Trabajo alcanza un preacuerdo con patronal y sindicatos para alargar los ERTE hasta finales de junio

El Ministerio de Trabajo ha alcanzado un principio de acuerdo con los sindicatos y la patronal en el diálogo social para prolongar los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) más allá del estado de alarma. En concreto, hasta el 30 de junio, según ha adelantado El País y ha confirmado eldiario.es. Este límite podría prorrogarse más adelante si así lo acuerda el Gobierno. Los empresarios y los sindicatos llevan este viernes ante sus órganos de dirección el preacuerdo, al que ha tenido acceso este medio. 

CEOE ha convocado a su Comité Ejecutivo a una reunión a las 9.00 horas de este viernes. Todas las cautelas son pocas en la parte de los empresarios, que subrayan que hasta que no se conozca el resultado de esta reunión no hay nada definitivo.

La patronal es la que más peros ha puesto al principio de acuerdo que se negoció ayer jueves durante horas, hasta la noche. Como han expresado públicamente en CEOE y Cepyme, algunas de las principales reticencias se centran en la obligación de mantenimiento del empleo durante seis meses tras los ERTE, entre otras cuestiones.

Además, la exclusión de la prolongación de los ERTE a las empresas con su domicilio fiscal en territorios calificados como paraísos fiscales también generó una dura negociación con la patronal, explican fuentes del diálogo social. 

Por la parte sindical, UGT también celebrará un comité confederal para dar el visto bueno al borrador, al igual que CCOO que reunirá a su ejecutiva a las 11 de la mañana.

Reunión de horas hasta la noche

Tras varias semanas de encuentros, finalmente anoche CEOE, Cepyme, CCOO y UGT alcanzaron este principio de acuerdo con el Ministerio de Trabajo tras una reunión que duró casi 12 horas, en la que estuvo al frente de Trabajo el secretario de Estado Joaquín Pérez Rey. 

Ayer, había convocada a las 20h una reunión de alto nivel entre los líderes de los sindicatos y las patronales con varios ministros del Ejecutivo (la que preside cada semana la vicepresidente Nadia Calviño), pero se suspendió debido a que esta mesa de diálogo de nivel más técnico no había alcanzado aún el principio de acuerdo.

Calviño afirmó al principio de la tarde en el Congreso que confiaba en que el pacto se sellara el jueves con los agentes sociales para poder plasmarlo en el Consejo de Ministros este viernes en un real decreto-ley. Esta posibilidad no se descarta del todo, pero se ha complicado por los tiempos.

Los ERTE se extienderían hasta el 30 de junio

El preacuerdo que alcanzaron ayer las partes supone que los ERTE por fuerza mayor, que a día de hoy decaen con el estado de alarma, se prolongarían hasta el 30 de junio en algunas circunstancias en las que las empresas no pudieran retornar a la actividad debido a la crisis de la COVID-19, ya sea de manera total (para el total de la plantilla en el ERTE) o parcial (en el caso de que parte de los trabajadores sí pudieran reincorporarse a sus puestos o retomar sus jornadas habituales).

La extensión de los ERTE por fuerza mayor era una de las principales reclamaciones de los sindicatos y los empresarios al Gobierno. Los agentes sociales aseguraban que mantener el apoyo público a estos expedientes, que alcanzan por el momento a 3,1 millones de trabajadores y 530.000 empresas, era fundamental para evitar la destrucción de empleo y garantizar la supervivencia de las empresas en la salida de la crisis derivada de la emergencia sanitaria.

Los ERTE permiten suspender temporalmente los contratos de trabajo o reducir las jornadas a los empleados durante la vigencia del expediente. En los ERTE por fuerza mayor regulados por el Ejecutivo para esta crisis, los trabajadores tienen derecho a la prestación de desempleo aunque no hayan cotizado el mínimo para ello y, además, estos meses no les descuenta su derecho generado a paro de cara al futuro (lo que se conoce como ‘contador a cero’). Para los empresarios, la medida supone la exención del pago de las cotizaciones sociales: del total para las empresas de menos de 50 trabajadores y del 75% para las empresas a partir de ese número de empleados.

El Gobierno amplió las ventajas en la prestación por desempleo a los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) motivados por la crisis del coronavirus, aunque en estos las empresas sí deben abonar las cotizaciones sociales a la Seguridad Social. Según las cifras hasta el 30 de abril, estos expedientes han alcanzado a unos 312.00 trabajadores y 30.000 empresas.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, así como otros miembros del Gobierno como el ministro José Luis Escrivá y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ya habían expresado su voluntad de adaptar los ERTE a la recuperación de la economía. La clave pasaba por hasta dónde iba a seguir apoyando el Estado esta herramienta, que supone una merma de los ingresos de la Seguridad Social.

Exclusión de las empresas en paraísos fiscales

El preacuerdo alcanzado ayer, y que puede sufrir todavía cambios, establece que las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales no podrán prolongar los ERTE.

Además, si las compañías alargan sus expedientes gracias a este nuevo decreto-ley, no podrán repartir dividendos durante el ejercicio fiscal en el que han aplicado los ERTE, excepto si devuelven el dinero correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la Seguridad Social. 

El documento también define cómo se hará la desescalada en la exoneración de cuotas a las empresas y hasta dónde llegarán las condiciones más ventajosas en la cobertura por desempleo. El 'contador a cero' y la garantía de la prestación de desempleo ante no se tenga el mínimo cotizado se alargarían hasta el 30 de junio. Para los trabajadores fijos discontinuos, muy numerosos en el sector turístico, la mayor protección por desempleo ya acordada se extendería hasta el 31 de diciembre, de salir adelante este principio de acuerdo. 

Respecto a la exoneración de cuotas, si las empresas se ven imposibilitadas para retomar su actividad hasta el 30 de junio, las exenciones se mantendrían como hasta ahora: completa para las compañías de menos de 50 empleados y del 75% para las que superen ese nivel de plantilla.

En el caso de que las empresas puedan comenzar a funcionar parcialmente en mayo y junio, de manera que saquen del ERTE a un grupo de trabajadores, las exenciones se reducirían, con más apoyo para las pequeñas empresas.

Para las compañías de menos de 50 trabajadores, el Estado cubriría el 85% de las cotizaciones sociales en mayo y el 70% en junio de los empleados que reinicien su actividad. Respecto a los trabajadores que permanezcan todavía en el ERTE, los fondos públicos sufragarían el 60% de las cotizaciones sociales que debe pagar la empresa en mayo y el 45% de las correspondientes a junio. 

En las empresas de 50 o más trabajadores, el Estado pagaría el 60% de las cotizaciones de mayo de los empleados que retomen la actividad y el 45% de las correspondientes a junio. Además, se exoneraría a las compañías de pagar el 45% de las cuotas de mayo y el 30% de las de junio de los empleados que sigan en el ERTE.