Un tribunal de Ragusa, en la isla italiana de Sicilia, ha afirmado este miércoles que Libia no es un puerto seguro para desembarcar a migrantes rescatados en el Mediterráneo central. Con este argumento ha rechazado el recurso presentado por la fiscalía y ha confirmado la decisión del pasado 16 de abril de liberar el barco de la ONG española Proactiva Open Arms.
“El uso de un puerto seguro en Libia, tal como lo establece el derecho internacional, es desmentido por hechos bien conocidos mencionados incluso en actos oficiales del Senado de la República”, sostiene el tribunal en el auto, al que ha tenido acceso eldiario.es.
“No hay pruebas de que esas condiciones hayan cambiado de hecho frente al persistente marco político incierto y conflictivo, a pesar del reconocimiento internacional al Gobierno de Fayez al Serraj”, prosigue el órgano formado por los jueces Vincenzo Panebianco, Elio Manenti y Francesca Aprile. Asimismo, el tribunal añade que es conocida la “reticencia de las autoridades maltesas para cooperar con las peticiones de ayuda” al justificar por qué la ONG decidió no comunicarse con Malta tras el rescate de 218 personas.
Los jueces rechazan así las motivaciones que llevaron a la fiscalía de Ragusa a presentar el recurso el pasado 26 de abril contra la decisión del juez instructor de esa ciudad siciliana, Giovanni Giampiccolo, de liberar el barco de la ONG española, que permanecía inmovilizado en el puerto siciliano de Pozzallo con motivo de una investigación bajo sospecha de “favorecer la inmigración ilegal”. En el recurso, la fiscalía insistía en que no había pruebas de la no seguridad de los desembarcos en territorio libio.
El nuevo auto coincide en varios puntos y añade más detalles al del juez de Ragusa del pasado 16 de abril, en el que se autorizó la liberación del barco. En él, se reconocía que el centro de Roma que coordina las operaciones de salvamento en el Mediterráneo cede el control de los rescates a Libia aunque los guardacostas libios se encuentren más lejos de barcos en apuros que otros buques, como los de las ONG. Una de cada tres personas han sido interceptadas y devueltas por las autoridades libias en lo que va de año, según la Organización Internacional para las Migraciones.
Los hechos se remontan al pasado 15 de marzo, cuando la embarcación de Proactiva se vio envuelta en un incidente con la guardia costera de Libia durante un rescate a unas 73 millas de la costa, muy lejos de su jurisdicción. Según denunció la ONG y apunta el auto, recibieron amenazas por parte de los guardacostas del país vecino, que reclamaban el traspaso de los migrantes a una patrullera del país vecino. La central operativa de Roma siguió las órdenes de Trípoli, pero Proactiva hizo caso omiso y continuó su camino con los migrantes hacia un puerto seguro.
El barco de la ONG fue inmovilizado de manera cautelar el 17 de marzo tras atracar en el puerto de Pozzallo para desembarcar a 216 imigrantes y se abrió entonces una investigación a la jefa de misión, Anabel Montes; al capitán, Mark Reig, y a un responsable de la organización. Posteriormente, el juez instructor de Catania confirmó la incautación del barco y el cargo de “favorecer la inmigración ilegal”, pero desestimó el delito de organización criminal.
En este sentido, en el auto del tribunal se asegura que ningún elemento permite “comprobar que hubo interés o acuerdos entre la tripulación del Open Arms y la organización, se supone que Libia, que transportaba ilegalmente a los inmigrantes”. Explica que la ONG fue llamada en un primer momento por la Central Operativa de Roma y que su presencia en aguas internacionales fue tras la decisión de las autoridades italianas.
La ONG catalana celebró este miércoles que se desestimara el recurso contra su capitán y su jefa de misión, a los que acusaba de fomentar “la inmigración ilegal”. “Por fin la justicia pone algo de cordura. Porque salvar vidas no es delito”, defendió la organización en Twitter. Según han explicado fuentes de Proactiva a eldiario.es, la fiscalía aún puede apelar al Tribunal Supremo de Roma en un plazo de diez días naturales y puede seguir adelante con su investigación contra la ONG.