El nuevo abogado general del Estado, Eugenio López Álvarez, ha lanzado varios avisos sobre las millonarias indemnizaciones que reclaman decenas de inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por los recortes a las energías renovables en España. “La cuantía reclamada supera los 7.000 millones de euros”, según López Álvarez, que reclama “una estructura administrativa dotada de forma proporcionada a la importancia de los intereses en litigio”.
Es la primera vez que un representante del Estado facilita una estimación sobre el importe de las indemnizaciones que reclaman los afectados. La cifra que avanza el responsable de la Abogacía del Estado supera la mayoría de previsiones. Está recogida en una entrevista publicada en el último número de la revista de la Asociación de Abogados del Estado.
En la entrevista, López Álvarez recuerda que “desde el año 2012 la Abogacía del Estado ha asumido la llevanza de los arbitrajes internacionales por encomienda de los Ministerios competentes”. “Desde esa fecha, los procedimientos arbitrales pendientes contra el Reino de España derivados de las reformas producidas en el sector energético y otras fuentes de energía se han incrementado exponencialmente y superan los 38 los arbitrajes internacionales interpuestos por inversores extranjeros contra el Reino de España y en su conjunto, la cuantía reclamada supera los 7.000 millones de euros y su llevanza nos corresponde exclusivamente”, expone.
El abogado general del Estado, que subraya que estos funcionarios han permitido “ahorrarse al Estado un coste anual más que millonario en concepto de contratación de asistencia jurídica” para defender a España en esos pleitos, sugiere que se necesitan más medios ante este aluvión de demandas. Reclama “consolidar una estructura administrativa dotada de forma proporcionada a la importancia de los intereses en litigio”.
López Álvarez, nombrado por el Gobierno en noviembre pasado director del Servicio Jurídico del Estado en sustitución de Marta Silva Lapuerta, señala la “internacionalización” del trabajo de este colectivo de altos funcionarios como uno de los principales retos que afronta este cuerpo de élite.
Esa internacionalización es consecuencia de la avalancha de denuncias que ha recibido España tras la reforma energética de Mariano Rajoy por parte de inversores extranjeros. Los denunciantes se amparan en la Carta de la Energía, un tratado internacional de protección recíproca de inversiones.
Mientras los inversores foráneos pueden reclamar en esos tribunales de arbitraje, las empresas españolas (que no pueden hacerlo) han visto cómo el Tribunal Supremo y el Constitucional daban por buenos los recortes, justificados por el Gobierno como solución para contener el insostenible déficit de tarifa del sistema eléctrico, que llegó a rondar los 30.000 millones de euros.
La entrevista, que la Asociación de Abogados del Estado ha colgado recientemente en su web, se ha publicado en el último número de la revista, correspondiente a mayo. Ese mes se conocía la primera derrota de España en el Ciadi, el organismo de arbitraje adscrito al Banco Mundial que concentra buena parte de las decenas de denuncias. El Ciadi estimó parcialmente las pretensiones de las firmas Eiser y Energía Solar Luxembourg y condenó a España a pagar 128 millones de euros (reclamaban más de 300 millones) por el recorte de la retribución a tres plantas termosolares en Ciudad Real en las que habían invertido cerca de 1.000 millones.
España ha pedido la anulación de ese laudo para no tener que pagar ya la indemnización. El Gobierno, que dice que esa decisión del Ciadi no tiene por qué ser un precedente para otros litigios, ha modificado recientemente la Ley de Presupuestos para cargar el coste de las posibles indemnizaciones contra el superávit del sistema eléctrico (que actualmente ronda los 1.000 millones de euros) y tratar de evitar un impacto directo en la factura de la luz.
El experto en energía y vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales, cree que la estimación de López Álvarez, esos más de 7.000 millones, es conservadora: “No parece que sea demasiado; calculo que las inversiones de los demandantes deben superar los 30.000 millones y la indemnizaciones rondarían un 30% de esa cifra, del orden de 10.000 millones”. Morales recuerda que “la cuantía del arbitraje no se dirime hasta el final” del procedimiento, ya que “no es una reclamación administrativa al uso, en la que se reclama una cifra desde el principio”.
Subida del 20%
Esos más de 7.000 millones, calcula Morales, equivaldrían (si se perdieran todos los arbitrajes) a una subida de la luz del 20% si hubiera que desembolsarlos de golpe en un solo ejercicio, teniendo en cuenta los algo más de 32.000 millones de costes totales del sistema eléctrico.
Uno de los últimos nombres conocidos en la larga lista de más treinta demandantes es el del gigante francés Electricité de France, que se ha sumado a, entre otros, fondos soberanos como el de Abu Dabi, empresas municipales de Alemania, el fondo de pensiones de los funcionarios de Canadá, fondos ligados a Deutsche Bank y BNP, una filial de la japonesa Toyota y algunas compañías eléctricas como el gigante alemán RWE y la estadounidense NextEra. Buena parte de las denuncias procede de Alemania.
Algunas estimaciones han cifrado la suma que España se juega en indemnizaciones en hasta 7.000 millones, aunque, según publicó en julio El Confidencial, el Gobierno rebaja la factura a un máximo de 3.000 millones. De momento, el gasto en asesorías para defender a España en estos litigios supera ya los 20 millones de euros. Sólo en junio, la minuta fue de 3 millones. Entretanto, España se ha situado al nivel de países como Venezuela o Argentina en número de denuncias ante el Ciadi.