Hungría y Polonia se rebelan contra la acogida de refugiados pactada por los 27

Los gobiernos ultras de Hungría y Polonia se han rebelado contra el pacto que los 27 han alcanzado de cara a la negociación del Pacto de Migración y Asilo, que ha entrado en su fase decisiva. Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki caldearon la cumbre con los líderes dejando clara su oposición a la acogida de refugiados que avalaron los ministros sin el apoyo de esos dos países y que pasa por una cuota obligatoria de reparto o el pago de 20.000 euros por cada persona rechazada. No quieren ni acoger ni pagar. El húngaro amaga incluso con rechazar la revisión del presupuesto europeo mientras que el polaco ha planteado un referéndum sobre el asunto. 

“Polonia recibió menos apoyo, algunos docenas de euros por cada refugiado ucraniano. En cuanto a la decisión de rechazar migrantes de Oriente Medio, seremos multados con 20.000 euros por cada migrante”, expresó Morawiecki antes de entrar en la reunión con sus homólogos en Bruselas. Para respaldar esa decisión, el polaco ha planteado un referéndum emulando el que Hungría celebró en 2016 para rechazar el reparto obligatorio que la UE planteó tras la crisis de refugiados por la guerra en Siria. 

Ya entonces Hungría y Polonia se opusieron a ese reparto obligatorio que cocinaron Jean Claude Juncker y Angela Merkel y perdieron la batalla, junto a República Checa, en el Tribunal de Justicia de la UE, que avaló el procedimiento y declaró ilegal el incumplimiento. 

El bloqueo de las conclusiones

Orbán ha subido la apuesta. “Quieren más dinero de nosotros para migración, pero no para la protección de las fronteras sino para traer inmigrantes”, ha dicho en un vídeo que ha difundido en Twitter antes de participar en el Consejo Europeo. La jornada acabó con las conclusiones sobre migración bloqueadas por Hungría y Polonia, a pesar de que se reducían a un par de párrafos focalizados en la dimensión exterior del fenómeno, es decir, en el apoyo a los terceros países y el combate a las mafias fundamentalmente. 

El presidente húngaro amaga en su discurso con rechazar la revisión del Marco Financiero Plurianual en la que Bruselas ha pedido a los estados miembros 66.000 millones de euros extra, de los que 33.000 se destinarían a Ucrania, 15.000 a migración (2.000 para el control de las fronteras exteriores; 10.500 millones para la colaboración con los terceros países -bien sean de origen o de tránsito; y otros 2.500 se quedarían para apoyar en crisis y desastres); 10.000 para un mecanismo que mejore la competitividad, y 19.000 para enfrentar el incremento de los tipos de interés que afecta a la deuda de los fondos de recuperación.

“¿Dónde está el dinero? ¿Cómo llegó la UE al borde de la bancarrota?”, se pregunta Orbán, que asegura que no pueden contabilizar el dinero que se ha entregado en los últimos dieciséis meses a Volodímir Zelenski. “Piden más dinero a los estados miembros para pagar los intereses de los préstamos (...) de los que Hungría y Polonia no han visto un céntimo”, ha agregado en referencia al bloqueo de los fondos por su deriva autoritaria. Orbán se queja, además, de que ese extra sirva para subir los sueldos de los “burócratas” europeos. “Queremos saber quién es responsable de llevar a la UE al borde de la bancarrota”, sentencia. 

La amenaza está clara. Se requiere unanimidad para sacar adelante la revisión del Marco Financiero Plurianual y Orbán vuelve a chantajear a los 27. La queja de Hungría y Polonia es que los gobiernos fijaran su posición para la negociación del pacto migratorio, a pesar de su rechazo. Consideran que la decisión requiere de unanimidad y no de mayoría cualificada. Y su forma de expresar el rechazo es poner en peligro otras negociaciones o negarse a aplicar las normas cuando el pacto sea una realidad. Por el momento se anticipa una dura batalla porque el Parlamento Europeo es partidario de establecer cuotas de reparto obligatorias. 

El debate migratorio es uno de los más complejos y enquistados de la UE, que va dejando pasar las tragedias que se acumulan en el Mediterráneo, como el último naufragio en el que murieron cientos de personas. 

El blanqueamiento de Túnez

A la que Bruselas ha logrado atraer es a Giorgia Meloni, que logró un compromiso de ayuda del resto de países europeos en casos de emergencia y la devolución de migrantes a otros países, aunque no sean los de origen. “Lo que hoy está en las conclusiones era probablemente impensable hace ocho meses. Hemos logrado cambiar puntos de vista”, ha dicho la primera ministra ultraderechista de Italia, que ha visto cómo en las últimas semanas la Comisión Europea la ha apoyado en sus reclamaciones. 

Una de las más relevantes ha sido el blanqueamiento de la dictadura de Túnez. Al Gobierno autoritario de Kais Said le han prometido un paquete de ayudas de hasta mil millones de euros y la Comisión Europea está negociando un memorándum de entendimiento para el que Túnez ha pedido más tiempo. 

Lo que señalan fuentes europeas es que, como sucede en el caso de Marruecos, “se habla sobre la situación de los derechos humanos”. “Con enfoques absolutos hablaríamos con poca gente, dejaríamos de hablar con nosotros mismos”, ilustra un embajador.