Alemania intenta endurecer las condiciones para acceder al fondo europeo de recuperación

A España no le termina de convencer el texto, pero cada día que pasa urge más el fondo de recuperación. El director general del Tesoro, Carlos San Basilio, que ha intervenido en la reunión de ministros de Finanzas de la UE porque la vicepresidenta económica estaba en el Consejo de Ministros ha evitado respaldar expresamente el reglamento del fondo redactado por la presidencia alemana de turno de la UE, y presentado objeciones en la línea de lo expresado por otros países del sur: “Tenemos sugerencias para mejorar el texto [en la reunión de embajadores ante la UE de este viernes, donde finalmente se aprobó sin camios]. Por ejemplo, en línea con la puesta en práctica rápida del plan, podemos hacer un esfuerzo más para recortar plazos. En relación con la liberación de las cantidades de financiación, para no lamentar en el futuro que el procedimiento que hemos aprobado aquí sea demasiado farragoso, el recorte de los plazos es esencial”.

Y ha añadido: “Y también tenemos una referencia específica a las recomendaciones fiscales y macroeconómicas. Es un tanto redundante lo que hay aquí se dice, y además puede generar confusión. Esperamos que se llegue al acuerdo cuanto antes”. Es decir, que se reduzca el periodo de ocho semanas de que dispone la Comisión Europea para evaluar los planes nacionales de reformas, con el objetivo de acelerar el desembolso de las ayudas, algo que la propia Comisión Europea ha defendido, si bien su vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, ha asegurado que intentarán no agotar ese plazo.

“La posición del Gobierno es la de llegar a un acuerdo pronto, que asegure que el instrumento esté operativo lo antes posible”, afirman fuentes del Ejecutivo. El propio presidente del Gobierno ha urgido a acelerar las negociaciones con el Parlamento Europeo en la última cumbre europea, el jueves y viernes pasado en Bruselas.

En efecto, Alemania ha dado una vuelta de tuerca a las condicionalidades aprobadas por los líderes de la UE en julio pasado en el reglamento del Instrumento de Recuperación y Resiliencia (RRF), el componente principal del fondo anticrisis que repartirá 672.500 millones de euros a las capitales entre préstamos y subvenciones –140.000 millones de ellos irán a España–. ¿En qué sentido?

Al igual que la Comisión Europea, en el texto alemán, al que ha tenido acceso elDiario.es y que ha logrado el visto bueno mayoritario de los ministros de Finanzas de la UE y que este viernes volverán a discutir los embajadores de los 27 ante la UE antes de ir a las negociaciones con el Parlamento Europeo, prevé sanciones macroeconómicas, algo que sí que estaba en el texto de la Comisión Europea: el llamado artículo 9. La ponente del grupo socialista en la Eurocámara, Eider Gardiazabal, decía a elDiario.es que han “presentado una enmienda como S&D para anular la posibilidad de sanciones macroeconómicas a través del artículo 9. No es lógico que encima vayamos a suspender los pagos. Es doblemente irresponsable”.

“El artículo 9 del Reglamento es el que habilita a suspender el desembolso de los fondos si no se respeta el marco fiscal”; decía Urtasun: “En estos momentos, este artículo es un poco inaplicable porque el Pacto de Estabilidad y Crecimiento está suspendido. No hay ninguna certeza sobre cuándo se va a volver a aplicar y todo el mundo tiene ideas distintas. Como hay esa incertidumbre, esa condicionalidad macro que está estableciendo el artículo, la queremos eliminar y hemos hecho una enmienda a la eliminación de ese artículo 9, igual que otros grupos”.

De acuerdo con la propuesta aprobada por el Ecofin, “en caso de incumplimiento significativo” de los marcos de deuda y déficit, que estarán suspendidos durante todo 2021, “el Consejo, a propuesta de la Comisión , puede suspender los pagos del mecanismo de recuperación y resiliencia”.

Sin embargo, la Comisión Europea activó la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para dar barra libre al gasto, el déficit y la deuda de los Estados, que alcanzará cifras de récord al final de 2020. Y este lunes confirmó en el Eurogrupo, la reunión de ministros de Finanzas de la zona euro, que la cláusula seguirá activa todo 2021. Pero, ¿qué pasará después cuando se pida reactivar el pacto y volver a una tasa de déficit del 3% cuando haya países, como España, en el 10%? “No hay ninguna certeza sobre cuándo se va a volver a aplicar y todo el mundo tiene ideas distintas”, explica Urtasun.

El reglamento aprobado este martes también establece que en los planes de recuperación de los Estados miembros, se incluya “una explicación de la coherencia del plan de recuperación y resiliencia propuesto con los desafíos y prioridades específicos de cada país identificados en el contexto del Semestre Europeo, incluidos sus aspectos fiscales y, cuando sea pertinente, los identificados en el contexto del procedimiento de desequilibrios macroeconómicos”.

En efecto, queda explicitado en varios momentos la coherencia con “los aspectos fiscales” y los “desequilibrios macroenómicos” de una manera que no estaba en la propuesta de la Comisión Europea: “Se espera que el plan de recuperación y resiliencia contribuya a abordar eficazmente los desafíos identificados en las recomendaciones específicas por país, incluidos los aspectos fiscales y las recomendaciones adoptadas oficialmente por la Comisión en el Semestre Europeo”.

En este sentido, los Verdes piden en una enmienda “que las recomendaciones de país pueden ser tenidas en cuenta, pero solo aquellas reformas que tengan que ver con los objetivos específicos del reglamento: las pensiones no forman parte de los objetivos de las inversiones del fondo de recuperación, no tienen nada que ver con el objetivo del reglamento”.

Sin embargo, el procedimiento de desequilibrios macroeconómicos (MIP) puede ser un arma de doble filo que puedan usar los países del sur contra los del norte. Y es que en la última ronda, la Comisión Europea identificó “a los mismos con desequilibrios de la ronda anterior”: Bulgaria, Croacia, Chipre, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, Eslovenia, España y Suecia. “El MIP es básicamente decirle a los alemanes que dejen de tener superávits comerciales monstruosos”, explican fuentes parlamentarias.

En el lado contrario, los llamados frugales –Holanda, Dinamarca, Suecia, Austria– y Finlandia han reclamado una referencia “más explícita” a las recomendaciones económicas de cada país como indicador para desbloquear las ayudas.

En cuanto a otro de los aspectos polémicos, que le parece excesivo a Hungría y los suyos y corto a Holanda y sus aliados: el cumplimiento del Estado de Derecho vinculado a los fondos. Así, el texto aprobado este martes por el Ecofin prevé la “suspensión y terminación” de los fondos “en caso de irregularidades graves, es decir, fraude, corrupción y conflicto de intereses en relación con las medidas respaldadas por el fondo de recuperación”.