Los países ricos impiden que haya más control fiscal a las multinacionales en los países empobrecidos
La capital de Etiopía, Addis Abeba, ha puesto fin este jueves a una cita “histórica”, destacaban en las Naciones Unidas. Tras tres días de Cumbre de Financiación al Desarrollo en la ciudad, los países miembros han cerrado la nueva estrategia económica que sostendrá la cooperación al desarrollo hasta 2030. Finalmente, la propuesta de los países del G77 (estados empobrecidos y en desarrollo) y de la sociedad civil de crear un organismo de la ONU encargado de velar por una mayor justicia fiscal a nivel mundial, que evite la evasión y el fraude, ha caído en saco roto por la oposición de los países ricos.
“La cumbre ha sido una oportunidad perdida”, lamenta Fernando Contreras, representante de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España (Coordinadora ONGD) en Addis Abeba estos días. La Conferencia de Etiopía era una de las citas más esperadas de este año en el sector: fijaba cómo se va a financiar la cooperación al desarrollo a partir de 2015, cuando terminan los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) diseñados en el año 2000.
Los retos se miden en personas: la ONU ha destacado que desde 1990 cerca de 1.000 millones de personas salieron de la pobreza extrema gracias a los ODM. Pero aún hoy cerca de 800 millones siguen sumergidas en el hambre y gran parte de los objetivos fijados no se han completado. Por ello, la extinción de la pobreza más grave y el resto de metas de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) requieren más esfuerzos. Las discusiones previas a las reuniones superaban el debate de la ayuda de los países ricos, que se considera necesaria pero insuficiente. Las ONG y las regiones empobrecidas pedían más, un enfoque que cuestionara el modelo de inversión en estos países, los flujos de dinero que se escapan de sus arcas públicas y una relación económica con las grandes potencias que los perjudica.
En el documento final de la Cumbre no hay rastro de algunas de las “medidas más transformadoras”, coincide Pablo Martínez Osés, coordinador de la Plataforma 2015 y más. Mientras que el secretario general de la Conferencia de Adis Abeba, Wu Hongbo, calificaba el acuerdo de “punto de inflexión en la cooperación internacional”, para Martínez Osés la principal conclusión de la Cumbre es “el interés de los países ricos de preservar el statu quo”.
El G77 y las ONG sostuvieron su demanda de un organismo intergubernamental, dependiente de las Naciones Unidas, que velara por unos estándares internacionales de justicia fiscal y que acabaran con el fraude y la evasión fiscal, que perjudican especialmente a los países empobrecidos en su camino al desarrollo. Según los cálculos de Oxfam Intermón, “cada año los países en desarrollo pierden al menos 100.000 millones de dólares por abusos fiscales de grandes transnacionales, tanto por evasión y elusión fiscal como por los incentivos discrecionales condecidos a algunas grandes empresas”.
En 2011, “los flujos financieros ilícitos ocasionaron a los países en desarrollo pérdidas por valor de más de 630.000 millones de dólares, equivalente al 4,3% de su Producto Interior Bruto (PIB)”, indica un reciente informe del Parlamento Europeo.
Finalmente, en el documento se menciona el tema, pero según las ONG no está acompañado de medidas ambiciosas. “Nos aseguraremos de que todas las empresas, incluidas las multinacionales, paguen impuestos a los Estados en que se produzca la actividad económica y se cree valor, de conformidad con las leyes y políticas nacionales e internacionales”, figura en la redacción final del texto. Los países han apostado finalmente por el “fortalecimiento” de un Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional de la ONU –que ya existía–, para que incremente el diálogo con las autoridades nacionales. “Pero que no es como el nuevo organismo que se exigía”, critica Fernando Contreras.
Los principales actores en contra de un mecanismo independiente han sido “Estados Unidos, la Unión Europea y la OCDE”, indican Contreras y Martínez Osés.
Los países ricos mantienen el compromiso de ayuda
La necesidad de aumentar los recursos domésticos de los países empobrecidos para su propio desarrollo supone una de las principales conclusiones de la cumbre. El discurso de Gonzalo Robles, secretario general de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en Addis Abeba destacaba este aspecto: “España viene defendiendo de manera consistente que cada país es responsable de su propio desarrollo”.
El responsable enviado por el Gobierno reconoció los recortes en la Ayuda al Desarrollo en España –el país de la OCDE que más metió la tijera en esta partida en 2014–, pero apuntó que el país asume el compromiso de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a cooperación al desarrollo hasta 2030. Ahora invierte un 0,14%. La aportación del 0,7% era una de las promesas en la estrategia de cooperación hasta 2015 y solo la han cumplido cinco países: Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Suecia y el Reino Unido. “El 0,7% se debería pedir para ya, no para 2030, hay muchas personas que dependen de esa ayuda”, critica Fernando Contreras.
El secretario general de la Cumbre, Wu Hongbo, destacó el aumento del 0,15% al 0,20% de la ayuda destinada a los países más pobres. El representante de la Coordinadora ONGD recuerda que la demanda de las organizaciones era del 0,5%. La Unión Europea también ha acordado aumentar su inversión en estos estados: hasta un 0,2 % de su ingreso nacional bruto para 2030.
Entre las 100 medidas del documento, las Naciones Unidas han desatacado un nuevo mecanismo que facilitará la financiación de nuevas tecnologías para los países en desarrollo y, para los sectores que necesitan mayores inversiones –la energía, el transporte, agua y el saneamiento–, la creación del nuevo Foro Mundial de Infraestructuras.
En las organizaciones sociales concluyen que aún queda mucho para “conseguir mecanismos de gobernanza en materia de fiscalidad”, que toquen los intereses de las grandes corporaciones y los países ricos que dañan a los estados con más necesidades, pero admiten que la cumbre ha supuesto una oportunidad para la sociedad civil, antes inexistente, de “poner estos temas sobre la mesa y mostrar las contradicciones de los países”, afirma Pablo Martínez.
