Carola Rackete es la capitana del Sea Watch que decidió llevar al puerto de Lampedusa a 40 migrantes que había rescatado en el Mediterráneo. Sabía que se jugaba la cárcel, conocía las amenazas del viceprimer ministro y ministro del Interior, Matteo Salvini, el líder de la extrema derecha de la Lega.
La Fiscalía de Agrigento había abierto una investigación contra la capitana por presunta colaboración con el tráfico de personas, y la capitana del Sea Watch fue detenida en cuanto atracó para desembarcar sin permiso a 40 personas rescatadas.
Lleva en arresto domiciliario desde el sábado, y este martes, en la constitución del Parlamento Europeo en Estrasburgo, los eurodiputados de la Izquierda Unitaria (GUE), entre los que se encuentran los de Podemos –María Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva y Miguel Urbán–, IU –Sira Rego y Manu Pineda– y Syriza, han mostrado carteles en su apoyo.
Un estudio reciente de la Plataforma Social de Investigación sobre Migración y Asilo (ReSOMA), que agrupa a investigadores y expertos en la temática, ha puesto cifras al fenómeno, que no solo afecta a miembros de tripulaciones que rescatan a personas en el mar, voluntarios o activistas, sino también a médicos, periodistas, representantes políticos, líderes religiosos y ciudadanos de a pie.
Según sus datos, entre 2015 y mayo de 2019, al menos 158 personas han sido investigadas o procesadas en 49 casos por ofrecer asistencia humanitaria a migrantes y refugiados a lo largo de 11 países europeos. La gran mayoría de los casos tuvieron lugar en Grecia e Italia.