Eurodiputados socialistas, liberales, verdes y de la Izquierda denuncian ante la Comisión Europea la expulsión de Helena Maleno de Marruecos

Una treintena de eurodiputados de varias nacionalidades y cuatro grupos políticos han denunciado ante la Comisión Europea la expulsión de la defensora de los derechos humanos Helena Maleno por parte de Marruecos por medio de dos cartas dirigidas a varios comisarios europeos. Si hace dos días fueron los cinco eurodiputados de Unidas Podemos-Catalunya en Comú los que se dirigieron al vicepresidente Margaritis Schinas, este jueves la carta enviada al propio Schinas, además de a los responsables europeos de Justicia, Interior y Vecindad, está suscrita por más de 20 miembros del Parlamento Europeo socialistas, liberales, verdes y de la Izquierda, entre ellos los miembros de Anticapitalistas, ERC, PNV, Bildu y Junts, además de representantes del SPD, France Insoumise y el Bloco de Esquerda, entre otros.

Maleno, defensora de los derechos de los migrantes, ha sido expulsada de Marruecos, país en el que vivía desde hace 20 años en un nuevo episodio de criminalización de su labor.

Así, en la carta enviada este jueves impulsada por Miguel Urbán (La Izquierda/Anticapitalistas), los eurodiputados reclaman que se “hagan valer los pronunciamientos del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el cese en la criminalización a la asistencia humanitaria; que tal y como se recoge en las directrices de la UE para personas defensoras de Derechos Humanos, se reúnan con Helena Maleno para conocer de primera mano su situación; presione al Gobierno español y marroquí para que depuren responsabilidades en las instituciones pertinentes para que aseguren que no se repiten acciones persecutorias contra la señora Maleno y para que garantice la reparación de los innumerables daños instigados contra la defensora y su familia”. 

Por su parte, en la misiva de los eurodiputados de UP, se señala que “esta vulneración se enmarca en la situación de constante violación de los derechos humanos que se vive en Marruecos, en el marco de unas políticas migratorias que cuentan con el apoyo de UE”. Y recuerdan que Maleno lleva años siendo perseguida y “criminalizada”, y señalan la causa judicial que se le abrió en 2018 y más tarde archivada, y que desde abril de 2020 denuncia haber sufrido “37 ataques”, entre ellos “escuchas telefónicas, persecución policial y hasta dos asaltos a su vivienda familiar”.

“Después de años de hostigamiento, la expulsión de Helena de Marruecos con la connivencia del Gobierno español, se añade a la creciente lista de barbaridades que nuestro ejecutivo está haciendo en las cuestiones migratorias”, afirma el eurodiputado Miguel Urbán (La Izquierda/Anticapitalistas): “Desgraciadamente, esta criminalización es una de las muchas perversas consecuencias que tiene formular políticas migratorias que tratan de acabar con los pocos espacios que defienden los derechos humanos de personas migrantes en frontera. El Parlamento Europeo se situó claramente en contra de esta criminalización en 2018. A pesar de ello, los Estados miembros han seguido criminalizando a los defensores de derechos humanos como Helena Maleno, para la que pedimos protección por parte de la UE en en consonancia a lo aprobado”.

La carta enviada por Urbán cuenta con firmas como Pernando Barrena (La Izquierda/Eh Bildu), Marisa Matias (La Izquierda/Bloco de Esquerda), Jordi Solé (Los Verdes/ERC); Diana Riba i Giner (Los Verdes/ERC), Ana Miranda (Representante de BNG ante el Parlamento Europeo); Dietmar Köster (S&D/SPD): Izaskun Bilbao Barandica (Renew Europe/PNV), y los tres de Junts, Clara Ponsatí, Carles Puigdemont y Antonio Comín, entre otros.

La carta de UP, suscrita por María Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Ernest Urtasun, Idoia Villanueva y Manu Pineda, insta a “acabar con el apoyo europeo las políticas que suponen una violación de los derechos y que, como demuestra el caso de Helena Maleno, conllevan la persecución y represión de los activistas de derechos humanos”. Por todo ello, exigen a la UE no siga siendo “cómplice de la persecución política de una defensora de los derechos humanos” y garantice su “protección y reparación de los daños que ha sufrido”.