Los obispos españoles exigen el cierre de los Centros de Internamientos de Emigrantes, los polémicos CIE, que consideran “un fracaso más” dentro de las erráticas políticas migratorias del Gobierno español. Así lo han denunciado en rueda de prensa tanto el obispo responsable de la Comision de Migraciones, Juan Antonio Menéndez, como la nueva secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, durante la presentación de la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, que se celebra este domingo.
Una jornada en la que la Iglesia denunciará cómo “nuestro Gobierno no ha cumplido con el cupo de acogida de refugiados que estaba previsto”. Al tiempo, los obispos piden el cese de las “expulsiones sumarias” en la frontera Sur, y defienden el trabajo de Helena Maleno, que será juzgada por un tribunal marroquí por sus llamadas a Salvamento Marítimo en las que alerta de personas en peligro en el mar, a raíz de una investigación policial iniciada en España.
Piden el fin de las expulsiones colectivas
En su mensaje, los obispos lanzan una veintena de propuestas, avaladas por la Santa Sede, basadas en cuatro verbos: 'Acoger, proteger, promover e integrar' a los 250 millones de personas migrantes en el mundo, y que esperan que Naciones Unidas haga suyas en la Asamblea especial del próximo mes de septiembre. Entre ellas, el fin de las expulsiones colectivas, el cierre de los CIE o la apertura de los corredores humanitarios.
Sobre esto último, monseñor Menéndez destacó que “es una vieja aspiración” que de momento el Gobierno no ha aceptado, y que consiste en “traer a niños, ancianos, enfermos y personas vulnerables de los países en guerra a España, comprometiéndonos a trabajar con ellos”.
En cuanto a las expulsiones sumarias, la secretaria general de Cáritas informó de que “estamos en conversaciones con el Ministerio para que se elimine” la disposición adicional que permite que, en casos de urgencia, se puedan repatriar a estas personas que entran por las vallas de Ceuta y Melilla sin seguir los pasos jurídicos.
“Creemos que hay que buscar alternativas a los Centros de Internamiento, que no son buenos para los migrantes, y tampoco para nuestro país”, recalcó el obispo de Astorga, quien lamentó la muerte (aún sin esclarecer) de un inmigrante en la cárcel de Archidona, y advirtió de que “en la frontera Sur se lesionan los derechos de los migrantes, especialmente de los menores”. Una “devolución sumarísima” que “no se debe producir. Nuestro país ha sido condenado por ello por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
Por su parte, Natalia Peiro insistió en la necesidad de “derribar fronteras, y hacerlo de manera global”, para atacar “las raíces de esas migraciones forzosas en los países de origen” y “acabar con los estereotipos, los miedos y las dificultades” presentes en la sociedad. En opinión de la nueva secretaria general de Cáritas, es urgente “cambiar el rumbo de unas política ineficaces y que vulneran los derechos humanos”.
“Hay que acabar con las expulsiones sumarias en Ceuta y Melilla, y de realidades como las que vemos a diario en Tarifa, el Tarajal, Siria o las aguas del Mediterráneo”, recalcó Peiro, quien subrayó el “fracaso de las políticas migratorias orientadas exclusivamente al control de flujos y al control de migraciones”.
“Esta no es la solución, y es un escándalo que provoca muerte: urge activar en Europa una mirada a largo plazo”, destacó la secretaria general de Cáritas, quien pidió “transformar este reto en una oportunidad: las migraciones son una oportunidad para el desarrollo de los pueblos”.
Finalmente, preguntada por el caso de Helena Maleno, Peiro insistió en que el trabajo de la activista “es humanitario, está ayudando a personas que intentan buscar un futuro mejor. Es una injusticia total, que responde al fracaso de la externalización de fronteras”. En este sentido, anunció que desde la red 'Migrantes con Derechos', que aglutina a distintas instituciones de Iglesia, han enviado cartas de apoyo y se mantienen conversaciones con el consulado en Marruecos para defender a Maleno.