El año electoral y las protestas contra los macroparques renovables tensionan el despegue de la eólica marina en España

El Gobierno ultima la normativa para el despegue de la energía eólica marina, hasta ahora apenas desarrollada en España. En pleno año electoral, y en un contexto de creciente rechazo a los macroparques de renovables, el Ejecutivo aprobará en breve el Real Decreto con los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), que recogerá qué zonas del litoral podrán ubicar esta tecnología, como paso previo para definir “cuanto antes” el marco legal y los criterios de las subastas públicas que prevé “lanzar” en el primer semestre.

El Ministerio para la Transición Ecológica indica que “los POEM se aprobarán en las próximas semanas y la intención del Gobierno es promulgar una nueva regulación cuanto antes y lanzar en el primer semestre” la primera subasta.

El departamento de Teresa Ribera no puede concretar si lanzará de aquí a junio las bases reguladoras del procedimiento de subastas o la convocatoria en sí. El presidente de la sección de Eólica Marina de la patronal APPA y consejero delegado de EnerOcean, Pedro Mayorga, ve “complicado” que haya subasta antes de junio. Dependerá de cómo vaya la tramitación del nuevo marco regulatorio.

A finales de 2021, el Gobierno aprobó una hoja de ruta de la eólica marina que prevé tener 3 gigavatios (GW) en 2030. Y el tiempo apremia, según el sector, que tiene a la industria eólica sumida en una oleada de recortes de empleo (Siemens Gamesa, Vestas, General Electric...). “Somos de los últimos países en tener un marco regulatorio”, dice Mayorga.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha reclamado que las primeras subastas se convoquen este 2023, dado que implantar un complejo offshore tarda unos siete años desde la adjudicación de la explotación. Portugal anunció la semana pasada que prevé celebrar su primera subasta en septiembre, con la intención de adjudicar hasta 10 gigavatios (GW). Mientras, España ultima esta regulación con las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo y las generales de final de año en el horizonte.

Los POEM seleccionarán lugares en los que se considere que la producción de electricidad no interfiere con zonas protegidas y otros usos prioritarios: pesca, tráfico marítimo, seguridad aeroespacial o defensa. Después se adjudicará una concesión para utilizar esas láminas de agua, un derecho de conexión a la red y un régimen económico por un plazo (10, 15, 20 años…), en principio, más extenso que el de las subastas en tierra, al ser la primera convocatoria de este tipo y necesitar esta tecnología de incentivos para ser viable.

Una vez adjudicado el concurso, los ganadores deberán depositar unos avales, comprometerse a evacuar la energía en un plazo determinado y superar el trámite ambiental y las autorizaciones administrativas correspondientes. Hasta que no se regulen las subastas, las empresas avanzan con el diseño de proyectos que lleva años desarrollar, pero sin avanzar en su tramitación. Algunas han solicitado el alcance del estudio de impacto ambiental. Esto no implica ningún compromiso del promotor o la Administración, pero facilitará el estudio para el futuro permiso ambiental.

El quid está en qué criterios regirán esas concesiones. Transición ya ha deslizado que primará otros aspectos más allá del precio. No será “una subasta puramente económica. Buscaremos proyectos que se integren adecuadamente en el entorno tanto ambiental como socialmente. Habrá que hablar con ese entorno para que la configuración del parque sea lo más compatible posible con los usos que hay en esa zona”, señaló el pasado fin de semana a La Vanguardia el director general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), Joan Groizard.

El responsable de ese organismo adscrito a Transición Ecológica apuntó que los territorios locales o “los ciudadanos” podrán ser accionistas de los parques, como ocurre en Copenhague. “Hay un impacto paisajístico pero los ciudadanos ven que su inversión está dando frutos. Lo idóneo sería trasladar ese mismo concepto aquí”, dijo.

Para el presidente de la sección de Eólica Marina de APPA, es “bueno” que el criterio económico no sea “el único”. “Está claro que va a contar, los recursos son limitados. Pero los criterios socioeconómicos, de generación de empleo, son interesantes. Otros países han buscado la forma de desarrollar su industria. Cumpliendo toda la normativa de competencia y sin excluir a nadie, hay fórmulas para intentar tener en cuenta lo más interesante para la sociedad, sin dar lugar a intereses particulares; debe haber criterios claros que favorezcan a la industria española. Como país líder en el desarrollo de tecnología, estaríamos perdiendo una oportunidad de apoyo a la I+D”, defiende Mayorga.

Dar entrada a agentes locales es una de las opciones que plantea Bluefloat Energy, respaldada por el fondo de inversión norteamericano Quantum Energy Partners (liderado por el español Gabriel Alonso, ex CEO de EDP Renovables en Norteamérica). En alianza con la ingeniería española Sener, ha propuesto cuatro proyectos de eólica marina con 2,2 gigavatios (GW) en Galicia, Gran Canaria, Almería y Girona.

Este último, a 24 kilómetros de las costas del Empordà y 500 megavatios (MW), es según la empresa un caso de éxito de diálogo con el territorio. Tras más de 200 reuniones con los agentes de la zona, se redujo el número de aerogeneradores, alejándolos un 40% de la costa, soterrando una línea de evacuación eléctrica en el trazado marino y terrestre y permitiendo la participación económica de la ciudadanía (vía crowdfunding) y del tejido empresarial e industrial local.

“Es una quimera pensar que bastará con haberse adjudicado la subasta sin haber consensuado antes con los territorios que van a tener que convivir con ello; esto no puede hacerse a la antigua usanza, cuando primero ganabas el concurso y te asegurabas el régimen económico, y a partir de ahí ibas a hablar con la gente”, resume Javier Monfort, director general de Bluefloat en España. Sacar a información pública proyectos en verano o navidades, como antaño, “no se aguanta por ningún lado”. Hay que “ser transparentes, explicar lo positivo y lo negativo y en función de lo que escuches adecuarlo a tu proyecto”, opina Monfort.

En la actualidad, el ministerio tiene sobre la mesa más de 35 solicitudes de determinación de alcance de proyectos de eólica marina. Algunos se solapan, porque buscan el mismo emplazamiento. Otros pueden estar fuera de las zonas que finalmente designen los POEM.

En junio de 2021 se decretó una moratoria para estos proyectos, a la espera de los POEM y porque el procedimiento para tramitarlos, de 2007, estaba desfasado. Solo los de I+D+i están exentos de esa moratoria desde diciembre de 2021. Antes de ella, apenas había cuatro parques marinos en tramitación: tres en Canarias (Mar de Canarias, Proyecto Elisa –ya operativo–, y Parque eólico Gofio) y uno en Euskadi (BIMEP).

Molinos flotantes

Hasta ahora la eólica marina no ha calado en España porque la tecnología fija, la más madura, solo puede instalarse hasta 60 metros de profundidad, cota que en España llega muchas veces a un kilómetro de costa. La alternativa, a la que España “todavía” no llega tarde, en palabras del responsable de APPA, son los parques flotantes: a entre 8 y 30 kilómetros de tierra firme, con entre 15 y 35 aerogeneradores de 15 megavatios (MW) de potencia y capacidad para trabajar a profundidades de entre 60 y 500 metros, aunque se espera que puedan llegar hasta el kilómetro.

En este caso, el valor añadido tecnológico lo da el flotador que sostiene el molino y le dota de estabilidad. Parecido a un barco, por sus dimensiones hay que fabricarlo en puerto, al igual que las palas, que por su tamaño (130 metros de longitud) tampoco pueden transportarse por carretera. Hay que hacerlo por barco y llevarlas a un puerto con un astillero donde se fabrique el flotador para ensamblar el conjunto en el agua. Y de ahí, al emplazamiento con un remolcador. De ahí la gran oportunidad para la industria naval, con empresas como la estatal Navantia tomando posiciones en este sector.

Como señala el manifiesto lanzado hace un año, “España dispone ya de una capacidad industrial muy significativa, con toda una cadena de valor que compite con éxito en la exportación de componentes y servicios para los parques eólicos marinos del norte de Europa”. De las 13 soluciones de cimentaciones flotantes que se habían instalado en el mundo cuando se publicó ese documento hace menos de un año, 11 habían sido fabricadas por empresas españolas. “Es una oportunidad como país, de la que podemos beneficiarnos todos y que genera empleo de calidad”, asegura Mayorga.

“En España tenemos astilleros, puertos que tienen calado, diques, grúas y personal que sabe hacer esto”, resume el directivo de Bluefloat, que defiende que “se puede hacer de forma muy local. En Galicia, Tarragona, en los puertos con capacidad industrial”, que permitirían “evitar el absurdo de mirar solo el precio y que los equipos vengan remolcados de Bangladesh, por ejemplo”.

“De cara al gobierno y al consumidor, tiene más sentido crear 1.000 puestos de trabajo en España aunque no sea el óptimo desde el punto de vista de tarifa”, expone Monfort. “No se trata de especular con la energía, pero tiene que haber algo que cuente el valor de construir en España para que tenga el máximo de aceptación social”, razona.

¿Y por qué ir al mar cuando se pueden montar parques en tierra? “Sin duda va a seguir habiendo desarrollo terrestre, pero cada vez es más complicado montar un parque eólico o solar en España”, subraya el directivo de Bluefloat, que cree que, ante el problema de aceptación de los grandes parques en tierra, “una solución natural es ir al mar. Tiene sus problemáticas y condicionantes, pero alivias la presión terrestre. Y mientras que la fotovoltaica puede producir unas 2.000 horas al año en el mejor de los casos, en eólica marina puede ser prácticamente el doble”.

Como una batería

En precio, los poco más de 20 euros/MWh que ha dado alguna subasta fotovoltaica en España, son imbatibles. La eólica marina tiene costes de entre 80 y más de 100 euros/MWh. “Pero a un consumidor industrial le interesa un perfil de producción de cierta continuidad en el tiempo, relativamente planos o con dos picos”, explica Monfort. “Probablemente, lo más comparable sea la fotovoltaica con cierta capacidad de almacenamiento”. Y “cuando declina la irradiación empieza el pico de generación en el mar. Es como tener una pequeña batería y con un perfil de producción relativamente estable”.

El Gobierno lanzó en junio una consulta pública previa para elaborar la nueva normativa, tras publicar esa hoja de ruta que persigue convertir a España en “referente europeo” y un desarrollo “ordenado y responsable” de las energías renovables en las aguas territoriales, “respetuoso con el medio ambiente, compatible con otros usos y actividades”. El sector pide que la regulación de las nuevas subastas se les consulte. Aquella encuesta previa fue “muy preliminar, con una serie de preguntas”, pero no hubo un borrador, recuerda el responsable de APPA.

La eólica marina ya cuenta con una dotación de 200 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El 28 de diciembre se lanzó la primera línea de ayudas para proyectos piloto demostradores y plataformas de ensayo, con 240 millones, incluida en el PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento. El plazo de presentación de solicitudes se abre este martes y finaliza el 24 de marzo.