Un año sin Berta Cáceres: España debe cumplir sus promesas sobre derechos humanos
La noche del pasado 2 de marzo de 2016 [aunque hay versiones enfrentadas sobre si era ya en la madrugada del día 3], unos hombres armados asesinaron en su casa a Berta Cáceres, feminista, defensora del territorio y los bienes naturales y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras –COPINH– organización que, entre 2012 y 2016, ha enfrentado el asesinato de al menos diez de sus integrantes*. La compañera Berta fue asesinada tras años de amenazas y procesos de criminalización, pero también tras años de enfrentar un contexto de violencia y discriminación de género en un país donde cada 16 horas una mujer es asesinada.
El Relator Especial para los defensores y defensoras de derechos humanos de la ONU, Michel Forst, ha denunciado que “Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos”. Esta situación, agravada tras el Golpe de Estado de 2009, afecta de manera particular a las personas que defienden el territorio y los bienes naturales. Un reciente informe de Global Witness documentó que “desde el golpe de Estado de 2009, 123 activistas de la tierra y el medio ambiente han sido asesinadas en Honduras”, según dicho informe: “No hay ningún lugar del planeta en el que sea más probable morir asesinado por protestar contra el expolio de tierra y la destrucción del mundo natural que en Honduras”.
Las mujeres defensoras son doblemente amenazadas pues, además de oponerse a la violación de los derechos humanos de sus pueblos y comunidades, cuestionan los estereotipos de género que sancionan la participación política de las mujeres. Según datos de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, de las 1.688 agresiones a mujeres defensoras de derechos humanos documentadas en El Salvador, Guatemala, Honduras y México entre 2012 y 2014, el 37% respondían a patrones de violencia de género.
El asesinato de Berta Cáceres desató un clamor mundial contra el aumento de la violencia que enfrentan las defensoras y los defensores de los derechos humanos y alertó de las graves violaciones a los derechos humanos que se dan en el contexto de trabajo de empresas privadas, a menudo acompañada de la complicidad o aquiescencia de los Estados e instituciones financieras internacionales.
En el Estado español, se movilizaron numerosas organizaciones de la sociedad civil y se logró una denuncia unánime de las instituciones y parlamentos, que incluyeron al Congreso de los Diputados, parlamentos y gobiernos autonómicos de diferentes territorios, así como autoridades municipales (Madrid, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Donostia, Durango, Ermua, etc.). Estas instituciones se comprometieron a exigir justicia para Berta Cáceres y promover la protección de los y las defensoras de derechos humanos en Honduras.
Las Proposiciones No de Ley presentadas ante algunas de estas instancias fueron particularmente importantes. Establecieron una serie de compromisos para la protección de las personas defensoras y la urgente atención a las violaciones de derechos humanos que empresas privadas están ocasionando en territorios donde el Estado español tienen una importante agenda de inversiones y cooperación.
En la Proposición No de Ley (PNL) aprobada en el Congreso de los Diputados por unanimidad de los diferentes grupos parlamentarios el 13 abril de 2016, se instó al Gobierno a:
- Condenar la muerte de la defensora Berta Cáceres y la de otros y otras activistas.
- Poner a disposición de la República de Honduras todos los medios necesarios para esclarecer dicho asesinato y evitar la impunidad.
- Solicitar un informe a la Comisión de Expertos sobre la aplicación del Convenio 169.
- Generar o aplicar los instrumentos ya existentes para garantizar la protección del medio ambiente y los Derechos Humanos de las comunidades, en especial las comunidades indígenas, y adoptar un Plan renovado de Empresas y Derechos Humanos que promueva el cumplimiento de los derechos humanos en terceros países por parte de empresas de origen español.
El llamado que esta PNL hizo a las autoridades del Estado español se multiplicó en diferentes territorios autonómicos. El Parlamento del País Vasco, Galicia, Catalunya, Navarra, Murcia, Islas Canarias e Illes Balears se sumaron a la denuncia del asesinato, la exigencia de justicia y el impulso de los derechos humanos en Honduras.
En la PNL del parlamento balear, por ejemplo, además de denunciar lo ocurrido en Honduras, se expresó la preocupación por la situación específica de las defensoras de derechos humanos en toda la región al afirmar que: “…Ser defensora de derechos humanos y del medio ambiente en Mesoamérica se ha convertido en un riesgo permanente que amenaza la vida, la seguridad y el bienestar tanto de las defensoras de derechos humanos como de sus compañeros, familiares y poblaciones con las que trabajan…”.
Honduras es un país prioritario del más reciente Plan Director de la Cooperación Española. Entre otros programas, ha establecido objetivos para “combatir la impunidad de la corrupción y de los crímenes violentos, y garantizar el acceso de la población hondureña a un sistema de justicia eficiente, eficaz, transparente y confiable, promotor de equidad social” a través del programa “Eurojusticia- Promoviendo una Justicia Rápida y Accesible en Honduras”, en el que el Estado español ha invertido la suma de 550.000 euros a través de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo.
Pero, además, el Estado español es parte de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual aportaba recursos para el desarrollo del proyecto de Agua Zarca de la Empresa DESA, principal corporación señalada en el asesinato de la defensora Berta Cáceres y otros integrantes del COPINH.
Por todo lo anterior, el Estado español debe, de manera contundente, instar al Gobierno de Honduras a llevar a cabo investigaciones rigurosas, prontas y efectivas que generen sentencias firmes contra todas aquellas personas personas involucradas (autores materiales, intelectuales, cómplices...) en el asesinato de Berta Cáceres, y en los asesinatos y otras formas de la violencia ejercidas contra defensoras y defensores de derechos humanos en Honduras.
Además, debe vigilar que las empresas españolas que invierten en Honduras y todo América Latina respeten plenamente los derechos humanos y asegurar que todo apoyo otorgado por el BCIE cumpla con el derecho de los pueblos a la consulta previa, libre e informada y toda normativa proteja el medio ambiente y los derechos de las comunidades. En materia de cooperación, debe asegurar la coherencia de políticas, entre las comerciales y de inversión y las de cooperación y derechos humanos, asegurando que dichas políticas no contribuyan a generar ni profundizar situaciones de desigualdad y violaciones a los derechos humanos., como es el caso de las cuestionadas reformas al Código Penal, en proceso de aprobación, que tienen el riesgo de fomentar la criminalización de la protesta social y atentan contra los derechos de las mujeres.
A un año del asesinato de Berta Cáceres, la sociedad civil del Estado español se sumará al llamado del COPINH y la sociedad hondureña y volverá a alzar la voz a través de diferentes actos para exigir que los compromisos del Gobierno con los derechos humanos en Honduras sean asumidos y se erradique de una vez por todas la violencia que está arrebatando la vida de cientos de defensoras y defensores de derechos humanos y alejando la posibilidad de una vida digna y justa en el país centroamericano.
El análisis expuesto en el presente artículo es resultado de un esfuerzo colaborativo entre Brigadas Internacionales de Paz Estado español, Calala Fondo de Mujeres, Front Line Defenders y JASS -Asociadas por lo Justo-, y contó con la contribución de Entrepueblos y Mundubat.
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* Berta Cáceres, Santos Alberto Domínguez Benítes, Tomás García, Nelson García, Lesbia Yaneth Urquía, Olayo Hernández Sorto, William Jacobo Rodríguez, Moisés Durón Sánchez, Maycol Rodriguez, Irene Meza.
