El Gobierno de Rajoy sigue repitiendo como un mantra que los recortes y la contención del gasto público son la única salida a esta crisis, obviando que los problemas actuales tienen también una clara dimensión ambiental relacionada con nuestro sistema de producción, distribución, consumo y eliminación de residuos, y con las desigualdades en el acceso, uso y control a los recursos naturales en este mundo globalizado.
A los recortes en educación, sanidad, empleo, servicios sociales y cooperación, entre otros, se suma también el desmantelamiento de las políticas ambientales que, desde 2009, han sufrido un recorte presupuestario de un 70%. Los PGE de 2013, como ya han denunciado las organizaciones ecologistas, suponen prácticamente el abandono del medio rural y establecen cifras ridículas para prevención de la contaminación y el cambio climático, a pesar de que España es uno de los países europeos más afectados por el calentamiento global con graves consecuencias ya documentadas para sectores como la agricultura, el turismo, la producción vitivinícola, la pesca o la disponibilidad de agua.
La Plataforma Coalición Clima ha exigido a Susana Magro, directora de la Oficina Española de Cambio Climático, la puesta en marcha de medidas urgentes que impulsen un cambio en el modelo energético, de producción y consumo que suponga una reducción real en las emisiones de CO2, incluidas medidas legislativas sobre ahorro y eficiencia energética, movilidad sostenible y fiscalidad ecológica. El tirón de orejas al Gobierno por la ausencia de políticas ambientales en su programa de reformas también le ha llegado desde Bruselas. Además, la Comisión ha criticado el parón a las energías limpias impuesto por el Ejecutivo español y deja claro que las subvenciones al carbón son “ineficientes y perjudiciales para el medio ambiente”.
En el ámbito internacional, la crisis económica también sigue siendo la principal excusa para seguir relegando los temas socio-ambientales. La Cumbre de Río+20 volvió a escenificar la incapacidad de nuestros líderes mundiales para dar respuesta a las poblaciones que ya sufren los impactos del deterioro ambiental (incremento de la pobreza, escasez de agua y alimentos, migraciones…) planteando como solución la economía verde que, lejos de ser un avance, abre el campo a la mercantilización de los bienes naturales por encima de los derechos de las personas y la naturaleza. Tampoco las negociaciones de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, especialmente desde el estrepitoso fracaso de Copenhague, están aportando las soluciones esperadas para garantizar que la temperatura global no sufra un ascenso superior al límite de seguridad de 2ºC.
En España, la crisis debería plantearse como una oportunidad para reconvertir nuestro caduco modelo productivo y dejar atrás la lacra del ladrillo apostando por la I+D+i, las energías renovables y una gestión sostenible de los recursos naturales. Es insostenible seguir planteando modelos de crecimiento infinitos incompatibles con los ya científicamente demostrados límites ecológicos del planeta. Desde marzo de este año, España ha entrado en
deuda ecológica consumiendo más recursos -un 3,25% más- de los que genera anualmente nuestro territorio. Es urgente una transición real hacia un modelo de desarrollo que equilibre realmente medio ambiente, sociedad y economía como única vía para garantizar derechos humanos fundamentales como el acceso y la disponibilidad de agua, alimentos, energía, salud y vivienda, que muchas poblaciones, especialmente en países del Sur, siguen sin tener garantizados.
En cuanto al sector agrario hablamos de un sector estratégico fundamental para la alimentación y vital para el desarrollo económico y social del medio rural. COAG denuncia que los drásticos recortes afectarán especialmente a las ya de por sí castigadas pequeñas y medianas explotaciones. A la falta de apoyo público a los pequeños productores se une una crítica casi generalizada desde muchos sectores a políticas europeas como la PAC que como señala Jerónimo Aguado de Plataforma Rural ha desmantelado la agricultura a pequeña escala.
Alternativas sostenibles desde lo local
Mientras nuestros gobernantes siguen con su miopía política, las iniciativas ciudadanas afortunadamente van por delante y plantean desde diversos ámbitos propuestas transformadoras para construir un futuro basado en las personas y no en los intereses de los mercados. Diversas organizaciones sociales han unido sus voces para reflexionar sobre los retos que plantea el post Río+20 y apuestan por revalorizar las acciones positivas que desde lo local ya están generando cambios, para interconectarlas con los retos globales. Es una de las conclusiones que destaca también el informe “Millenium Project: el estado del futuro 2012”.
Gestionar nuestras actividades económicas de manera democrática y comprometida con nuestro medio natural y social es posible. En Amayuelas de Abajo (Palencia), el campesino Jerónimo Aguado de Plataforma Rural ha puesto en marcha un ecomunicipio donde la gestión integral del territorio se ha convertido en un excelente marco para crear empleos verdes, mantener la biodiversidad cultural de la zona, rehabilitar edificios y en definitiva devolver la vida a este pueblo, que como tantos otros en Castilla y León estaban prácticamente abandonados.
También son destacables algunas iniciativas como las Redes de Huertos Urbanos que en varias ciudades españolas, entre ellas Madrid, reúnen a diversos colectivos que se dedican a la agricultura ecológica en los espacios urbanos. Otras acciones trabajan por la recuperación de semillas tradicionales en la Sierra de San Vicente con el objetivo de recuperar la diversidad ecológica y la riqueza sociocultural de los pueblos de Castilla-La Mancha recuperando los saberes populares tradicionales. En la línea de promoción del libre intercambio de semillas, la activista india Vandana Shiva ha lanzado su campaña Seed Freedom con un objetivo claro: que los agricultores y agricultoras comercien con bancos de semillas locales, sin control de los mayoristas.
Todas estas iniciativas ciudadanas han asumido la interdependencia entre el bienestar de las personas y el bienestar del planeta, una asignatura pendiente por parte de nuestros gobernantes. Como decía el teólogo Leonardo Boff en la Cúpula de los Pueblos (reunión de movimientos sociales paralela al proceso negociador oficial de Río+20), “la peor crisis a la que tenemos que hacer frente es la crisis de valores en la que el individualismo se coloca por encima de los bienes comunes; tenemos que recuperar los valores de respeto, cuidado y cooperación como alternativa al modelo feroz”.