El Gobierno evita enfadar a las eléctricas y no concreta sus propuestas para la gran reforma del sector

El Gobierno ha tirado de pragmatismo ante la escalada del recibo de la luz y, para ponerle freno, ha optado por una medida de aplicación inmediata, la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, que tiene visos de salir adelante pese a la precaria mayoría parlamentaria del PSOE y que va a ser bien vista por las grandes compañías del sector, muy críticas con ese gravamen desde que el Ejecutivo de Mariano Rajoy lo puso en marcha.

Mientras, el Ejecutivo va a dejar para “antes de fin de año” la presentación de las líneas maestras de la “imprescindible” gran reforma “estructural” del sector eléctrico, en expresión de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La decisión de suspender (siquiera temporalmente) el impuesto del 7% a la generación, anunciada por Ribera en su esperada comparecencia en el Congreso de este miércoles, se traducirá, según explicó la ministra a la prensa, en un ahorro de entre el 2,5% y el 4% en la factura media de los usuarios domésticos y de entre el 5% y el 5,5% para los grandes consumidores.

En números redondos, el consultor y experto en el sector Francisco Valverde calcula que supondrá una reducción de 1,5 euros en la factura mensual de un hogar medio, hasta unos 69 euros.

El tributo suspendido fue introducido en la reforma eléctrica del Gobierno de Mariano Rajoy en diciembre de 2012 para intentar embridar el déficit tarifario. Grava con un 7% el valor de la generación de todas las centrales y aporta al sistema eléctrico (no financia las arcas públicas) unos 1.700 millones anuales.

Según Ribera, su “reducción a tipo prácticamente cero” servirá para “aliviar la factura del consumidor” en un “momento excepcional”. Su eliminación ya la propuso el pasado lunes el PP, lo que en principio garantiza que salga adelante, y será bien recibida por las grandes eléctricas, que lo recurrieron sin éxito en los tribunales hasta que el Tribunal Constitucional lo avaló en julio pasado.

Según la ministra, se trata de una medida que impactará “de manera directa y rápidamente sobre el consumidor final y la industria” y supone un aperitivo “hasta tanto podamos afrontar una propuesta con visión de conjunto” para reformar el sector eléctrico de forma “sosegada”. 

La medida, un “parche” y “demasiado de mínimos”, en palabras del portavoz de Podemos, Josep Vendrell, estaba sugerida en el documento de expertos para la transición energética que asesoraron al PSOE cuando estaba en la oposición y que coordinó la propia Ribera, que criticaba “la introducción de impuestos a la generación que en realidad se traspasan al consumidor en forma de mayores precios”.

Sin concreción

En su comparecencia, Ribera eludió concretar hasta dónde va a llegar esa reforma “estructural” del mercado eléctrico. Sí dejó caer la ministra que el modelo marginalista del mercado mayorista, en el que todas las tecnologías cobran el precio que marca la última central que permite casar oferta y demanda, no funciona adecuadamente porque manda “señales” equivocadas y es “poco llevadero desde el punto de vista de los costes de la economía española”.

Ribera recordó que este modelo se implantó “para un sistema muy diferente al actual” (en el que no había renovables ni centrales de gas) y actualmente provoca “situaciones muy absurdas”, como que tecnologías con un coste variable prácticamente nulo (como la hidráulica y la éolica) acaben fijando el precio mayorista la mitad de las horas.

Sin embargo, Ribera no adelantó si propondrá alguna medida para hacer frente a los denominados “beneficios caídos del cielo”, como le pidió el portavoz de Podemos, Josep Vendrell, que incluso le preguntó por una de las propuestas que ha barajado el ministerio en las últimas semanas, la de imponer a un precio fijo a las tecnologías históricas (nuclear e hidráulica), como hace Francia con la nuclear. Ribera no contestó.

La ministra sí se refirió a la posibilidad de rebajar el IVA de la electricidad, una demanda de asociaciones de consumidores como Facua y que reclaman Podemos y Ciudadanos, y cuya implantación dependería del Ministerio de Hacienda. Señaló que resulta “contraintuitivo pensar que el consumidor vulnerable pueda pagar un 21%” de IVA, pero subrayó que se trata de un “ingreso comunitario” y que una modificación “requiere una tramitación distinta y contando con las autoridades europeas”. “Las experiencias de otros países comunitarios no son sencillas”, añadió. 

El IVA asociado a la electricidad permite a Hacienda recaudar unos 7.000 millones al año. Bajarlo al 4%, según Facua, ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales y permitiría “garantizar que el suministro eléctrico posea un coste equiparable al de un servicio básico y no al de un suministro de lujo”. Ese tipo del 4% no se aplica en ningún país europeo, aunque España (que aplica el tipo general del 21%, cuando en 2010 era del 16%) está en la parte alta, solo por debajo de Portugal y los países nórdicos.

En Reino Unido o Malta, el IVA eléctrico está en el 5%; en Irlanda está en el 13,5% y en Italia, en el 10%, y hay países europeos que aplican tramos distintos en función del nivel de renta. Sin embargo, el Gobierno ha rechazado la posibilidad de una rebaja en una reciente respuesta parlamentaria. Considera que “podría falsear considerablemente las decisiones acerca de una combinación óptima de fuentes energéticas y el nivel óptimo de consumo”. 

En el marco del “plan de choque” que aprobará el Consejo de Ministros “en las próximas semanas” para contener el recibo y proteger a los consumidores más vulnerables, Ribera también anunció su intención de aprobar otra medida ya anunciadas, como la supresión del impuesto al sol, y su intención de dar “continuidad” al actual sistema de bono social eléctrico.

El modelo vigente expiraba el próximo 8 de octubre, lo que amenazaba con dejar fuera de esos descuentos del 25% a 1,8 millones de clientes. Además, el Gobierno va a ampliar el ámbito de actuación de este mecanismo de protección incrementando los límites que dan derecho al descuento, incluyendo entre los beneficiarios a las familias monomarentales y ampliando la protección para las personas mayores.

El Gobierno también va a extender este sistema de protección a la calefacción, con un nuevo bono social “térmico” que se aplicará al gas y a otros combustibles utilizados para calentar el hogar, como pellets de estufas de combustión, por ejemplo. A más largo plazo, la ministra anunció que presentará antes de 6 meses una estrategia nacional de lucha contra la pobreza energética, que en 2016 afectaba a un 11,6% de la población española.