La acogida de los 123 menores solos del Aquarius, un desafío para el débil sistema de protección español
Cuando el Aquarius y las naves italianas que lo acompañan atraquen este domingo en el puerto de Valencia, los 123 adolescentes, niños y niñas que han viajado solos en él pisarán tierra firme, por fin, después de más de una semana en el mismo mar en el que arriesgaron su vida para llegar a Europa antes de que Italia los rechazara.
El Gobierno y la Generalitat Valenciana han insistido esta semana en que, junto a las mujeres embarazadas, se prestará una “atención especial” a los más pequeños. La misma asistencia que llevan años reclamando las ONG especializadas en infancia, que han denunciado en reiteradas ocasiones las malas prácticas de la Administración española en la protección de los menores extranjeros no acompañados que llegan a nuestras costas.
“España tiene la oportunidad de realizar una acogida acorde con el enfoque de infancia, que priorice por encima de todo el bienestar de todos y cada uno de los niños que viajan en estos barcos”, sostienen desde UNICEF Comité español. Un enfoque del que, indican activistas y expertos, adolece la primera recepción de los menores que arriban cada semana a los puertos españoles.
“Esta vez se ha hecho una acogida concienzuda, pero en España no existe un protocolo de primera recepción especializado en la infancia en las costas”, apunta Sara Collantes, especialista de migración de UNICEF. “No olvidemos que los niños llegan cada día a a costas andaluzas y en los puertos no hay un protocolo de actuación. Faltan abogados especializados, mediadores culturales –algo importante, porque no reciben información adaptada a su edad y a su lengua–, tampoco se está identificando la necesidad de pedir asilo y protección para posibles víctimas de trata”, asegura.
El dispositivo
Las ONG especializadas piden que se tengan en cuenta sus recomendaciones y esperan que el dispositivo planeado para recibir al buque de MSF y Sos Mediterranée impulse un cambio en el sistema de recepción y acogida. Por el momento, los menores a bordo del Aquarius y los barcos militares italianos, según han anunciado las instituciones, se quedarán en Valencia. Una vez hayan atracado en el puerto, los equipos de Cruz Roja efectuarán una revisión médica a los recién llegados con la finalidad de identificar si es necesario un tratamiento específico o la derivación a un centro hospitalario.
Las entidades sociales, que han sido convocadas por la vicepresidenta del Gobierno valenciano para coordinar el dispositivo, hacen hincapié en la necesidad de prestarles atención médica, psicológica y emocional debido a la situación traumática que, como tantos otros, han vivido. En este caso, muchos de ellos han pasado por Libia, donde se han documentado abusos de toda índole contra los migrantes.
“Hay que pensar de dónde vienen. No han empezado el viaje hace una semana, muchos llevarán meses e incluso años recorriendo países”, David Del Campo, director de cooperación internacional de Save The Children. “En cuanto toquen tierra, su sensación va a ser de haber logrado algo y hay que estar a la altura. Según bajen del barco, tienen que sentirse protegidos. Muchos no saben adónde van, si les van a castigar, qué les va a ocurrir. Tiene que haber gente que hable su idioma, que les diga: 'Estate tranquilo, estás bien, te vamos a cuidar”.
Tras la primera atención de Cruz Roja, las autoridades actuarán en el mismo puerto para proceder a las primeras identificaciones. En el muelle habrá una carpa desplegada donde se atenderá por separado a los niños y niñas mayores de 12 años y, por otro lado, a los de edades inferiores. Desde allí serán derivados en diferentes autobuses a los recursos habitacionales de primera acogida, donde permanecerán durante dos semanas.
Fundación Raíces, una de las organizaciones que defienden los derechos de estos niños, ha pedido que todos los menores que “ya estén previamente identificados”, y también aquellos sobre los que pueda haber alguna duda sobre su minoría de edad, sean trasladados “directamente” a los servicios de protección para “la atención inmediata que precisen”. Además, ha reclamado que no se separen hermanos o familiares “bajo ninguna circunstancia”, en el caso de los que sí han llegado acompañados.
La Conselleria de Justicia ha preparado un dispositivo de primera asistencia jurídica de los niños y adolescentes, para lo que asegura que ha aumentado el número de traductores y de personal al servicio de la Fiscalía de Menores, con el objetivo, dice la consellera Gabriela Bravo, de “que se defiendan sus derechos de manera integral”. Según señaló Bravo el pasado martes, en estas entrevistas se tratará de detectar si hay casos vulnerables, como víctimas de trata de seres humanos. En ese caso, anunció, se pondrían en marcha protocolos específicos con la colaboración del personal de las Oficinas de atención a las víctimas del delito.
Las criticadas pruebas para averiguar la edad
Los mayores de 12 años serán alojados en Alicante. 61 de ellos, según ha precisado la Conselleria, tienen entre 16 y 17 años, y otros 28, entre 13 y 15. El Gobierno valenciano ha detallado que las pruebas forenses para determinar su edad se llevarán a cabo en los siguientes diez días a su llegada. El encargado de realizar las pruebas radiológicas será el Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde se va a crear un servicio de guardia especial. Los exámenes médicos los harán, dice la consellera, “de forma rápida y eficaz”.
Aquí es donde entra en juego una de las principales preocupaciones de las organizaciones especializadas, que han criticado en reiteradas ocasiones estas pruebas médicas como método para averiguar la edad por su amplio margen de error. Desde Fundación Raíces han reclamado que no se hagan estos exámenes médicos “de manera sistemática” a los menores a bordo del Aquarius. Save the Children pide que se “presuponga” la minoría de edad y se dé valor a la documentación que portan. Es decir, que estas pruebas sean el último recurso cuando otros métodos, como las entrevistas, no hayan sido suficientes.
La legislación española permite a la Fiscalía llevar a cabo estos exámenes médicos “incluso en casos donde los documentos de identidad” acreditan su minoría de edad, concluyó el pasado febrero el Comité de Naciones Unidas para los Derechos del Niño, en la línea de lo que las ONG llevan años denunciando.
El Tribunal Supremo de España sentó jurisprudencia y prohibió estos exámenes médicos a los menores migrantes que cuentan con documentación legal (como pasaportes y partidas de nacimiento), pero muchas veces, según recalcó la ONU, estas pruebas se hacen “automáticamente”, incluso cuando sus documentos prueban que es menor. Además de no ser precisas, son “intrusivas”, dice el Comité. Como consecuencia, hay niños que son tratados como adultos cuando no lo son, lo que implica perder la protección institucional.
El efecto de estos métodos de determinación de la edad, reiteran las ONG, los menores quedan muchas veces en un “limbo” jurídico, ya que no pueden ejercer sus derechos como mayores de edad, ni a través de un tutor legal como menores. Además, esto provoca que algunos acaben en los mismos procedimientos previstos para las personas adultas, como es el caso de los menores que son encerrados en un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) o deportados por estar en situación irregular. En 2017, un total de 48 menores fueron internados en varios CIE, según el último informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).
“La calle es el fracaso del sistema de protección”
Las organizaciones han pedido que, cuando los focos se apaguen y el Aquarius no ocupe portadas, todos los pasos que se den para atender a los niños y adolescentes migrantes tengan como prioridad su situación vulnerable y garanticen sus derechos. Por ejemplo, que los permisos de residencia, las demandas de asilo y la escolarización se gestionen “lo más rápido posible” cuando estén tutelados por la Administración Pública, recomienda Unicef.
“Esto es un proceso que va para largo, pero no van a dejar de ser niños de un día para otro”, sostiene Del Campo. Según datos del Ministerio del Interior recopilados por Save the Children, en los últimos cinco años han solicitado asilo un centenar de niños y niñas. Solo lo han logrado 31.
El año pasado llegaron 2.177 menores solos en patera a las costas españolas, casi cuatro veces más que en 2016, de acuerdo con Save The Children. La ONG considera que España “sigue sin estar preparada” para acogerlos. “En Andalucía, por ejemplo, hay un problema muy grave de saturación de los centros de primera acogida y recursos mas duraderos. Hace falta un mecanismo formal de traslado de estos niños entre comunidades. La acogida en Valencia es muy circunstancial. Ceuta, Melilla y Andalucía están desbordadas”, explica por su parte la representante de Unicef.
“La acogida del Aquarius es un gesto, pero bastaría con que en España hubiera una capacidad de acogida de menores adecuada, y esto no ocurre. Hay demasiadas buenas palabras y pocos hechos”, agrega.
Los “obstáculos” impuestos desde la Administración a la protección de los menores extranjeros no acompañados, según denunció Save The Children a finales de mayo, conforman una de las causas por las que el sistema de acogida pierde el rastro de centenares de menores cada año. En 2016, 825 niños, niñas y adolescentes abandonaron los servicios de protección.
Según la ONG, para algunos niños y adolescentes la dura situación de los centros y su deseo de llegar a las comunidades autónomas donde saben que tendrán mejores oportunidades les empuja a “fugarse de los centros y vivir en la calle”, señalan. Es el caso de los menores que migran solos a Ceuta y Melilla, que tratan de alcanzar a la Península escondiéndose en los barcos que atraviesan el Estrecho cada día.
Detrás de cada menor migrante que acaba en la calle hay, dicen, un “fallo” del sistema. “Es muy importante invertir y adaptar el sistema, si no, la respuesta no sirve, no confían en el sistema y se van. Y la calle es el fracaso del sistema de protección, si acaban ahí, es que algo se esta haciendo mal, queda camino por recorrer”, sentencia Collantes.
