El informe de los expertos sostiene que México intentó esconder la desaparición de los 43 estudiantes
El nuevo informe presentado este domingo por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revela la determinación del Gobierno mexicano de esconder la tragedia de Iguala “debajo de la alfombra”, como ha comunicado Amnistía Internacional (AI).
El documento, que contradice la versión oficial sobre la desaparición de los 43 estudiante de Ayotzinapa en 2014 y señala serias deficiencias en la investigación, “representa una nueva mancha en el atroz historial de derechos humanos del Gobierno mexicano”, ha indicado AI en un comunicado.
Los especialistas nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticaron al Gobierno por no seguir líneas de investigación clave, manipular pruebas, proteger a oficiales sospechosos de participación en las desapariciones y de torturar a presuntos sospechosos para obtener confesiones.
“Las autoridades mexicanas están enviando el peligroso mensaje de que cualquiera puede desaparecer en México sin que se haga nada al respecto”, ha declarado la directora para América de AI, Erika Guevara-Rosas, que ha lamentado su negativa a extender el mandato del GIEI y su ausencia en la presentación del informe.
La respuesta oficial a este caso “es la trágica ilustración de la actitud que tiene (el presidente) Enrique Peña Nieto frente a los derechos humanos: esconder o ignorar los hechos y esperar que las acusaciones simplemente se esfumen”, ha insistido.
Esto, añadió, “es una cachetada en la cara de los familiares que, tras casi dos años, continúan esperando respuestas” sobre lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando 43 estudiantes fueron detenidos por policías corruptos y entregados a presuntos miembros de un cártel.
En un comunicado, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, consideró que el informe del GIEI “ha revelado cómo funciona internamente la impunidad en México de un modo que nunca lo habíamos visto antes”.
“El primer informe (presentado en septiembre de 2015) del grupo documentó graves defectos en la investigación del gobierno, éste último va mucho más allá y ofrece pruebas de la manipulación de evidencia, obstrucción y aparentemente tortura por parte de las autoridades”, ha explicado.
También ha destacado la falta cooperación de las autoridades, y ha denunciado la campaña “coordinada de desprestigio” que han padecido los expertos, a quienes el Gobierno mexicano “ha abandonado a su suerte”.
Según la versión de la fiscalía, los 43 jóvenes o una buena parte de ellos fueron asesinados e incinerados en un basurero del vecino municipio de Cocula, lo que ha sido rechazado por los familiares, el GIEI y el equipo forenses argentinos en virtud de que no hay evidencias científicas de ello.
