favela mientras estaba en su casa, según recoge Amnistía Internacional. “Ese día nadie se atrevió a protestar por miedo”, apunta Terezinha. Pero la muerte de un niño de 10 años, por la espalda, solo y mientras estaba sentado en la puerta de su casa los movilizó.

“Gracias a Dios todo Alemão vino a mi casa e impidieron que se llevasen el cuerpo. Me ayudaron mucho. Yo solo pensaba en dos cosas. Si le ponían el arma, iban a considerar a mi pequeño como un criminal. Si se lo llevaban, iba a ser más difícil buscar justicia. Dirían que había desaparecido y ya está”.

Lo evitaron, y al día siguiente la comunidad salió a la calle. Pedían paz. Pedían “vivir” a pesar de hacerlo en un lugar en el que, decía el agente citado por Ana Paula, se les condena a “morir o matar”. La manifestación fue reprimida con gases lacrimógenos lanzados contra la población por la misma Policía que les empujó a protestar, según denuncia Amnistía Internacional.

Los obstáculos a la justicia continuaron. “Aún ahora dicen que era un vandido, que era un vandido...”, repite incrédula Terezinha. “Era un niño”. Recientemente, la justicia brasileña ha concluido que su hijo murió tras un disparo por parte un policía, pero asegura que fue en “legítima defensa”.

Según ha documentado Amnistía Internacional, las autoridades utilizan con frecuencia el uso del recurso jurídico de “acto de resistencia”, que hace referencia a las muertes causadas causadas por policías en horas de servicio justificadas bajo una aparente necesidad de defensa propia. La ONG concluye que “la legislación sobre esta figura dificulta las investigaciones independientes e imparciales, que podrían reflejar si el uso de la fuerza letal fue legítimo, necesario y proporcionado”.

“Es un niño, es un niño de 10 años. Y estaba sentado de espalda, por dios. Es muy triste y me causa mucha desesperación”, reconoce Terezinha. Un nuevo paso en el caso de su hijo, sin embargo, mantiene una puerta abierta a la obtención de justicia. Una de las únicas buenas noticias en meses de impotencia. El Ministerio Público ha decidido denunciar por homicidio al policía que disparó a su hijo.

De las 220 investigaciones de homicidios policiales abiertas en 2011 en la ciudad de Río de Janeiro, solo en uno de los casos se han presentado cargos contra agentes policiales en cuatro años. En abril de este año seguían abiertas 183 investigaciones.

“Siempre vivimos con miedo”

Después de abrazar a su “compañera de lucha”, Ana Paula busca una imagen concreta para empezar a contar su historia. “Este es mi Jhonatha”, dice. El 14 de mayo de 2014 escuchó los disparos que mataron a su hijo desde el mercado. Poco después, recibió la llamada de un familiar, le avisaba de que acudiese rápido al hospital. Allí se enteró: una de las balas que aquella tarde, según denuncia, lanzó la Unidad de Policía Pacificadora arrebató la vida a Jhonatha, de 19 años. También por la espalda.

“Quiso llevar un dulce que había hecho para su abuela. Después acompañó a su novia a casa y, de camino de vuelta, pasó por un campo de fútbol donde unos niños estaban lanzando piedras a la policía. Uno de los agentes lanzó un tiro al aire. Cuando empezaron a correr lo pequeños, fue cuando otro de ellos disparó hacia Jhonatha”, indica la brasileña, pedagoga y residente en la favela de Manguinhos desde su nacimiento.

“Hace unos meses había muerto Alfonso. Antes, Mateus y Paulo”, enumera. Todos jóvenes. “Siempre vivimos con miedo. Decimos a nuestros hijos que tengan cuidado, que lleven sus documentos, que no bajen la guardia... Yo cuidé mucho de mi hijo. De pequeño siempre intentaba ir con él en la calle, siempre le acompañaba... Pero nunca pensé que esto me pasase a mí”, admite la Ana Paula como si intentase excusarse sin motivo.

—¿Miedo a los traficantes o a la Policía?

—A la Policía. Los traficantes están ahí, y no vienen a por nosotros. Miedo a la Policía.

La mujer, de 39 años, vuelve a rebuscar entre el montón de cartones hasta alcanzar la fotografía de un niño pequeño que ríe con ganas. Es Cristian. 13 años. Una de las víctimas más recientes de la violencia policial en esta favela, según Amnistía Internacional.

“La mañana del 8 de septiembre, Cristian Soares jugaba al fútbol cuando un grupo conjunto de la policía militar y civil irrumpió en la comunidad y empezó a disparar”, resume un comunicado de la organización internacional. Cristian Soares y otros niños, junto con residentes de la favela, corrieron a ocultarse del fuego“. Una bala alcanzó al niño de la imagen que sostiene Ana Paula. Murió en el acto.

“Los policías intentaron retirar el cuerpo, como con el hijo de Terezinha”, explica la mujer. “Empezó a correr la voz: 'Han matado a un niño. Comenzaron a salir de sus casas y a llegar a la casa de Cristian. Querían llevarse el cuerpo pero no les dejaron. La policía fue agresiva y los vecinos se quedaron allí”, recuerda Oliveria. Según testigos presenciales, los policías trataron de retirar. Las grabaciones de vídeo realizadas muestran que, durante la operación, los policías no llevaban ningún tipo de identificación, informa Amnistía.

“Lo mismo ocurrió con Jhonatha. Su muerte conmocionó a toda la favela. Era un niño muy querido, muy amado porque siempre hablaba bien. Era alegre, respetuoso. A pesar de los riesgos, los vecinos fueron muy valientes y prestaron muchos testimonios para buscar justicia por su asesinato”, añade.

Su rabia y su dolor vuelven a rebosar cuando habla del policía que disparó, cunaod le vió por primera vez, cuando supo sus supuestos antecedentes. “Meses después un medio local publicó que el policía que mató a mi hijo había estado un año en la cárcel acusado de asesinar a cinco niños. Al final archivaron el caso. Él siguió suelto, siguió con la certeza de la impunidad. Siguió con la seguridad de que, si quiere, se puede matar a alguien. Porque no pasa nada”.

“El estaba libre en mayo de 2014. Él mató a mi hijo en mayo de 2014. Él es una persona que puede hacer lo que quiera porque cuenta con la fuerza de la impunidad. Y yo no voy a poder abrazar a mi hijo nunca más. A veces parece que la justicia no va a llegar... Estoy en lucha para alcanzar la de mi hijo y, con ella, la del resto”.

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