La última jugada de Orbán contra los refugiados: negarse a dar comida a los migrantes detenidos en la frontera
Ahmed dejó Afganistán cuando era un niño, después de que su padre y su hermano fueran asesinados. Conoció a Nadia, su esposa, en Irán, de donde aseguran que tuvieron que huir cuando intentaron reclutarlo para combatir en Siria. Pasaron 20 meses en Serbia a la espera de poder cruzar la frontera con Hungría. Finalmente, la familia, de cinco miembros –incluido un bebé de tres meses– lo logró el 10 de julio.
Ese mismo día presentaron una solicitud de asilo que las autoridades húngaras rechazaron un mes después. Entonces, ordenaron su detención en un centro en la frontera de Röszke para ser expulsados de nuevo a Serbia. A Nadia y sus hijos se les repartió comida. A Ahmed no. Tampoco permitieron a la familia compartir sus raciones con el padre.
Nadia y Ahmed son nombres ficticios, pero su caso es real y llegó, junto al de otra familia afgana, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos el pasado 10 de agosto de la mano de los abogados de la ONG húngara Comité Helsinki, que solicitó medidas urgentes a Estrasburgo para que las autoridades dieran de comer a las dos familias. También documentaron el caso de dos hermanos sirios que llegaron a pasar dos días sin comer. En total, fueron ocho los casos detectados. En respuesta a los recursos para pedir medidas provisionales, el tribunal ordenó de inmediato y de forma provisional a las autoridades húngaras que volvieran a distribuir alimentos a estas personas.
Para la ONG húngara, hacer pasar hambre a las personas cuya solicitud ha sido rechazada es el último paso del primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, en su batalla por evitar que los migrantes quieran pisar el país. “Estamos indignados por esta última táctica de utilizar la privación de alimentos para disuadir a refugiados en situaciones vulnerables de pedir asilo en Hungría. Esto es totalmente inhumano”, sostiene en una entrevista con eldiario.es Anna Simai, directora de comunicación de la ONG.
Desde Human Rights Watch (HRW) consideran “completamente escandaloso y absurdo” que estas personas “tengan que recurrir a los tribunales para obtener una rebanada de pan”. Lydia Gall, investigadora de HRW para el Este de la UE y los Balcanes, coincide en la denuncia del Comité Helsinki. “Parece que se trata de otro plan inhumano del Gobierno para disuadir a las personas de solicitar asilo en Hungría, obligarlas a renunciar a sus peticiones y regresar a Serbia para conseguir comida”, señala en una entrevista con este medio.
Consecuencia de las nuevas leyes de Orbán
De momento, apuntan ambas organizaciones, las autoridades están respetando las órdenes judiciales y todos los demandantes de protección internacionales bajo custodia policial están recibiendo comida. Sin embargo, HRW ha alertado esta semana de que decenas de personas cuya solicitud ha sido rechazada y esperan una resolución definitiva “pueden enfrentarse a la falta de alimentos” y pone como ejemplo lo ocurrido el pasado 20 de agosto, cuando se negó el acceso a un sacerdote que intentaba entregar paquetes de alimentos en las llamadas “zonas de tránsito”.
Actualmente hay unos 120 solicitantes de asilo en las zonas de Rözske y Tompa, situadas en las frontera con Serbia, que están a la espera de una decisión sobre si sus solicitudes de asilo son admitidas o no, según datos proporcionados por HRW. Bajo las leyes impulsadas por Orbán, los refugiados solo pueden presentar sus peticiones en las “zonas de tránsito”, donde tienen que esperar el final de los trámites, incluido si apelan las decisiones, en lugares que, de facto –según denuncian las ONG–, son centros de detención.
En el caso de ser rechazados, solo tienen la posibilidad de regresar a Serbia. Y es aquí donde entra en juego una de las últimas medidas adoptadas por Orbán, las enmiendas a la ley de asilo aprobadas en el marco del paquete legislativo 'Stop Soros', que entró en vigor el pasado 1 de julio. Según la nueva legislación, las autoridades consideran “inadmisibles” las demandas de asilo de todo aquel que haya entrado en Hungría desde un país considerado seguro por la legislación nacional, entre ellos Serbia, a pesar de que Acnur ha recomendado no devolver a los solicitantes al país vecino. Asimismo, permite deportar a los solicitantes cuyas demandas se han considerado “inadmisibles”, incluso si recurren la decisión, puntualizan las organizaciones especializadas.
Entonces, se inician los procedimientos policiales de extranjería contra estas personas -en lugar de los de asilo-, y quedan a la espera de la deportación en los centros, y esto, dicen, ha abierto la puerta para que las autoridades se nieguen a suministrarles comida. “A pesar de impugnar ante los tribunales el rechazo de su solicitud de asilo, son expulsados de Hungría y se les ordena permanecer en la zona de tránsito, donde se les niega el acceso a los alimentos. Se trata de una situación jurídica totalmente absurda”, recalca Simai.
La Oficina de asilo se escuda en que no hay nada en la legislación húngara que obligue a proporcionar alimentos a las personas en el “procedimiento de vigilancia de extranjeros” en las zonas de tránsito. “El argumento es falso. Las autoridades húngaras tienen la obligación de proporcionar alimentos y servicios de salud adecuados a todas las personas bajo su custodia”, esgrime por su parte la investigadora de HRW. La ONG recuerda que los tratados de derechos humanos prohíben “el trato inhumano y degradante” de las personas bajo su custodia policial y exigen que sean “tratadas con dignidad”, lo que incluye proporcionarles alimentos, agua, higiene y atención médica.
La situación de las dos familias afganas y los dos hermanos sirios denunciada por el Comité Helsinki son los primeros casos de personas cuyas solicitudes han sido rechazadas tras la entrada en vigor de estos cambios legislativos, y se les denegó entonces la comida. Desde HRW se muestran preocupados por que esta “táctica” se instale a la hora de atender al resto de solicitantes que se encuentran actualmente en los centros de detención.
“A menos que el Gobierno cambie su táctica de privación de alimentos hacia las personas rechazadas por los nuevos criterios de admisibilidad, todas estas personas corren el riesgo de ser privadas de alimentos una vez que son rechazadas”, apunta Gall.
Una labor cada vez más difícil
La nueva denuncia sobre el trato de las autoridades húngaras a los refugiados llega en un momento en el que cada vez son más los obstáculos impuestos a las organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes en Hungría. Según ha explicado el Comité Helsinki, solo los abogados con una autorización especial pueden entrar en las zonas de tránsito, pero una vez allí deben dirigirse a un contenedor designado para poder entrevistar a los solicitantes.
Las mismas leyes aprobadas bajo el nombre de 'Stop Soros', en referencia al magnate estadounidense de origen húngaro George Soros, castigan con hasta un año un año de cárcel la prestación de servicios y el asesoramiento a migrantes y solicitantes de asilo. Primero, dicen las ONG, vino la retórica xenófoba, las férreas medidas antiinmigración y el rechazo a la acogida de refugiados en la Unión Europea. Después, los ataques contra quienes defienden sus derechos, centrados en responsabilizarles de su llegada y “demonizar” su actividad.
En este contexto, el Comité Helsinki, trata de seguir adelante con su labor, llevando casos como el de estos refugiados a la justicia europea. “Por supuesto, la propaganda del Gobierno contra los refugiados continúa y la ley solo está en vigor desde el 1 de julio. Nosotros continuamos con nuestro trabajo, siempre y cuando haya personas vulnerables que necesiten nuestra ayuda, como en este caso”, sentencia Simai.
