Hamid Nuino es, a sus 58 años, el alma del taller de 'La Africana', la emblemática pastelería que endulza el corazón de Ceuta desde 1932. Allí trabaja desde 1990, ahora como “maestro oficial”. La más pequeña de sus tres hijas, de 20 años, se casó hace unas semanas. Y no pudo estar a su lado. Desde el inicio de la pandemia, el pastero está, como otros 500 trabajadores transfronterizos, atrapado en la ciudad autónoma.
El pastelero es uno de los ciudadanos marroquíes que tienen permiso para trabajar en la ciudad autónoma, aunque no para vivir y dormir en ella. Desde el cierre del paso fronterizo del Tarajal por la COVID-19 a mediados de marzo de 2020, 500 trabajadores transfronterizos como Hamid Nuino se han quedado bloqueados en Ceuta en un limbo legal, sin apenas protección y sobreviviendo de los favores de sus conocidos en el enclave español.
“Tenemos menos derechos que los perros y lo único que pedimos es al menos poder visitar a nuestras familias y regresar sin perder los trabajos que hemos cuidado durante más de media vida”, reclama Nuino enfadado. Desde hace dos meses, los empleados transfronterizos atrapados en Ceuta se concentran cada lunes frente a la Delegación del Gobierno en Ceuta para reclamar la equiparación de sus condiciones a las del resto de empleados y pedir soluciones a su actual limbo legal.
Siempre habían estado obligados a regresar cada noche a su casa, pero ahora sólo se encuentran en situación administrativa regular cuando están en horario de oficina. Los trabajadores transfronterizos no pueden volver a su país, ni siquiera para encontrarse con sus familiares. Tampoco pueden viajar a la península, empadronarse o alquilar un piso legalmente. El Gobierno sólo les ofrece, en el mejor de los casos, dejarlo todo y volver sin billete de vuelta, lo que significaría la pérdida de su empleo. O aguantar, sin horizonte, a que se restablezca la ‘normalidad’ en el tránsito con el Reino alauita.
El relojero de Ceuta
“Somos muchas mujeres del hogar, pero también marmolistas, carpinteros, ingenieros, cocineros…”, cuenta Hassan Arahou, un relojero marroquí de 48 años oriundo de Tetuán. Durante semanas ha sido el portavoz del medio centenar de trabajadores transfronterizos que protestan frente a la Delegación del Gobierno cada semana. Es el único técnico acreditado por Rolex para trabajar en la ciudad, empleado desde 2015 en la joyería local más lujosa de Ceuta. Él “nunca” creyó que con su perfil, explica, trabajaría en condiciones que considera de “esclavitud”.
“Cada día en la calle un policía podría pedirme la documentación y ponerme en la frontera porque no tengo derecho a estar en Ceuta si no es trabajando”, lamenta Arahou. Fuentes de la Oficina de Extranjería de la Policía Nacional en la ciudad autónoma lo matizan: “Formalmente no deberían estar aquí, pero a falta de soluciones del Ministerio, aunque fuesen temporales y extraordinarias, no se ha hecho ninguna actuación en contra de los trabajadores que se han quedado”. Según explican, aunque no hayan podido aportar la documentación marroquí exigida cuando son citados para renovar sus papeles, “se han dejado los expedientes abiertos en una especie de limbo para no perjudicarlos hasta que todo vuelva a la normalidad”.
“Esta tarjeta”, dice el relojero mientras muestra el documento que le acredita como transfronterizo, “es una condena: cotizo por desempleo, pero no tengo derecho a paro; pago un 25% de Impuesto sobre la Renta, pero no puedo hacer la declaración; quiero estabilizar a mi familia conmigo, pero ni con el respaldo de mi jefe puedo hacerlo y ahora estoy encerrado aquí sin saber siquiera si soy legal o no ni cuándo”. Con esposa y tres hijos de 16, 14 y 6 años en la capital de la provincia vecina marroquí, se ha visto obligado a rogar “favores” para ir tirando: cambalaches para poder alquilar una vivienda sin inscripción padronal, para concertar los suministros de luz y agua, para abrir una cuenta bancaria y enviar dinero a casa sin pasar por las eternas esperas en Correos.
“Desde marzo de 2020 ha habido trabajadoras transfronterizas que han muerto y han sido enterradas aquí, compañeras que han perdido a uno o varios seres queridos sin poder cruzar la frontera ni viajar al Consulado de Algeciras para renovar su pasaporte, pero hemos permanecido callados”, advierte Arahou.
Rachida Jraifi acumula 14 años como empleada de hogar en Ceuta. Desde los 25 años ha cuidado durante tanto o más tiempo a este lado de la frontera de su “familia española”, como la llama, que de su madre, a la que visitaba cada semana en su pueblo cerca de Rabat.
“Debería haber un beneficio mutuo”, reivindica Arahou: “Nosotros hemos cumplido con nuestros contratos como si fueran un matrimonio y cuidado a las familias que atienden las empleadas de hogar desde hace años o décadas como un deber sagrado, pero también porque tenemos que seguir trabajando para conseguir ingresos y mantener a nuestras familias”, a las que no se extiende su cobertura sanitaria ni se ofrece la posibilidad de escolarización en territorio español.
La cifra de trabajadores transfronterizos supone una gran incógnita imposible de despejar con datos oficiales. En Ceuta había en febrero de 2020 casi 3.700 extranjeros no comunitarios afiliados a la Seguridad Social (residentes incluidos, más de 5.000 en Melilla), más de la mitad empleadas de hogar (2.115). El número de estas últimas se ha desplomado hasta 497. Una parte regresó a Marruecos en las tres aperturas extraordinarias pactadas entre ambos países a modo de “pasillo humanitario” y algunas familias caballas siguen cotizando por ellas al roce tejido durante décadas.
La respuesta de Delegación del Gobierno
La delegada del Gobierno en Ceuta, la socialista Salvadora Mateos, ha dicho no tener “nada” que ofrecer a los trabajadores transfronterizos que permanecen en la ciudad. En su única intervención pública al respecto ha mezclado su situación con la de los “muchos” marroquíes que accedieron a la ciudad en mayo y se han puesto a trabajar irregularmente “en peluquerías y cafeterías” y con la de los que “regresaron cuando se abrieron pasillos humanitarios”. “Si echan de menos a sus familias, que se hubieran ido”, ha desdeñado tras adelantar que, cuando se reabra el paso del Tarajal, sin fecha probable, los transfronterizos serán “los primeros” en poder cruzarlo en ambos sentidos.
La última vez que el Gobierno central debatió su situación con los agentes sociales, la ahora vicepresidenta Tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, formó parte de la delegación de CCOO que, cuando todavía gobernaba Rajoy, se inclinó junto a la patronal ceutí (que se desmarcó de la nacional) por que los transfronterizos viesen reconocido su derecho a cobrar el paro de alguna forma por el que cotizan. La idea no prosperó.
Según el exsecretario general de CCOO en Ceuta, Juan Luis Aróstegui, que lleva años denunciado la situación de este colectivo, este cúmulo de “discriminaciones” se mantiene en el tiempo “de una manera inconcebible”. “Los asuntos que no reportan rédito electoral nunca son objeto de preocupación de los gobernantes y los trabajadores transfronterizos no votan”, critica.
“No pedimos que se abra la frontera sin más porque es una política de Estado y respetamos las restricciones sanitarias, pero tampoco entendemos que sí se habiliten soluciones extraordinarias para las personas que entraron en mayo en Ceuta en avalancha y que nosotros no podamos tener una autorización para, en vacaciones por ejemplo, viajar a Marruecos y regresar, o para disponer de un permiso siquiera provisional de residencia”, resume el relojero las reivindicaciones del colectivo.