El Grupo Parlamentario Popular ha decidido matizar a última hora su propuesta para delimitar la legalización de las devolucones 'en caliente' a aquellos inmigrantes que sean detectados en la “línea fronteriza” intentando saltar “en grupo” las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. En la actualidad, las expulsiones inmediatas están prohibidas según la Ley de Extranjería, el convenio bilateral hispano-marroquí y diferentes tratados internacionales que protegen el derecho de asilo.
Así lo ha decidido durante la reunión de la Ponencia parlamentaria que estudia el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana al que el PP presentó una enmienda en la que planteaban una disposición adicional específica para recoger en la Ley de Extranjería una nueva figura, la del del 'rechazo en frontera' de los inmigrantes que tratan de entrar en España por Ceuta y Melilla. En su planteamiento inicial, los 'populares' no especificaban si el intento de entrada debía ser en grupo o de forma individual. Este lunes han replanteado la enmienda.
“Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”, afirma el texto de la enmienda modificada a última hora por el Grupo Popular y recogida por Europa Press.
De esta manera, se suprime del redactado inicial el reconocimiento de la posibilidad de que inmigrantes sean rechazados en la línea fronteriza de Ceuta y Melilla ante el “cruce no autorizado de la frontera de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta” y ahora se reconocen los saltos grupales de la misma a los “elementos de contención”.
En declaraciones a los medios al término de la reunión, el portavoz de Interior del PP, Conrado Escobar, ha explicado que la novedad “fundamental” es que se incorpora el “concepto grupal”, que implica “una organización tendente a violentar las fronteras”.
Según ha defendido, se recoge en la ley este aspecto para “garantizar” el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla, las fronteras de todo el mundo que “más tráfico” de personas tienen.
¿Qué son elementos de contención?
Preguntado por qué se entiende como 'elementos de contención fronterizos', Escobar ha aclarado que implica aquellos elementos de contención físicos materiales, como las vallas, o bien a la propia Guardia Civil.
En este punto, el diputado riojano ha recordado el compromiso del ministro del Interior por establecer en Ceuta y Melilla unas oficinas consulares para que el inmigrante que pueda ser susceptible de acogerse al derecho de asilo lo pueda hacer en los próximos meses.
“Creo que hemos hecho muy buena labor desde el punto de vista legal, como de la protección y cumplimiento de compromisos europeos”, ha defendido.
A su juicio, la nueva redacción planteada combina los tres elementos fundamentales en la inmigración irregular: “Por una parte la legal, que se salvaguarda de manera taxativa y muy claramente; en segundo lugar, la parte operativa, hay que dar cobertura suficiente a quienes vigilan las fronteras (Policía Nacional y Guardia Civil); y en tercer lugar, la parte humanitaria porque el texto se refiere a la parte probablemente más complicada de atender que es cuando la entrada se produce en grupo de manera irregular”.
Sin embargo, diferentes expertos consultados por eldierio.es consideran que la reforma es “inconstitucional”, ya que la Constitución obliga el cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por España en materia de derechos humanos. Las devoluciones “en caliente” incumple todos aquellos convenios que protegen el derecho al asilo. Acnur calcula que cerca del 60% de las personas que saltan la valla son potenciales solicitantes de protección internacional. Las personas que son expulsadas de forma inmediata son privadas de la posibilidad de comunicar su necesidad de requerirlo.
La oposición pide informe del CGPJ
Ante este cambio de última hora, PSOE y la Izquierda Plural han pedido que los trabajos de esta ponencia se retrasen y no se debata y apruebe la ley en comisión el próximo jueves 20 de octubre, como en un principio estaba previsto.
Según han argumentado desde el PSOE, José Sánchez Amor, y el portavoz de la Izquierda Plural en la materia, Ricardo Sixto, al tratarse de una modificación de una ley orgánica requiere de un informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que no se ha tenido en cuenta ni se va a hacer.
En este sentido, ambos grupos parlamentarios tienen intención de solicitar a la Mesa de la Comisión de Interior que se retrase el plazo de los trabajos de la ponencia y se dé tiempo a que el CGPJ haga el preceptivo informe.
“La enmienda nueva establece que todos los obstáculos formarían parte de toda la frontera. Son conceptos que desde nuestro punto de vista no son claros a la hora de interpretar los derechos que protege una ley orgánica y por eso es necesario un informe precepctivo y específico del CGPJ”, ha criticado el portavoz de la Izquierda Plural, Ricardo Sixto.