Enfermos en el CIE, enfermos en el limbo
Tras décadas de insuficiente regulación, se acaba de aprobar el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE), que desafortunadamente, sigue sin garantizar el derecho a la salud de las personas internas.
Para entender bien la importancia que hubiera tenido redactar un reglamento que protegiera la salud de estas personas, conviene saber que existen denuncias continuadas de vulneraciones del derecho a la salud en estos centros, que incluso han llegado a tener consecuencias dramáticas.
Según un reciente auto de la Audiencia Provincial de Madrid referido a la muerte de Samba Martine, congoleña de 34 años que falleció en el CIE de Aluche tras acudir a consulta en 10 ocasiones, “la especialísima situación de quienes se encuentran privados de libertad en un CIE” hace que si el centro “no facilita su remisión a especialistas o centros hospitalarios” como ocurrió esa vez, los internos se encuentren en “un peculiar limbo”. Es decir, si el Estado no garantiza el derecho a la salud, las personas internas no podrán por sí mismas conseguir atención médica diferente, al estar privadas de libertad. Y dice más: en el caso de Samba, de haber sido tratada correctamente, el resultado bien pudiera haber sido distinto. Samba podría haber vivido.
El reglamento aprobado el 14 de marzo sigue presentando lagunas importantes en cuanto a la protección de la salud y no garantiza que hechos como el anterior no se repitan. Es cierto que incluye como mejora la creación de un servicio de asistencia sanitaria con disponibilidad de instrumental y equipamiento. También, que el servicio se pondrá bajo la responsabilidad de personal médico perteneciente a la Administración General del Estado, y no a una empresa privada, como hasta la fecha. Sin embargo, para garantizar una asistencia sanitaria adecuada y de calidad, esta debería ser proporcionada por el Sistema Nacional de Salud en las mismas condiciones que al resto de la ciudadanía, incluido el acceso a la atención médica las 24 horas del día durante los 365 días al año, cuestión que el reglamento no garantiza.
El hecho de que la presencia de personal médico no esté garantizada durante todo el tiempo tiene otro punto débil: la toma de decisiones médicas en los CIE. Según el reglamento, en ausencia de personal médico y en casos de urgencia, la persona interna podrá recibir asistencia médica sanitaria u hospitalización a iniciativa de la dirección del centro, un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. El hecho de que una decisión de este calado quede en manos de una persona sin perfil sanitario, es sin duda cuestionable por la falta de criterio médico. Las decisiones en cuanto a tratamientos médicos, derivaciones al especialista y pruebas médicas deben depender, también en los CIE, exclusivamente del servicio médico y de la persona afectada.
Por otro lado, el reglamento define una serie de categorías de personas vulnerables, entre las que están incluidas las mujeres embarazadas. Este reconocimiento de mayor vulnerabilidad, sin embargo, no impedirá su internamiento. Tan solo se prevé el derecho a recibir un seguimiento médico especial y a una intervención menos restrictiva, que habrá que ver en qué se concreta. Las personas enfermas, por otro lado, no entran dentro de esta definición, lo que demuestra la falta de sensibilidad del reglamento hacia ellas.
La salud mental es la gran olvidada en estos centros. Muchas de las personas internas llevaban una vida totalmente normalizada antes de su paso por los CIE y la crisis que se produce con la detención y el internamiento les genera un alto nivel de estrés. Otras, sobre todo las recién llegadas a nuestro país, no comprenden el motivo de estar privadas de libertad sin haber cometido ningún delito. Si a esto añadimos la tensión que puede generar el hecho de que la policía porte armas de fuego de manera generalizada, tal y como ha quedado reglamentado, podremos hacernos una idea de la ansiedad que se generará en las personas internas.
En resumen, este reglamento está muy lejos de garantizar el derecho a la salud en los CIE. En Médicos del Mundo seguiremos denunciando las vulneraciones del derecho a la salud que ocurren en estos centros, mientras exigimos su cierre, por ser un instrumento de una política migratoria injusta e ineficaz.
