Francia eleva a 74.603,14 euros diarios la multa que cobra a España por guardar residuos nucleares
Francia ha elevado a 74.603,14 euros diarios la penalización que cobra a España desde el 1 de julio de 2017 por custodiar en La Hague (Normandía) los residuos de la central nuclear Vandellòs I (Tarragona) que no han podido regresar a suelo español por el retraso en la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad.
La cifra, recogida en la última memoria anual de la empresa estatal Enresa, ha sido revisada al alza “como resultado de aplicar determinados índices de actualización previstos en el acuerdo” suscrito entre España y Francia en 2011 y supera en más de un 2% los 73.000 euros diarios a los que, según dijo hace un año el entonces Ministerio de Energía, iba a ascender esa penalización.
Con la calculadora en la mano, esos 74.603,14 euros diarios implican que en agosto España habrá pagado a Francia más de 30 millones en poco más de un año por el retraso del ATC que el anterior Gobierno decidió ubicar en Villar de Cañas (Cuenca) a finales de 2011. El presidente de Enresa, Juan José Zaballa, explica en la memoria de la empresa que la multa es “el efecto más evidente” del retraso en la construcción del almacén, “aunque no el más relevante desde un punto de vista económico”.
Zaballa, que previsiblemente será cesado en breve por el nuevo Gobierno, subraya que “estas penalizaciones finalizarán con la llegada del último transporte de estos residuos radiactivos a España, tras lo cual serán reembolsadas a Enresa, descontándose los costes de almacenamiento incurridos” desde el 1 de octubre de 2015.
El problema es que hoy por hoy no hay ATC, ni se le espera, y todas las centrales tienen ya (o están construyendo) sus propios almacenes temporales ante la próxima saturación de las piscinas que los custodian. Empantanado en los tribunales, el almacén no ha empezado ni a construirse, ni tiene los permisos necesarios del Consejo de Seguridad Nuclear y Medio Ambiente (ahora Ministerio para la Transición Ecológica).
Con un nuevo Ejecutivo que apuesta por cerrar las nucleares cuando cumplan 40 años (la última se clausuraría, en principio, en 2028), España tiene numerosos deberes en esta materia: debe actualizar un plan de gestión de residuos radiactivos que data de 2006, lo que ha motivado un expediente de infracción en Bruselas que puede acarrear una sanción millonaria.
Ante el posible apagón nuclear, la ministra Teresa Ribera resumía así la situación esta semana en su debut en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso: “Si no sabemos cuánto cuesta almacenarlos, cómo y donde se gestionan [los residuos], es un poco simplista pensar en una estimación razonable del coste de cerrar las centrales”.
Más de 530 millones
Desde la clausura en 1989 de Vandellòs I por un incendio, España ha tenido que abonar a Francia más de 530 millones por quedarse con la basura radiactiva de esa central. Tras su cierre, firmó un primer acuerdo con Cogema (a la postre Areva, hoy Orano), fabricante del reactor, para la custodia y reprocesamiento del combustible (uranio enriquecido) a cambio de unos 250 millones que sufragaron los consumidores mediante un recargo en el recibo de la luz del 0,7%.
Ese primer acuerdo fijaba como primer plazo para traer los residuos el 31 de diciembre de 2010. Se incumplió y Enresa empezó a abonar una penalización de unos 65.000 euros diarios hasta que en octubre de 2012 suscribió una adenda al convenio original. A cambio de retrasar la devolución hasta junio de 2017 y recuperar las penalizaciones diarias devengadas hasta entonces, se comprometió a abonar 213 millones más que incluían el encargo a Areva de cuatro contenedores para el transporte y almacenamiento de los residuos hasta Villar de Cañas.
Tareas todas a cargo del insuficiente Fondo para la Financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos que gestiona Enresa, que debe sufragar también el ATC, el desmantelamiento de las nucleares y la gestión de sus residuos y que a cierre de 2017 alcanzaba una dotación de 5.326 millones, un 6,1% más.
En 2016, el Tribunal de Cuentas cuestionó el sistema de financiación de este fondo, al que en el sector hay quien define como “un esquema Ponzi”, y advertía de un “déficit” de 1.486 millones a junio de 2014. Denunciaba el tribunal que los tipos de gravamen que entraron en vigor en enero de 2010, cuando empezó a ser financiado por las eléctricas, no se habían actualizado pese a las desviaciones de costes con respecto a las previsiones.
En enero, el entonces ministro Álvaro Nadal llegó a anunciar en el Congreso la intención del Gobierno de tramitar una proposición de ley (que no llegó a ver la luz) para traspasar a las eléctricas la responsabilidad de las actividades de desmantelamiento de las centrales nucleares.
En 2017, los ingresos de Enresa (fundamentalmente la tasa que recibe por el kWh nuclear producido por las eléctricas) fueron de 390,4 millones, frente a 395,4 millones de un año antes, y su resultado de explotación cayó hasta 180,7 millones (257,4 millones en 2016).
La tasa que pagan las eléctricas está ligada a la producción de energía de cada central: dejan de pagarla desde el momento en que no generan electricidad. Y en el sector creen que bajo la actual regulación, esas desviaciones correrán a cargo del Estado o el consumidor de electricidad.
El coste de desmantelar las nucleares es en buena medida una incógnita. Como dice Enresa en su memoria, Garoña “consolidará” a esta sociedad estatal “como una de las empresas con mayor experiencia en este campo en el mundo”. Y la experiencia de Zorita invita a pensar que habrá desviaciones al alza.
