Participantes vigilados, trabajadores explotados y miedo a hablar: la COP28 en Emiratos Árabes Unidos

La Cumbre del Cambio Climático de Naciones Unidas de este año no sólo tiene lugar en un país petrolífero, sino en un clima represivo en el que los derechos más básicos no están garantizados. Esto plantea interrogantes morales y también riesgos para los participantes, tal y como sucedió el año pasado en la COP27 en Egipto, donde no se permitió a algunos activistas climáticos asistir o manifestarse libremente. 

Antes de su arranque el día 30, Amnistía Internacional (AI) pidió a “todos los participantes presionar a Emiratos Árabes Unidos (EAU) para garantizar la participación plena, libre y justa de la sociedad civil, y para llevar a cabo reformas en el ámbito de los derechos humanos más allá de la COP28”. La secretaria general de la ONG, Agnès Callamard, añadió en un comunicado que esas reformas deben incluir la liberación de los disidentes políticos emiratíes y la eliminación de la vigilancia digital de todos los ciudadanos, entre otras cosas.

Según AI, al menos 64 ciudadanos permanecen encarcelados ilegalmente en EAU por sus opiniones políticas, la mayoría desde hace una década o más, después de que en 2012-2013 fueran juzgadas 94 personas por pedir reformas y un cambio democrático en esta federación de emiratos o principados autoritarios del Golfo Pérsico. Incluso los acusados que huyeron al extranjero han sido perseguidos por las autoridades emiratíes y algunas de las voces internas más críticas permanecen en la cárcel, como Ahmed Mansoor –condenado a diez años de cárcel en 2018 por acusaciones basadas en mensajes privados obtenidos a través del programa de espionaje Pegasus–.

Actualmente, no hay voces independientes en EAU, ni siquiera ecologistas, y tanto la libertad de expresión como la de manifestación o de asamblea no están reconocidas en el país. La legislación emiratí tipifica como delito las críticas al Gobierno y al Estado, las manifestaciones que “alteren el orden público”, la publicación de cualquier información que “dañe la moneda nacional” o cause “confusión” sobre la economía, el “daño a los intereses estatales” o la “violación de la moral pública”, entre muchos otros cargos que suelen emplearse contra los disidentes.

Los asistentes a la COP28, vigilados

Desde Human Rights Watch (HRW), alertan de que todos los que acuden a la COP28 en Dubái estarán sometidos a vigilancia electrónica a través de cámaras con reconocimiento facial, tráfico en Internet y monitoreo de las redes sociales. “Entendemos que todo el mundo, sea participante de la COP28 o residente en EAU, está sujeto a esa vigilancia”, afirma a elDiario.es Zach Campbell, investigador sénior sobre vigilancia de la ONG. Mientras, existe una vigilancia dirigida a “personas específicas”, que pueden ser consideradas sospechosas por las autoridades, y que puede conllevar “la interceptación de mensajes (privados) o el uso de spyware”, agrega.

“Si las personas no se sienten cómodas expresándose libremente y con la capacidad de criticar el Gobierno y manifestarse, eso perjudica mucho los objetivos de la COP28”, señala Campbell. Esos objetivos, entre los que está la participación de la sociedad civil, no están asegurados en un ambiente represivo y en un país con un largo historial de represión. Por ello, no es de extrañar que una de las principales ONG ecologistas del mundo, preguntada por elDiario.es, haya preferido no hacer declaraciones sobre este asunto mientras su equipo se encuentra participando en la COP28 “por razones de seguridad”.

HRW denunció el pasado mes de abril que los ponentes de una conferencia internacional sobre clima y salud en Abu Dabi –capital de EAU– fueron advertidos por los organizadores de “no criticar el islam, el Gobierno, empresas o individuos” durante sus intervenciones, tal y como desveló el periódico The Financial Times. Ese “mensaje escalofriante” hacía temer lo peor en los meses previos a la COP28, en los que las ONG expresaron sus temores por la persecución que podían sufrir los participantes antes, durante y después del evento. Campbell apunta que podría existir un “doble rasero para los que vengan de fuera, pero depende de las autoridades”, al igual que depende de ellas abrir más o menos un espacio para la libre expresión durante la Conferencia del Clima y cerrarlo cuando concluya o, incluso, perseguir a los que hayan aprovechado esa ventana de libertad.  

Al igual que ocurrió el año pasado durante la COP27 en la localidad de Sharm el Sheij, los activistas locales e internacionales trataron de aprovechar la atención mediática para denunciar algunos de los abusos y de las situaciones más injustas –como el encarcelamiento del bloguero e icono de la revolución egipcia Alaa Abdel Fattah–, pero después del evento y de que los focos se apagaran todo volvió a la brutal normalidad en el país de los faraones. Desde HRW, también han denunciado que EAU ha empleado la COP28 para mejorar su imagen y seguir adelante con sus planes de aumentar la producción y exportación de combustibles fósiles. La diferencia con Egipto es que, incluso antes del llamado ‘greenwashing’ (lavado verde) que conlleva ser el anfitrión de la Cumbre del Clima, Emiratos había conseguido fraguarse una imagen relativamente positiva de cara al exterior.

Sin embargo, hay indicadores que hacen pensar que la COP28 es aún peor que la COP27 para la sociedad civil. Sin ir más lejos, la Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción del Riesgo de Catástrofes (GNDR, por sus siglas en inglés) dijo estar preocupada porque “la asignación de insignias de la sociedad civil para la asistencia en persona a la COP28 ha disminuido significativamente en comparación con la COP27”. En un comunicado, dejó claro que “la asistencia virtual no sustituye a la asistencia presencial, especialmente para las organizaciones de la sociedad civil del sur global, cuyas voces necesitan ser escuchadas y cuyos representantes necesitan relacionarse con sus homólogos en los espacios políticos globales”. Precisamente, el sur global es el que sufre en mayor medida las consecuencias del cambio climático.

Trabajadores migrantes, los más afectados

El año pasado, el Mundial de fútbol de Qatar ayudó a arrojar luz sobre la situación de los trabajadores migrantes en este país y los demás del Golfo Pérsico e, incluso, a promover algunas reformas laborales. Sin embargo, antes de la COP28 apenas se ha hablado de los migrantes, que representan el 88% de la población en EAU y el grueso de la mano de obra en sectores como la construcción, la hostelería o los servicios, y sufren más que nadie los abusos y explotación, y las consecuencias del cambio climático en sus carnes.

Al igual que en Qatar, los migrantes han levantado las instalaciones que hospedan la Conferencia del Clima a las afueras de Dubái, en medio del desierto, donde están expuestos a altas temperaturas y a sus efectos sobre la salud; además, están sujetos al sistema de 'kafala' o tutela por parte de sus empleadores, lo cual limita de facto su libertad y les ata a condiciones de trabajo abusivas.

Según un informe de la ONG Equidem, que ha recogido testimonios de cientos de trabajadores en EAU entre febrero y marzo de este año, los abusos que sufren incluyen violencia en el lugar de trabajo, discriminación basada en su nacionalidad, explotación laboral, alojamiento y pago de dietas inadecuados, entre otros. La organización que defiende los derechos humanos y laborales ha documentado la situación, en concreto, de trabajadores de la Expo City Dubai (donde se desarrolla la COP28) y de proyectos de energías renovables en el país.

Entre los datos extraídos de su investigación, Equidem destaca que el 77% de los trabajadores del sector de las renovables se alojan en habitaciones con dos o tres veces más personas de su capacidad y que el 40% de los trabajadores entrevistados reconoce saltarse comidas, mientras que más del 80% no puede permitirse alimentos nutritivos y sanos. Los trabajadores africanos y asiáticos han emigrado por motivos relacionados con el impacto del clima en sus países de origen y encuentran trabajo en EAU “donde trabajan muchas horas con calor extremo”, denuncia Equidem, agregando que son por tanto víctimas del cambio climático en casa y en el extranjero.

“La ausencia de protección laboral fundamental y la no aplicación adecuada de leyes en EAU da lugar a una grave explotación laboral y dificulta el acceso a la justicia para los trabajadores migrantes”, afirma Equidem. “Estas cuestiones nacen de la falta de poder democrático para los trabajadores y se reflejan en otros ámbitos como la persecución de los defensores de derechos humanos, las restricciones a la libertad de expresión, la aplicación de leyes represivas, el abuso del sistema de justicia criminal y el maltrato de las mujeres y de la comunidad LGTBQI”.