Los menores extranjeros que contaban con permiso para estudiar en España y no puedan regresar a su país debido a la crisis del coronavirus podrán permanecer en suelo español un año académico más, según ha ordenado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de una nueva instrucción. La medida pretende evitar empujar a la irregularidad a niños y niñas que tenían autorización para residir en España durante el curso pasado pero, a causa de la COVID-19, no pueden regresar a sus lugares de origen.
“La medida protege a aquellos niños y niñas que, encontrándose en situación regular en España y viendo imposibilitado el retorno a su país de origen por las circunstancias derivadas de la crisis del Covid-19, podrían encontrarse en los próximos meses en situación de irregularidad sobrevenida”, han defendido desde el Ministerio.
La instrucción, dictada por la Secretaría de Estado de Migraciones, materializan las condiciones de prórroga de la estancia de los menores que cada año se desplazan a España con fines de escolarización. “En caso de querer continuar sus estudios por un curso académico más, estos menores tendrán, por lo tanto, la posibilidad de solicitar una prórroga sin que pueda tenerse en cuenta el regreso a su país de origen”, detalla la institución en un comunicado. El Reglamento de Extranjería prevé la posible aparición de “razones excepcionales” que podrían impedir al menor regresar a su país.
Muchos de los menores extranjeros con permiso de estudios para el pasado curso escolar se han encontrado con dificultades para volver a casa debido a la reducción del tráfico de las compañías de transporte. Algunos de estos niños, niñas y adolescentes no han conseguido regresar a su país de origen, según ha detallado la Secretaría de Estado. “Su situación continúa siendo regular, dado que el Ministerio aprobó una serie de medidas para prorrogar todos los permisos de residencia, estancia y trabajo durante la crisis sanitaria, debido a la imposibilidad de renovar sus autorizaciones o volver a sus lugares de origen.
No obstante, el departamento dirigido por José Luis Escrivá reconoce que “muchos casos no encuentran” en las órdenes dictadas “la seguridad jurídica suficiente ya que, una vez expire esta prórroga, podrían encontrarse ante la imposibilidad de regresar a sus países y con las dificultades en materia de escolarización en el siguiente curso académico”.
Según la instrucción, los afectados podrán solicitar la prórroga “durante los 60 días naturales previos a la fecha de expiración de la vigencia de su actual autorización”, que tiene en cuenta la prórroga aprobada a causa de la pandemia. “En todo caso, la estancia del menor que presente la solicitud se considerará prorrogada hasta el momento en que se resuelva el procedimiento en aquellos casos en los que la solicitud se presente dentro de los 90 días posteriores a la fecha de finalización de la vigencia de la anterior autorización”, sostiene el comunicado de la Secretaría de Estado.
La medida se suma a una serie de instrucciones emitidas por Inclusión con el objetivo de evitar la irregularidad sobrevenida de miles de personas extranjeras afectadas por la crisis del coronavirus. A principios de junio, la Secretaría de Estado envió a las Oficinas de Extranjería una batería de instrucciones para flexibilizar y simplificar los trámites relacionados con las renovaciones de permisos de residencia en España y las solicitudes de autorizaciones por arraigo social registradas antes de la crisis sanitaria. Más allá de las medidas ligadas a la emergencia social derivada del coronavirus, otra de las directrices rebaja de manera indefinida las exigencias económicas impuestas en las reagrupaciones familiares de menores, una demanda histórica de organizaciones especializadas en migración.
Estas medidas buscaban dar una respuesta a las miles de ciudadanos extranjeros afectados por la crisis económica ligada a la COVID-19, cuya renovación de la residencia en España dependía de tener un empleo, con unos requisitos concretos, y contar con recursos económicos suficientes para permanecer en el país.
No obstante, Unidas Podemos ha presionado este miércoles al Gobierno para que de un paso más y ha explicado que busca apoyos en el Congreso para promover una regularización masiva de migrantes sin papeles, como exigen desde hace meses cientos de colectivos soliiales. El grupo confederal ha planteado “otorgar la nacionalidad española por carta de naturaleza a todas las personas extranjeras que hayan desempeñado labores esenciales durante el estado de alarma y que así lo soliciten. Además, propone que se concedan ”permiso de residencia y trabajo a todas las personas migrantes que, independientemente de su situación administrativa, se encontrasen en suelo español el día que se declaró el estado de alarma“.