La emergencia del Aquarius evidencia la dejadez de los gobiernos europeos ante la crisis de los refugiados

Lo que para muchos era una “vergüenza” o un incumplimiento de la legalidad internacional, para el ultraderechista Salvini es una “victoria”. El ministro de Interior de Italia lanzó un pulso a la Unión Europea con 629 personas como rehenes, anclados en el medio del Mediterráneo a la espera de un lugar seguro donde atracar. El nuevo Gobierno español recibió la oferta del Ayuntamiento de Valencia y otros municipios y actuó en defensa de quienes esperaban en el Aquarius: “Es nuestra obligación ofrecerles un puerto seguro”, anunció Pedro Sánchez.

Las palabras de Salvini dan cuenta de su estrategia, pero también del contexto donde nace. “Hemos abierto un frente de discusión para una nueva política de inmigración a nivel continental, pero no se cierra hoy el partido”, añadió el líder de la Liga tras el anuncio del presidente español. “Lo que ha sucedido es un primer paso muy importante y una señal de que Italia no puede sostener este peso en solitario”.

La decisión de cerrar sus puertos a un barco cargado de personas rescatadas, en contra del derecho marítimo internacional, coincide con dos fechas destacadas: la celebración del pasado domingo de las elecciones municipales italianas, en las que la Liga ha obtenido buenos resultados, y la proximidad de un nuevo Consejo Europeo.

Los próximos 28 y 29 de junio, los jefes de Estado de la UE debatirán una de las medidas más cuestionadas a lo largo del discurso de Salvini, la más repetida en su justificación de su rechazo al Aquarius: el Reglamento de Dublín, que rige la responsabilidad de cada Estado miembro en la acogida de refugiados.

Un momento clave: la reforma de Dublín

Según el Reglamento de Dublín, el Estado miembro responsable de la acogida de un solicitante de asilo es el primer país donde hayan quedado registradas sus huellas dactilares, lo que deja la responsabilidad sobre Italia, Grecia y España debido a su posición geográfica.

El fracaso de este sistema quedó en evidencia durante la crisis de 2015, cuando centenares de miles de migrantes abandonaban Grecia y continuaban su ruta hacia otros países del norte de Europa. Entonces, el debate sobre la reforma de la Convención de Dublín tomó fuerza. A día de hoy, los avances no son muy alentadores.

La falta de posiciones comunes se materializó durante la reunión del pasado martes, en la que de nuevo cada Estado miembro defendía sus propios intereses sin alcanzar un consenso en la creación de un sistema de reparto basado en unos indicadores más solidarios.

Algunos como España, Italia o Grecia se han opuesto al primer borrador propuesto por Bulgaria, que ostenta la presidencia de turno de la UE, al entender que no asume los suficientes compromisos con los países receptores. Otros han mostrado su oposición porque prefieren no asumir mayores responsabilidades en la acogida.

Este año, 13.706 personas han llegado a Italia de forma irregular. En la actualidad, se trata de la principal ruta migratoria a la Unión Europea, a pesar del fuerte descenso registrado tras el criticado acuerdo alcanzado con las milicias libias. El Mediterráneo Central también es el camino más mortífero, a lo que se suma la peligrosidad ligada a su paso por Libia, donde los abusos contra la población migrante podrían ser calificados como crímenes contra la humanidad, según advirtió la ONU. Al menos 792 personas han fallecido en su intento de alcanzar las costas italianas en 2017.

El abandono de Italia: de Lampedusa al Aquarius

La sensación de abandono con respecto a la acogida de migrantes, a la que se aferra Salvini para expandir su discurso ultraderechista, encuentra la raíz mucho antes de la llamada “crisis de refugiados”. Tras la tragedia de Lampedusa, el Gobierno de Italia, con Angelino Alfano como ministro del Interior, lanzó de forma independiente un operativo de salvamento y rescate, Mare Nostrum, que rescató a 189.741 personas en 2014.

Durante cerca de un año, el Gobierno italiano solicitó a la Unión Europea fondos o medios suficientes para mantener esta labor de salvamento, pero nunca llegó a recibirlos. Su coste oscilaba en torno a los 114 millones de euros. El Ejecutivo de Italia se vio empujado a suspenderla ante la falta de fondos.

La socióloga experta en inmigración internacional Amparo González sostiene que el “abandono” sufrido por Italia en materia de inmigración es clave para comprender cómo ha acabado calando el discurso ultraderechista de Salvini entre la población italiana.

“Estuvieron solos. La Marina salvaba a gente por miles. Incluso con un gobierno de coalición. En esas circunstancias no dejaron de acoger, de buscar acuerdos con las ONG, ayuntamientos...”, recuerda. “No es solo el desembarco, la gente tiene que ser acogida, y se hizo una gran inversión. Junto con Grecia, Italia ha asumido el grueso de las llegadas”.

En sustitución de esta misión de rescate, los Estados miembro apoyaron la creación de Tritón, una nueva operación coordinada por la Agencia Europea para la Gestión en las Fronteras (Frontex). Sus diferencias evidenciaban el vacío dejado tras la retirada de Mare Nostrum. Mientras esta tenía un radio de actuación que alcanzaba la frontera de las aguas internacionales, Tritón operaba dentro de un radio de 30 millas desde la costa italiana.

“La falta de apoyo de Mare Nostrum fue un hecho definitivo”, sostiene González. “Gente de diferentes ideologías asumía en Italia que Europa se había quitado la careta con esto. Se sentían abandonados”, apunta González.

En 2015, con centenares de personas atravesando el Egeo en su intento de alcanzar las islas griegas, la Comisión Europea defendió la creación de un sistema de reubicación para poner parches a reglamento de Dublín. La propuesta establecía un primer cupo de unas 40.000 personas para ser distribuidas por todos los Estados de forma obligatoria. No hubo acuerdo. A España le correspondían alrededor de 3.000 personas, pero el Ejecutivo de Rajoy se negó a apoyar un compromiso vinculante.

Meses después, con la foto del pequeño Aylan resonando en las conciencias europeas, la Comisión Europea lo intentó de nuevo con una propuesta más ambiciosa pero que, según las ONG, tampoco solucionaba la difícil situación de acogida de Grecia e Italia. Un total de 160.000 personas deberían ser trasladadas desde ambos Estados a otros países comunitarios. El acuerdo salió adelante, con el rechazo de los países del Este. Tres años después, solo un 21% de las plazas comprometidas han sido ocupadas.

“El discurso de la solidaridad ha fracasado en gran medida porque, ante una parálisis total de la UE y la falta de apoyo, es difícil convencer a una sociedad del supuesto argumento comunitario de la solidaridad y el reparto de responsabilidades”, valora la socióloga. “No sorprende este desenlace”.

“Una bola que se ha hecho gigante”. Es la descripción esbozada por la jefa de misión del buque de rescate Open Arms, Anabel Montes, recientemente acusada de tráfico ilegal de personas por su labor de salvamento en la ONG catalana. “Italia se gastó millones de euros en rescatar a gente, piden ayuda a Europa y les dicen: 'No, es vuestro problema'. Es culpa del Gobierno italiano, pero sobre todo del resto de Europa que les ha cerrado las puertas y les ha dejado solos”.