EEUU no persigue penalmente las torturas de la CIA desveladas hace un año por el Senado
El pasado 9 de diciembre, el Senado de Estados Unidos destapó la caja de los horrores. La cámara desclasificó un resumen sobre las técnicas de interrogatorio empleadas por la CIA a prisioneros durante la Administración Bush. El documento describía diferentes tipos de tortura, abusos mucho más brutales que los conocidos hasta el momento por la opinión pública. Un año después, Estados Unidos no ha iniciado una investigación penal de los malos tratos lo que puede sentar un precedente a que estas prácticas se repitan en el futuro, denuncia Human Rights Watch (HRW).
“Las alegaciones del Gobierno de Obama de que obstáculos legales impiden la investigación penal sobre la tortura a manos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) no son convincentes y amenazan con dejar un legado en el que la tortura es una opción política”, alerta la organización.
El informe 'No More Excuses: A Roadmap to Justice for CIA Torture' ('No más excusas: una hoja de ruta hacia la justicia para las torturas de la CIA') presenta a las autoridades estadounidenses varias medidas que puede iniciar para perseguir penalmente a los responsables de estos abusos.
Entre las prácticas figuraban la privación del sueño, posturas estresantes, frío, el uso de perros, música estridente y el ahogamiento simulado. Una de las técnicas que más impactaron tras la revelación del informe fue la denominada “rehidratación rectal” (o “alimentación rectal”). En el caso del preso Majid Khan, un informe detalla que hicieron un puré con “humus, pasta con salsa, nueces y pasas” para inoculárselo en el recto. El informe cita un documento de la CIA que dice que el preso Mustafa al-Hawsawi sufrió después “hemorroides crónica y fisura anal”.
HRW considera que “sin investigaciones penales, el legado de Obama quedará manchado para siempre”, apuntó Kenneth Roth, director ejecutivo de la organización. El informe detalla las obligaciones legales de EEUU de proporcionar “reparación a las víctimas de la tortura” y también sugerencias para que otros países emprendan también procesos penales sobre las torturas de la CIA.
Los argumentos del Departamento de Justicia estadounidense, que asegura que ya había investigado los abusos de la CIA en 2009 y concluyó que no había pruebas admisibles suficientes para presentar cargos, no son admitidos por la ONG. “La investigación examinó sólo los abusos de la CIA que iban más allá de las acciones 'autorizadas', en lugar de todas las torturas y malos tratos de la agencia”, apunta.
Bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que EEUU ratificó en 1988, los estados están obligados a investigar de manera creíble las denuncias de tortura y a entablar procesos legales en los casos en que esté justificado. Este es uno de los casos, denuncia la ONG, porque el informe del Senado “pone en evidencia que los funcionarios de la CIA sabían desde el principio que estas prácticas supondrían una violación de las leyes contra la tortura”.
Para llevar a cabo una investigación penal “creíble”, HRW considera necesario entrevistar a los exdetenidos, algo que apuntan no ocurrió en la de 2009. En su opinión, el Departamento de Justicia debería nombrar a un fiscal especial para llevar a cabo nuevas investigaciones que garanticen las entrevistas con todos los testigos pertinentes.
La prescripción de los delitos tampoco supone un problema: “La prescripción usual federal de cinco años no es un impedimento para los delitos de tortura y conspiración para torturar en los casos en que hay un 'riesgo previsible de que pudieran producirse lesiones físicas graves o la muerte', ni para ciertos cargos de abuso sexual”.
En el caso del preso Rul Rahman, detenido en Afganistán, las técnicas empleadas provocaron su muerte. En noviembre de 2002, un agente de la CIA ordenó que fuera “encadenado a la pared de su celda de forma que le obligaba a estar tumbado sobre el suelo de cemento”. El preso solo llevaba una prenda de ropa a pesar del frío porque no había colaborado en el interrogatorio. Al día siguiente, había muerto de hipotermia.
La falta de condena supone un peligro, teme el informe. “Si EEUU, con su democracia establecida y su sistema político estable, puede incumplir su obligación legal de procesar la tortura, socava el respeto por el imperio de la ley en todo el mundo”, dijo Roth.
