La Oficina de Conflictos de Intereses sólo ha vetado el paso al sector privado de dos altos cargos en diez años
La Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, solo ha dictado dos resoluciones de incompatibilidad en la última década para ex altos cargos del Gobierno que querían incorporarse al sector privado durante los dos años siguientes a su cese, según datos obtenidos de una petición de información enviada por eldiario.es a través del Portal de Transparencia.
Durante el mismo periodo, 194 altos cargos recibieron el permiso de esta entidad para realizar actividades privadas en cotizadas españolas, empresas de armas y compañías del Ibex.
La ley de regulación de altos cargos aprobada en 2006 establece que cuando estos últimos quieran prestar “servicios en entidades privadas afectadas por decisiones relacionadas con el cargo desempeñado” durante el periodo de dos años tras el cese “deben solicitar y obtener la autorización” del Gobierno. La Oficina es la encargada de fiscalizar las actividades privadas de los altos cargos que han cesado de sus responsabilidades.
La entidad solo halló incompatibilidad con el nuevo puesto privado en dos ocasiones durante los últimos diez años: los casos de Lourdes Arana y Alfonso Martinell.
Lourdes Arana, ex directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), recibió la negativa del Gobierno para incorporarse como directora en la Universidad privada de Deusto. La Oficina determinó que la nueva actividad era contraria a la ley de conflicto de intereses, ya que la FECYT había adjudicado a la universidad cuatro contratos por 14.000 euros y una ayuda de 20.000 durante su periodo como máxima responsable de la entidad pública.
Nombrada en mayo de 2009, durante el mandato de Cristina Garmendia como ministra de Ciencia (e Innovación), Arana sí recibió el permiso para constituir su propia empresa de consultoría.
Alfonso Martinell fue director general de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia de Cooperación Española (AECID), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, entre 2004 y 2008. En enero de 2009, solicitó la autorización para firmar un contrato de servicios con la Fundación Carolina, de naturaleza público-privada.
El Gobierno resolvió que ese contrato era incompatible ya que los ex altos cargos no pueden “celebrar contratos de asistencia técnica o de servicios con las Administraciones Públicas” durante los dos años siguientes a su cese. Sin embargo, la Oficina sí le autorizó a firmar un contrato para la producción de materiales didácticos con la AECID, la agencia de cooperación donde fue director general.
“A rajatabla”
Fuentes del Ministerio de Hacienda defienden que el organismo “cumple a rajatabla” la Ley de Altos Cargos y aseguran que sus resoluciones se basan en los informes de los organismos competentes. Apenas el 0,5% (2 de 363) de las resoluciones referidas a altos cargos que querían realizar “actividades privadas” tras su cese vetaron el fichaje por el sector privado desde su creación en 2006.
Un informe del Tribunal de Cuentas ya denunció este año el funcionamiento interno de la Oficina, al asegurar que no estaba cumpliendo con los objetivos con los que fue creada. El documento, que analiza la fiscalización del organismo entre 2012 y 2014, critica que la Oficina se limitó a solicitar aclaraciones a los ex altos cargos sobre sus declaraciones de bienes y actividades pero “no desarrolló las facultades que le atribuye la ley para verificar e investigar” la información declarada.
Evolución trimestral del número de autorizaciones firmadas por la Oficina de Conflicto de Intereses
El informe también denuncia que durante ese periodo no se tramitó ni conoció denuncia alguna sobre presuntos incumplimientos de la ley de incompatibilidades. “Está claro que cabe una interpretación más estricta de la ley”, opina Marcos Vaquer, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III. “Otra cosa es que la Oficina de Conflicto de Intereses no quiera hacerlo de esa manera”, opina.
La independencia del organismo también está en entredicho. Expertos y catedráticos en Derecho Administrativo pidieron en el Congreso dotarla de mayor independencia. “¿Qué autonomía vas a tener si estás inserto en la estructura jerárquica de un Ministerio?”, critica Vaquer, que formó parte del grupo de expertos universitarios. Entre las soluciones propuestas, destaca la adscripción del organismo al Congreso o al Consejo de Transparencia.
En 2006, cuando se aprobó la ley y se creó la Oficina, la corrupción solo estaba entre los tres principales problemas de España para un 0,6% de los españoles. Casi diez años después, la percepción de este problema ya se encuentra en el podio para casi la mitad de la población española: más de un 40% lo ve entre los tres principales problemas del país.
Aunque la nueva ley de altos cargos, aprobada en 2015, actualizó la anterior, no contenía ningún cambio relevante. Las autorizaciones para altos cargos se siguen limitando a los dos años siguientes tras el cese, la Oficina sigue dependiendo del Gobierno y los supuestos de incompatibilidad no se han endurecido. “Es verdad que la ley es mejorable, pero sigue dejando un margen de interpretación y se podría aplicar de manera más estricta”, sentencia Vaquer.
Autorizaciones con polémica
Entre las autorizaciones concedidas por la Oficina en los últimos diez años están los casos de siete ex altos cargos de Defensa que fueron autorizados a trabajar para empresas de armas tras su cese, como publicó eldiario.es. Esas compañías de armamento percibieron 3.680 millones de euros en adjudicaciones de Defensa durante el periodo en el que desempeñaron puestos de alta responsabilidad en el Ministerio.
La Oficina no halló ninguna incompatibilidad en trabajar para una empresa de armas justo después de ser alto cargo en el departamento de Defensa. Una cuestión denunciada por Compromís, que ha pedido explicaciones al Gobierno en el Congreso. Denuncian un posible caso de “puertas giratorias” de ex altos cargos del Ministerio de Defensa y piden saber el motivo por el que se habrían autorizado.
