El Gobierno acelera la tramitación de un reparto por ley de menores migrantes que aún choca con las exigencias del PP

Minutos después de registrar la proposición de ley para el reparto obligatorio de menores migrantes, los ministros más involucrados en el proceso de negociación de la normativa, Sira Rego (Juventud e Infancia) y Ángel Víctor Torres (Política Territorial) dirigieron su mirada hacia el Partido Popular. Su trabajo, decían, estaba hecho. Ahora era el PP quien debía tomar una decisión.

El intento de crear un sistema vinculante de distribución de niños y adolescentes por otras regiones de España en caso de emergencia migratoria daba un paso más. Ahora, el Ejecutivo central y el canario buscarán a lo largo de la próxima semana, in extremis, el respaldo necesario para continuar con la tramitación parlamentaria de la propuesta. El próximo 23 de julio se votará en el Parlamento si el texto se admite o no a trámite. Después de este trámite, el Gobierno pretende llevar el debate en el próximo pleno del Congreso, que ya será después del parón de verano.

“Lo que le toca ahora al Partido Popular, porque la pelota está en su campo, es ver si se coloca del lado de los derechos de la infancia o si sigue manteniendo las políticas ultra. Confiemos que se ponga del lado de los derechos de la infancia y que de alguna manera facilite la aprobación de esta reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería”, dijo la titular de Infancia este lunes. “Aún no tenemos el apoyo parlamentario suficiente. El PP no ha manifestado su posición. Quedan varios días y pedimos al PP que cuanto antes que se manifieste”, apuntó el ministro de Política Territorial.

Qué pide el PP

Este domingo, el PP trasladó al Gobierno sus apreciaciones al texto registrado el lunes, pese a decir en público que desconocía su contenido. El partido de Alberto Núñez Feijóo plantea dos empeños fundamentales cuyo objetivo es limitar la responsabilidad de sus presidentes autonómicos en la gestión de los menores: que toda la financiación corra a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, y que el nuevo sistema de reparto sirva para todas las comunidades.

En las alegaciones que remitió al Ejecutivo plantea “garantías de que el reparto será para todas las CCAA sin excepción”. Este mismo lunes, el portavoz nacional, Borja Sémper, también planteó dudas: “¿Y los socios parlamentarios del Gobierno? Junts y Esquerra Republicana de Catalunya. Los dos son del bloque progresista que se niegan a recibir más inmigrantes”.

El texto de la proposición de ley registrado en el Congreso, al que ha accedido elDiario.es, choca en algunos de sus puntos con las peticiones esgrimidas por el PP en el escrito difundido este domingo. Por ejemplo, en la insistencia de la formación de Núñez Feijóo de que las pruebas de determinación de la edad de los menores trasladados en el marco del sistema de reparto se hagan en la comunidad a la que llegan. Sobre la financiación, otro de los puntos de discordia, no está claro el detalle de las cantidades que alcanzarán los fondos, aunque el texto establece asegurar la financiación “suficientes” para recibirles. Atendiendo al dinero público estatal ligado a los anteriores acuerdos no vinculantes de traslados de menores, las demandas del PP, que pide que la atención de los chavales derivados sea cubierta el 100% hasta su mayoría de edad, parece más ambiciosa que lo planteado por el Ejecutivo central.

¿Cómo funcionaría el sistema?

La reforma normativa abre la posibilidad de que, cuando la red de acogida de menores de una autonomía alcance el 150% de su capacidad, su gobierno pueda solicitar la declaración de “contingencia migratoria extraordinaria”. Si un ejecutivo autonómico se acoge al mecanismo de reparto obligatorio, será trasladado el número de niños necesario hasta la ocupación de sus plazas retornen a niveles inferiores del límite del 150%.

Los menores migrantes que alcancen dicho territorio después de la declaración de “contingencia migratoria” deberán ser identificados y filiados en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados como menor de edad -incluso aunque haya dudas con su minoría de edad-, posteriormente, serán trasladados a las comunidades autónomas de destino en un plazo máximo de 15 días. Por otro lado, los niños y adolescentes a los que le correspondería también ser llevados a otras regiones, pero que hubiesen llegado antes de la declaración de emergencia, tendrán que ser derivados durante el plazo máximo de un año.

¿Cómo se decide a qué comunidad va cada menor? La propuesta de ley plantea que la decisión se hará en base a unos criterios que tendrán que ser debatidos y consensuados por las comunidades autónomas en la conferencia sectorial de infancia y adolescencia, por lo tanto, aún están por decidir. No obstante, el borrador de la reforma establece que, hasta que no se llegue a un acuerdo sobre dichas pautas, si se activa la contingencia migratoria en alguna comunidad, se aplicarán de momento los criterios pactados en 2022 por los gobiernos autonómicos para los pactos de reparto voluntario que se han ido aprobando desde entonces.

Estos criterios tienen que ver con la población de cada autonomía, que a su vez será ponderado con varias circunstancias como la situación económica y tasa de paro“ de cada comunidad, dado que las regiones que se encuentren en mejor situación recibirían a más menores. También se tendrá en cuenta el ”esfuerzo en la acogida“ de niños de cada comunidad autónoma en el momento de la declaración de emergencia y, por último, el nivel de dispersión de la población. 

Determinación de la edad

Otro de los puntos en los que la propuesta de reforma del Gobierno choca con el planteamiento del PP es en lo relativo a qué autonomía tendría que hacer las pruebas de la determinación de la edad de los menores en el caso de que la minoría de edad de los niños y niñas no esté confirmada. El texto registrado este lunes en el Congreso es claro: en el caso de los menores llegados tras la declaración de emergencia,  la comunidad autónoma de destino será la responsable de abrir el procedimiento de determinación de la edad, del que se encarga la Fiscalía de Menores. 

Pero el PP solo quiere asumir traslados de casos “indubitados en su edad”. Es decir, menores que, antes de salir desde Canarias para la península, la Fiscalía ya haya acreditado que tienen menos de 18 años. Un proceso poco ágil, sobre todo cuando la capacidad de los servicios habilitados está en máximos de ocupación, precisamente en los momentos para los que está pensado el protocolo.

En los 15 días que transcurran desde la filiación del menor y su traslado, la propuesta de ley establece que los niños y adolescentes tendrán que “ser oídos”, aunque no detalle la manera específica en qué manera se garantizará ese derecho a escuchar la voluntad del menor durante el procedimiento. El Ministerio Fiscal deberá vigilar por el cumplimiento del interés superior del menor de estos traslados, según el texto. 

La financiación

La financiación es otro de los asuntos nombrados por el PP para justificar sus reticencias a la propuesta de reforma. El PP reclama que el Gobierno asuma el 100% de la financiación aparejada a la acogida de cada menor. Desde que llegan a destino “hasta su emancipación”, un “fondo de contingencia plurianual” que tenga en cuenta a los menores que ya están bajo tutela autonómica. 

Pero, ¿qué dice la proposición de ley al respecto? Al igual que con los criterios de reparto, el texto sostiene que los detalles sobre la financiación deberán ser debatidos por las comunidades y el Gobierno central en la conferencia sectorial. El resultado sería crear un plan donde “se incluirán las medidas que se estimen necesarias para establecer una financiación suficiente para el mismo”, detalla la propuesta de normativa. 

No obstante, hasta que no se llegue a un nuevo consenso sobre ello en las sucesivas conferencias sectoriales, la propuesta también contempla que se aplicarán temporalmente las medidas de financiación ya previstas en el acuerdo de reparto voluntario de 2022. Este establece grosso que la Administración General “determinará los créditos disponibles para cofinanciar la atención de los niños y niñas, cubrir los gastos de estructura y los traslados que se decidan”. Habla, por tanto, de “cofinanciación”, por lo que se entiende que no se haría cargo del 100% de los gastos como solicita el PP.

Los fondos asignados a las autonomías se conformarán por una cantidad establecida por cada menor acogido, “calculado para cofinanciar el traslado de las personas menores de edad a los territorios de destino”. También se activaría otro monto per cápita para el mantenimiento de la atención a los menores extranjeros trasladados. En los anteriores acuerdos, se concedieron 20 millones de euros para la distribución de cerca de 400 menores.

Sobre la posibilidad de que todas las comunidades autónomas puedan acogerse a la posibilidad de declararse en “contingencia migratoria” y pedir el traslado de sus menores migrantes, la propuesta del Gobierno sí contempla esta opción. “La proposición de ley centra la emergencia donde ahora hay emergencia pero con disposiciones adicionales se podría ampliar a otros territorios cuando éstos lo requieran”, apuntan fuentes del Ministerio de Política Territorial. Eso sí, deberán cumplir una serie de criterios y unas plazas de acogida mínima. “No es lo mismo alcanzar el 150% de capacidad de las plazas de acogida con una red que tenga 20 plazas que una que tenga miles”, aclaró la ministra Sira Rego.

El PP también plantea otras reivindicaciones que tienen poco que ver con la emergencia que denuncia Canarias y, en todo caso, son propuestas a futuro, como “reforzar el control de las fronteras marítimas”, “establecer el pasaporte de tránsito”, que España haga “las inversiones necesarias con los países de origen” y que “el reparto de los menores llegados a España a las instituciones de la UE que corresponda”.

Canarias tutela a 5.600 niños y adolescentes en 80 centros repartidos por todas las islas. Las condiciones en las que los jóvenes son atendidos en las islas ha sido cuestionada, después de que saliera a la luz una denuncia registrada en la Fiscalía contra un centro de Lanzarote. El caso señala supuestas agresiones a menores, la insalubridad y mal estado de las instalaciones, la falta formación del personal contratado para atender a los chavales, etc. No obstante, el Gobierno de Canarias ha decidido no cerrar este centro insalubre ante la falta de otro lugar donde alojarlos, según defiende el ejecutivo autonómico. Por el contrario, el Gobierno que preside Fernando Clavijo, en coalición con el PP, ha anunciado montar carpas en los puertos de las islas para atender a menores no acompañados, pese a la oposición de la Fiscalía, ya que incumpliría la legislación de protección a la infancia.