Hacinamiento, denuncias de maltrato y nada que hacer: la vida de los menores migrantes de Canarias

La cámara de la videollamada muestra a Baakir (nombre ficticio) sentado en una de las literas que se despliegan unas junto a otras en el centro de menores de emergencia donde está acogido desde hace cuatro meses. Cada día lo pasa sin hacer apenas nada. Casi no hay actividades, no hay formación, no hay mucho más que hacer que pasear y escuchar música. Intenta aprender español por sí mismo, sin ayuda, con su móvil y un libro que ha conseguido a través de una ONG. Si extiende la mano a la izquierda, toca la cama de alguno de sus compañeros. A la derecha, lo mismo. Caminar de un lado a otro de la gran nave plagada de un centenar de camas que llenan la habitación principal no es sencillo y la intimidad no existe. Sus instalaciones estaban ideadas para criar palomas, pero ahora aloja a cerca de 300 niños. 

“Solo quiero salir de aquí, sea como sea. Todo el tiempo que estoy aquí es tiempo perdido. Quiero estudiar, hacer algo con mi vida e intentar conseguir un trabajo, pero nos tienen aquí sin poder hacer nada”, dice el chaval, hastiado de estar parado, durmiendo en instalaciones saturadas que no cumplen los estándares básicos para atender a menores. Habla desde el centro de Hoya Fría, en Tenerife, uno de los espacios habilitados de emergencia para alojar a los niños, niñas y adolescentes llegados a Canarias en cayuco. Es el centro donde el Gobierno canario y el central organizaron una visita antes de la conferencia sectorial celebrada este miércoles, a la que rechazaron asistir los representantes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

A la sombra del ruido político, de rupturas de gobierno y discursos xenófobos, 5.600 menores no acompañados conviven en Canarias en condiciones que no garantizan sus derechos. “No podemos darles enseñanza del idioma, atenderlos dignamente, formarlos, integrarlos…”, ha reconocido el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo. Literas amontonadas en un sótano sin ventanas, suelos inundados, comida “pésima” e incluso agresiones son algunas de las estampas que han dejado en el Archipiélago la mala gestión de los recursos de acogida y el colapso de la red de protección. “Si venir a Europa termina en un centro de menores, prefiero quedarme en Gambia, que no me maltratan y, si lo hacen, puedo defenderme”, lamenta otro joven alojado en un recurso de Tenerife.

Lo mismo dice Bakir desde el centro de Hoya Fría, gestionado por la asociación Quorum social. “No he salido de Senegal y he venido hasta aquí para estar sentado sin hacer nada, quiero ayudar a su madre y a mí mismo”, se queja el chaval, que ya se defiende en español con lo que va aprendiendo por su cuenta. El adolescente, además, denuncia presenciar con demasiada frecuencia supuestos malos tratos por parte algunos de los trabajadores del centro. Por ello, él prefiere no tratar con ellos: “Yo no hablo con los educadores porque a la mínima ya hay problemas. Suelen meterse con nosotros de forma bruta y  si le siguen la bola, se enfadan y les pegan”, denuncia Baakir. 

Dos exempleados del centro cuentan escenas aún más duras de las que relata Baakir. Ambos, después de trabajar en este espacio durante un tiempo, cuestionan las condiciones en las que son acogidos cientos de chavales, uno de los más grandes de la red de acogida de Canarias. El escaso personal, la falta de formación de los trabajadores, las inadecuadas instalaciones, la inexistencia de actividades, el hacinamiento son algunas de las denuncias repetidas por ambos educadores, que prefieren no revelar su identidad, por lo que utilizaremos un nombre ficticio. Los dos dicen haber presenciado escenas de maltrato y uno de ellos asegura haber denunciado los hechos a la Fiscalía. 

El primer día que entró a trabajar al centro, Mor (nombre ficticio) dice que se percató de uno de los problemas claves del proyecto: el perfil de los trabajadores que la dirección suele preferir contratar. “Automáticamente te das cuenta de que no tienen experiencia para ese trabajo. Para intimidar a los chicos, la mayoría de las veces suelen contratar a gente que hace lucha canaria, o arte marcial, para poder intimidarles. Y no debería ser así”, dice el exempleado. “Para controlar a un niño tienes que llegar a entenderlo, hay que intentar ayudarlo. Un educador que no tiene formación todo lo impone, siempre suele hacer las cosas de manera bruta: insultan, empujan, gritan. Y los coordinadores son los más agresivos. Es responsabilidad de los de arriba porque desde la dirección se agradece que hagan así su trabajo”. 

Sara protestó en varias ocasiones por la manera en la que algunos compañeros se dirigían a los adolescentes. “Desde el primer momento ya sabías la situación de maltrato que había allí: les pegan, no están ni cualificados, les amenazan. Los jefes contratan a porteros de discoteca en vez de educadores formados”, añade la extrabajadora. Relata horrorizada uno de los incidentes que más le impactó: “Empecé a escuchar gritos y vi como le arrastraban al baño y le metieron una paliza. Cuando pregunté que por qué era, me dijeron que era porque no se quería duchar”, relata la empleada. 

La mujer llama “el zulo” a una de las habitaciones de la que ella se encargaba. “Es como un garaje, con condiciones inhumanas cuando llueve el agua entra, son inhumanas”, detalla Sara, para quien ese edificio no está preparado para acoger a niños y adolescentes. “No está capacitado para acoger a tanta gente”. Este periódico ha intentado contactar con la entidad que gestiona el centro, pero la asociación ha remitido a esta redacción a la Dirección General de Protección a la Infancia, que aún no ha respondido en relación a la gestión que Quorum hace de los centros de menores en la isla.

Alioune (nombre ficticio para evitar represalias) convive con más de cien jóvenes en otro de los 50 dispositivos de emergencia que el Gobierno regional ha abierto en los últimos meses. Él y sus compañeros describen este espacio instalado en un hotel del Puerto de la Cruz como un “centro de castigo”, custodiado por educadores que parecen “porteros de discoteca”. Llegaron allí hace cinco meses, y desde entonces también aseguran que han presenciado agresiones físicas y verbales. “Algunos educadores siempre buscan la manera de que haya problemas”, dicen. En sus conversaciones hacen referencia continuamente al “quinto piso”. Preguntados por esta planta, contestan que se trata del lugar en el que los menores son aislados durante días o semanas después de algún conflicto. “Les suben la comida, pero les retiran el móvil y están totalmente incomunicados”, narran. A veces, según el testimonio de los menores, también es el lugar donde son golpeados sin que haya testigos.

Por miedo a las consecuencias, los jóvenes de este centro no han presentado ninguna denuncia oficial. En Lanzarote, la acogida de los menores no acompañados sí ha llegado a la Fiscalía a raíz de una denuncia presentada por dos abogadas. En concreto, se elevaron al Ministerio Público las malas condiciones de vida de los adolescentes alojados en la Casa del Mar, un edificio sobreocupado e insalubre. Además de las deficiencias de las instalaciones, los menores tutelados han informado de episodios de violencia física y verbal. “Una educadora se mostró ilusionada y entretenida al bautizar al primer adolescente con un número”, relata el documento. Como mecanismo de evasión, los menores han caído en adicciones como el alcohol y han recurrido al consumo de ansiolíticos de forma descontrolada. Este recurso sigue funcionando y continúa siendo gestionado por la Fundación SAMU, a pesar de que los requisitos recogidos en el pliego de condiciones no se han cumplido.

Centros de emergencia 

Las condiciones de la acogida varían en función del tipo y la capacidad del centro. El colapso de los dispositivos de emergencia, en los que pueden convivir más de 200 jóvenes, contrasta con los pequeños centros que acogen entre 20 y 30 menores. “Los recursos pequeños están funcionando bien, el problema está en los macrocentros”, reconoció la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, antes de entrar a la Conferencia Sectorial de Infancia del 10 de julio. Ya en 2021, durante la anterior crisis humanitaria que atravesó Canarias, Unicef alertó de la “extensión de la emergencia” como “indicador de desprotección”. Entonces, el Archipiélago tutelaba a 2.400 niños y adolescentes, y buena parte de ellos eran acogidos en centros de emergencia en los que, según Naciones Unidas, “es sumamente difícil desarrollar una serie de actividades y procesos que deberían desarrollarse en estos espacios” y que se protejan los derechos de los niños.

A la convivencia de cientos de jóvenes en espacios improvisados se suma la falta de trabajadores, con ratios de un educador por cada diez o 15 niños. Según el informe Canarias: niños y niñas migrantes en una de las rutas más peligrosas del mundo, publicado por Unicef en 2021, en los centros pequeños los menores suelen contar con asistencia legal, psicológica, etc. Mientras tanto, en los centros de emergencia estos perfiles profesionales desaparecen. 

Pasar meses “bloqueados” en estos macrocentros genera en los jóvenes “ansiedad, sensación de estancamiento, frustración y angustia por el paso del tiempo”, recoge Naciones Unidas. Así es como se siente Alioune, que lamenta que dentro del centro en el que está no haya una planificación. “Nos levantamos entre las 8 y las 9 de la mañana. Desayunamos. Si no sales del centro, en el interior hay profesores voluntarios de 10.30 a 11.30, pero no hay casi nada planeado durante el día. Nos quedamos mirando al techo sin hacer nada”, narra.

Los traslados voluntarios, un proceso “engorroso” 

El Gobierno de Canarias, responsable de la tutela de los menores, presenta como única solución al colapso el reparto obligatorio de los jóvenes entre todas las comunidades. Sin embargo, hasta ahora, las autonomías solo han logrado ponerse de acuerdo en la cuota de traslados voluntarios que asumen cada año. En la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada este miércoles en Tenerife, las regiones se comprometieron con el Estado a acoger de manera solidaria a 347 niños y a adolescentes trasladados desde el Archipiélago y Ceuta. Por su parte, la ministra de Infancia, Sira Rego, coincide con el Ejecutivo canario en que se trata de un mecanismo “insuficiente” y que no ha funcionado ni en 2022 ni en 2023, cuando el 80% de las derivaciones comprometidas no se ejecutó.

A la falta de compromiso real de las autonomías se suma la complejidad de este procedimiento. Una vez que se cierran el acuerdo y el número de menores que cada comunidad puede acoger, el primer paso es establecer un presupuesto por niño y día. Según ha explicado a este periódico el viceconsejero de Bienestar Social de Canarias, Francisco Candil, la cifra está en 145 euros por niño y día, de acuerdo con los parámetros acordados en la Conferencia Sectorial de 2022. 

Después, Canarias envía a cada comunidad autónoma un protocolo firmado por la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado. “Hay comunidades que han firmado el protocolo en 2021 y sigue vigente. Entonces en los acuerdos posteriores se han acogido a él. Otras exigen un protocolo diferente cada vez que hay una conferencia sectorial”, informa Candil. Sobre este protocolo, las autonomías van haciendo aportaciones y este intercambio del mismo documento puede dilatarse meses. Otras veces, las regiones ni siquiera responden al documento inicial que les envía Canarias. “Lo que estamos pidiendo es un protocolo establecido, que simplifique el procedimiento y que haga que sea un intercambio de firmas y cifras”, sintetiza el político.

Tal y como explica el viceconsejero, uno de los puntos que más se debate es el de los perfiles. “A veces nos piden edades o nacionalidades concretas. También nos dicen si prefieren niños o niñas”, detalla. Una vez cerrado el protocolo se abre un nuevo frente: la falta de plazas en las comunidades de destino. “Nos dicen que no hay plazas, y Canarias ante eso no puede meterles prisa y esperamos a que habiliten los recursos. A veces, mientras tanto, vamos avanzando en el tema de la transferencia de la tutela”, apunta Candil. 

Otro de los retos que enfrenta la administración es la falta de personal. “Estamos buscando refuerzos y haciendo siempre atribuciones de funciones. Nos está llegando más personal para reforzar todo este asunto y nos tenemos que apoyar en la colaboración”, reconoce Candil. Con el objetivo de que los traslados pendientes se materialicen, el Gobierno de Canarias asegura que a partir de la semana que viene mantendrá reuniones bilaterales con todas las comunidades autónomas para que estas les trasladen las dificultades que están teniendo para asumir la acogida voluntaria de los menores no acompañados. 

La vida de los menores que caen en uno de los centros de acogida pequeños, que ya formaban parte de la red de acogida canaria, y la de los chavales que acaban en uno de emergencia se torna muy diferente. Hace tres meses, este medio presenció dos imágenes contrapuestas. En una, Ali (nombre ficticio) está leyendo en un colorido y agradable centro de acogida levantado en una pequeña casa de Tenerife. En sus pasillos hay fotos de los chavales que han pasado por allí. Sonríen en algunas de las actividades que han realizado por toda la isla. El adolescente marroquí dice que está nervioso porque el día siguiente empieza sus prácticas en una tienda de ropa de Tenerife. Después de cursar varias formaciones, dice que tiene muchas ganas de empezar esta primera incursión laboral. No quiere irse de Tenerife, aquí ha encontrado un lugar donde se siente protegido y ve oportunidades. Ha encontrado un lugar donde le trataron como el menor que es. 

En la otra estampa, Khadim (nombre ficticio) está sentado mirando su móvil frente al centro de menores de El Hierro, otro de los espacios de acogida abiertos de emergencia y que aloja a muchos más niños de los que debería. En este no nos dejan entrar. Desde fuera, algunos cristales se ven rotos. El joven senegalés dice una y otra vez que quiere irse de allí. El chaval espera los resultados de sus pruebas de la determinación de la edad. Es menor, dice, pero desea que el resultado le determine como mayor de edad -suele ocurrir por el alto margen de error-. “Dije que era menor porque querían que me protegieran, pero aquí no lo hacen. Prefiero ser mayor y buscarme la vida”, lamenta el chaval. Meses después, el adolescente escribe desde Tenerife. Ahora vive en un macrocentro donde son alojados los adultos migrantes, cuyas condiciones también han sido criticadas por las ONG. “Estoy mucho mejor que en el centro de menores”, concluye Khadim.