Castilla y León, condenada a pagar 150.000 euros a una madre búlgara y sus hijas por separarlas injustificadamente

Cuando sus hijas tenían 12 años, A.P., de origen búlgaro, pidió apoyo a los servicios sociales de Ávila para ayudarla a poner límites a sus mellizas preadolescentes. La mujer, madre soltera, quería establecer normas en su hogar, pero también temía caer en una excesiva exigencia, pues ella misma había sufrido durante su infancia una dura disciplina de la que huía. Para conseguirlo, pidió participar de forma voluntaria en un programa de intervención familiar. La decisión, tomada con el objetivo de criar a sus hijas de una forma más sana, acabó por arrebatarle a sus pequeñas. Seis años después, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ordenado a la Consejería de Familia a indemnizar con 150.000 euros a la familia por una retirada de custodia injustificada.

La separación de las niñas, hermanas mellizas, de su madre se produjo después de una discusión entre la progenitora y una de las menores por el uso del teléfono móvil que terminó en un forcejeo por el dispositivo, explica Fundación Raíces, la ONG que ha acompañado a la familia en todo el proceso. Después de relatar el episodio por indicación de su madre, el programa se suspendió y, meses después, “sin previa notificación ni información al respecto, trabajadores sociales de la Consejería, auxiliados por agentes de la Guardia Civil, se personaron en el domicilio familiar”. En ese mismo momento, comunicaron a A. P. la declaración de desamparo de las niñas. Se las llevaron, en contra e su voluntad, a un centro de acogida de menores ubicado a 80 kilómetros de su hogar.

El Tribunal Superior de Justicia concluye que la Consejería de Castilla y León declaró en desamparo a las menores sin que conste “ninguna audiencia con la madre, ni se la pidió aclaración o explicación, ni tan siquiera se explicó nada a las menores”, según la sentencia a la que ha accedido elDiario.es.

Los magistrados consideran que “lo oportuno hubiera sido volver a reunirse con la madre, valorar tras su explicación lo que había pasado y tomar las decisiones oportunas con un mayor refuerzo de la intervención familiar o valorar el interés prioritario de las menores, no obstante esta audiencia no tuvo lugar en ningún momento, ni una explicación a las menores de lo que podía llegar a ocurrir”.

La sentencia aprecia en los hechos “una actuación precipitada y desproporcionada de la Administración”. Los programas de intervención familiar, como el solicitado por la madre de las menores, tienen el objetivo de apoyar a familias “cuyo objetivo es preservar la integridad de la familia evitando una separación de ella de los niños”, recuerda la resolución. “Las niñas tendrían que haber sido escuchadas previa explicación de lo que podría ocurrir, teniendo en cuenta que es muy traumático separar a dos niñas de su madre”, añaden los jueces.

“Ni un solo dato de desprotección”

La lucha en los tribunales de esta familia se remonta a 2016. Primero, la madre, con el apoyo de Fundación Raíces, inició un proceso civil en contra de la retirada de la tutela. Entonces ya la Fiscalía, tras escuchar a las partes, se opuso a la decisión de la Administración. Según argumentó, “no existía ni un solo dato de desprotección, que la Administración había actuado con una desproporción abismal, que el acogimiento residencial es el peor de los recursos de protección y que las menores están con su madre bastante mejor que con la Administración”.

Un año después de ser separadas, el Juzgado de Primera Instancia de Ávila ordenó que las niñas volviesen a casa con su madre. Una vez unidas, la familia comenzó a exigir justicia por el daño causado. “Llevamos mucho tiempo esperando. Años teniendo fe en que habrá justicia. Cuanto más tiempo pasa, más piensas que eres un papel olvidado en un cajón. La sensación de que, por fin, nos hayan reconocido el daño que nos hicieron es indescriptible”, dice Angela, una de las de las hijas, ya mayor de edad. “Lo peor ha sido el tiempo. Ver como pasan los años y a veces dudas de si llegarías en este momento. Lidiar conn la incredulidad de las personas, que tienen fe ciega y respeto a la administración”, añade Micaela, la otra melliza.

Su madre describe el dolor causado durante todo este tiempo, especialmente durante el año en que estuvo separada de sus hijas. “Este tiempo ha sido el más doloroso de nuestra existencia... La impotencia y verte arrollado por un sistema poderoso que funciona contra ti que no eres nadie, ha sido como David contra Goliat, darte cuenta de que por mucho que luches estás perdido”, lamenta A.P. “ Todos me avisaron de que de ahí no salía nadie, porque es la Administración Pública, yo pensaba que estaban ahí para ayudar a las personas vulnerables, ¿es su función no?, pues no fue así. Sin Fundación Raíces no seriamos una familia ahora, las niñas allí nunca hubieran llegado a sus sueños y yo lo mismo ya no seguiría aquí”.

La sentencia también sostiene que, durante el tiempo en que las niñas estuvieron alejadas de su madre, “las visitas fijadas a la madre fueron extremadamente limitadas, un día una hora al mes” y que “tampoco consta que se revisara el plan del caso dando a la madre más posibilidades de visita, o mayores contactos familiares o al menos que se tuviera más en cuenta el deseo de las niñas de retornar a su hogar, y no mantenerse en el centro cuya estancia provocó en ellas perjuicios y daños morales acreditados”.

El Tribunal destaca la declaración judicial de las propias menores afectadas. Según incluye la resolución, las hermanas reconocieron destacando el “trauma” causado actuación administrativa, que vivieron como “un secuestro”. “En cuanto a los daños morales, constan acreditados en forma de inadaptación de las niñas, aislamiento, comportamientos de rabia e ira… dolores de cabeza, de espalda, dormir fatal, etc. Y siendo niñas que tenían buena salud física y mental, tuvieron que ser atendidas por problemas de pérdida de peso y de salud mental… sufrir cuadros de ansiedad e incluso guardar reposo y desarrollo de anorexia…. Empeoró el absentismo escolar y el desinterés y empeoramiento de sus calificaciones”, concluye el Tribunal.

Más control

Por casos como el de Micaela y Angela, Fundación Raíces solicita al Gobierno un mayor control de la retirada de custodias para evitar separaciones injustificadas que, según la organización, suelen recaer en familias vulnerables. Coincidiendo con la tramitación de la Ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales, la ONG propone una serie de enmiendas al Anteproyecto, como la priorización de las medidas de apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad para hacer efectivo el derecho de los niños y niñas de permanecer en su familia de origen, la dotación de las garantías suficientes para que los menores y sus familias puedan ejercer debidamente su derecho a ser oídos y puedan participar y acceder a sus expedientes y a defender sus intereses. Además, la Fundación pide que se inicie “una reforma del sistema de retiradas de tutela en orden a asegurar que una medida tan drástica como la separación de un niño de su hogar familiar solo pueda ser adoptada en sede judicial”.

El Comité de los Derechos del Niño recomendó a España en 2018 que hubiera un control judicial de las retiradas de tutela. “En este caso, después de un año, logramos que las niñas pudieran volver con su madre y, tras seis años, se ha reconocido que la actuación de la Administración vulneró sus derechos, pero no puedo dejar de pensar que en nuestro país, miles de familias se enfrentan a situaciones semejantes, porque nuestra legislación, a diferencia del resto de Europa, permite que el procedimiento de retirada de tutela se lleve a cabo mediante un procedimiento administrativo y no judicial, que no ofrece las suficientes garantías ni a los propios niños y niñas ni a sus familias, que ven su familia rota por un mero informe de los servicios sociales”, advierte Lourdes Reyzabal, presidenta de la Fundación Raíces. “El Gobierno podría aprovechar la oportunidad que tiene ahora y poner fin a las vulneraciones de derechos que con las retiradas de tutela llevan tantos años sufriendo las familias en situación de mayor vulnerabilidad en nuestro país”.

La Junta estudiará si recurre la sentencia

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que analizarán la sentencia para decidir si la recurren o no, aunque ha defendido que el “único” objetivo del personal es “proteger a los menores”, y que así lo creyeron en su momento. “Ante cualquier tipo de análisis técnico sobre una decisión impera la protección del menor”, ha aseverado.

Carriedo ha asegurado en la rueda de prensa que el gobierno autonómico está “muy orgullosos” de su trabajo, “que no es sencilo” porque toman decisiones “en las que entran en conflicto elementos muy sensibles”. “Se ponen en riesgo algunos intereses, pero nosotros queremos que en ningún caso sea el del menor”, ha aseverado.