Felipe VI y su monarquía 'íntegra y transparente“: ¿también para el Sáhara?
El día 2 de noviembre del año 1975, el entonces príncipe y jefe de Estado en funciones, Juan Carlos de Borbón, posterior rey hasta hace pocas semanas y padre de Felipe VI, visitó el Sáhara Occidental, entonces provincia española. Frente a las guarniciones españolas aseguró: “España mantendrá sus compromisos”. Unos compromisos que incluían un referéndum para la población saharaui, para la elección entre la creación de un Sáhara independiente o incluido en Marruecos. Según el Tribunal de La Haya había fallado dos semanas antes, ante una solicitud del monarca marroquí Hassan II, el Sáhara no tenía lazos de soberanía con Marruecos ni con Mauritania. Definitivamente, por tanto, el Sáhara Occidental no era marroquí.
Ya sabemos lo que sucedió después: la Marcha Verde. El entonces monarca alauí, Hassan II, organizó una manifestación de 350.000 marroquíes que el día 6 de noviembre pisaba terreno español, el Sáhara Occidental, invadiéndolo ilegalmente y truncando un proceso de descolonización que todavía hoy sigue sin finalizar y del que el Estado español sigue siendo responsable: continúa siendo la potencia administradora, según reconocen hoy las Naciones Unidas. Es decir, es responsabilidad del Estado español el cerrar un proceso de descolonización al igual que hicieron el resto de potencias europeas en periodos anteriores.
Sin embargo, según pudimos conocer tras las revelaciones de los cables de WikiLeaks, el trabajo diplomático español de los días próximos a la Marcha Verde fue muy intenso. Y, por lo tanto, la labor de Juan Carlos de Borbón, muy premeditada, pues era él el jefe de Estado en funciones en aquel momento, debido a la ausencia por enfermedad del dictador Franco. Solamente una semana después de que el entonces príncipe estuviera en territorio sahariano, el 9 de noviembre de 1975, Hassan II suspendía la Marcha Verde anunciando que se había encontrado otra solución y que sus aspiraciones de anexionarse el Sáhara Occidental estaban aseguradas. ¿Cuál sería aquella solución? El día 13 de noviembre se firmaban los Acuerdos Tripartitos de Madrid, por los cuales se entregaba ilegalmente a Marruecos y Mauritania el Sáhara Occidental, sin cerrar el proceso de descolonización mediante el referéndum que promovían las Naciones Unidas y al que el Estado español se había comprometido el año anterior. Las tropas españolas debían abandonar la colonia antes de que finalizara el mes de febrero de 1976.
Los días fueron intensos, y las negociaciones más. El 23 de octubre de 1975, cuando ya se conocía el fallo de La Haya hostil a las aspiraciones de Hassan II, se envió un cable desde la embajada estadounidense en Marruecos que desvelaba que el día anterior (22 de octubre) el embajador estadounidense en Rabat, Robert G. Neumann, se había reunido con el monarca alauí, su primer ministro y el ministro de Información. El Departamento de Estado de Kissinger estaba perfectamente informado de la voluntad marroquí de invadir el Sáhara saltándose los planes de Naciones Unidas. Además, en dicho cable también se describe cómo el entonces ministro español del Movimiento, José Solis, se había reunido dos días antes (21 de octubre) con la contraparte marroquí y estaba al tanto de la voluntad del rey de organizar la Marcha Verde. Hasta tal punto tenía complacencia el rey marroquí con el Gobierno español y el jefe de Estado, Juan Carlos de Borbón, que el rey Hassán II se animó a declarar sobre la Marcha Verde: “el concepto es mío, la organización es mía, daré la orden de cruzar la frontera, sólo el pueblo (marroquí) puede impedirlo; si el pueblo no cumple mis órdenes haré las maletas y me mudaré a la Villa de Madrid.”
El resto ya es conocido. El Sáhara Occidental fue entregado a sus vecinos, Marruecos y Mauritania, sin consultar a la población saharaui sobre su futuro. El Frente Polisario proclamaría en 1976 la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
De este modo, se inició una guerra entre los ocupantes y el legítimo defensor del pueblo saharaui (hay que recordar que el Frente Polisario es el único interlocutor reconocido por Naciones Unidas del pueblo saharaui) hasta 1991, año en el que se firmó un alto el fuego auspiciado por la ONU, en el que se reconocía que el proceso debía finalizar mediante la celebración de un referéndum en el que la población saharaui decidiera su futuro político. Esta consulta no se ha celebrado, aunque ningún estado del planeta reconozca al Sáhara Occidental como parte de Marruecos y muchos sí que reconozcan a la RASD como un estado independiente. Sin embargo, los poderes fácticos y las principales potencias, con Francia y España a la cabeza, siempre se han situado muy próximos a los deseos de la monarquía marroquí.
Entre estos poderes fácticos cabe destacar a la monarquía española. Durante el reinado de Juan Carlos I siempre imperó una gran amistad entre las dos casas reales. Y todos los gobiernos, socialistas y populares, que han llegado a la Moncloa han dejado atrás sus promesas en la oposición y en campañas electorales de favorecer a los legítimos derechos de los saharauis, es decir, de cumplir con la legalidad internacional. Numerosas son las muestras en público de afecto entre Juan Carlos I y Hassan II o su heredero, Mohamed VI. Cabe recordar cómo el anterior monarca español se hizo llamar hermano mayor de Mohamed VI tras el fallecimiento de Hassan II. También podemos encontrar en la hemeroteca numerosos encuentros en los que ambos monarcas se deshacen en halagos y cumbres en las que los distintos gobiernos españoles nunca han dudado en capitanear iniciativas favorables a los intereses marroquíes aunque estos supusieran, incluso, un deterioro de sectores estratégicos de la economía española. ¿Recuerdan cómo José Luis Rodríguez Zapatero fue el mayor valedor para que la Unión Europea otorgara a Marruecos un estatuto avanzado por el cual se le considera socio preferente de Bruselas? En una cumbre, engalanada con la mayor pompa posible, celebrada en Granada en el año 2010, la Unión Europea escenificó un trato preferente a Marruecos, un país donde la democracia brilla por su ausencia, saltándose todos sus principios y declaraciones a favor de los derechos humanos. ¿Cómo olvidar las múltiples acusaciones públicas que organizaciones de todo tipo y partidos políticos han hecho sobre el enriquecimiento personal y familiar que Juan Carlos I y otros dirigentes políticos han obtenido a través de las buenas relaciones con la monarquía alauí?
Mientras tanto, la población saharaui ha sobrevivido casi cuarenta años dividida por un muro de cerca de 2.700 kilómetros de largo rodeado de minas antipersona. A un lado, en el sur de Argelia, miles de familias saharauis sobreviven en campos de población refugiada gracias a la ayuda internacional, combatiendo el hambre, las temperaturas extremas y la imposibilidad de ser ciudadanos de ningún estado. Al otro lado del muro, en los territorios ocupados por Marruecos, otras miles de familias saharauis llevan sufriendo, durante todo este periodo, las violaciones de sus derechos más elementales por parte de las fuerzas de ocupación mediante torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias, privación del derecho a la libre expresión..., tal y como han denunciado multitud de organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, relatores de las Naciones Unidas, delegaciones de distintos parlamentos europeos y de otras democracias.
Felipe VI: ¿transparencia?
Ente lunes que nuestro nuevo monarca, Felipe VI, se abraza a su homólogo marroquí, si no se inclina ante él en forma de genuflexión, cabe recordar que ese saludo de la “más alta representación de nuestro Estado” vuelve a enterrar bajo la arena del desierto más olvidado a una población entera, la saharaui. Ese saludo significa un golpe a los derechos humanos y a la legalidad internacional. Y una gran parte de la sociedad española lo considera una traición, y un sonoro “no nos representa”.
Una visita real que simboliza algo más que unas buenas relaciones bilaterales entre ambos estados. Según sabemos por diferentes agentes y observadores internacionales, el régimen marroquí no sólo condena a la miseria a la población saharaui, sino a su propia población, a la que priva, en muchas ocasiones, de sus más elementales derechos y de un sistema democrático. Y, por supuesto, no hace falta recordar el trato vejatorio que el régimen marroquí proporciona a las personas migrantes que desde allí pretenden llegar a Europa.
Felipe VI, el día que fue proclamado rey, abogó por una monarquía “íntegra y transparente”. Sin lugar a dudas, un buen ejercicio de transparencia sería el hacer públicas todas las decisiones tomadas por su antecesor en reuniones con los homólogos marroquíes y otros jefes de estados autoritarios. De igual modo, debe ser una exigencia, para que dicha transparencia no se convierta más que en palabras, el que la opinión pública española pueda conocer qué sucedió en los días previos a la Marcha Verde, cuando el Estado español decidió frustrar el futuro de un pueblo y de un territorio que, en aquel entonces, era una provincia española más.
¿Qué tuvo que ver Juan Carlos de Borbón en aquel abandono al pueblo saharaui? ¿Por qué se tomó aquella decisión? ¿Va a continuar Felipe VI priorizando las buenas relaciones entre las dos casas reales a los derechos humanos y la legalidad internacional?
