Anticorrupción recurre el “cierre en falso” del caso Conde y reprocha al juez Pedraz que archive sin escuchar a la UCO

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de archivar la instrucción por blanqueo que seguía contra el expresidente de Banesto Mario Conde porque entiende que ha acometido un “cierre en falso” de la causa basado exclusivamente en un informe sobre documentación que aportó la defensa, sin siquiera consultarles y sin atender tampoco las propuestas de investigación formuladas por la Unidad Contra el Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil.

Se trata del caso que investigaba a Conde, sus hijos y otras personas por delitos de blanqueo en 13 millones de euros repatriados entre 1999 y 2014, un delito de organización criminal, ocho delitos contra Hacienda Pública por cuotas defraudadas del Impuesto de Sociedades de tres de sus empresas, y otro delito de frustración de la ejecución, pues no consta que haya depositado los 14,1 millones de la responsabilidad civil por la que fue condenado en el 'caso Banesto'

En un comunicado, el organismo que encabeza Alejandro Luzón expone que la decisión de Pedraz, basada en la falta de acreditación de que el dinero repatriado formase parte de las cantidades que sustrajo de Banesto, “es prematura y supone un cierre en falso de la instrucción”.

“Fundamenta el archivo en un informe provisional”

“No atiende las propuestas de investigación formuladas por la UCO, no aguarda a la cumplimentación de varias comisiones rogatorias que todavía no han sido recibidas y fundamenta el archivo en un informe provisional pericial, en el que únicamente se ha analizado, y por tanto valorado, la documentación de la defensa, en contradicción con el criterio del otro Inspector de Hacienda designado en el procedimiento”, exponen los fiscales.

En su opinión, “los datos disponibles hasta la fecha ponen de manifiesto que los rendimientos derivados de las cuantiosas cuotas defraudadas en los ejercicios fiscales 1983, 1987 y 1989, estarían siendo introducidos en España por un entramado societario controlado por Mario Conde mediante operativas propias de blanqueo de capitales”.

Además, en Anticorrupción entienden que tampoco cabe descartar en este momento procesal el delito de frustración de la ejecución, “habida cuenta de que no consta acreditado que Mario Conde haya hecho efectivas definitivamente sus responsabilidades pecuniarias” fruto de las condenas que se le impusieron por el caso Banesto y el caso Argentia Trust, “como tampoco su deuda millonaria con la Hacienda española”.

Por eso, consideran que al dictar el archivo, Pedraz “soslaya el material incriminatorio hallado en las entradas y registros practicadas y en las Comisiones Rogatorias ya cumplimentadas, dejando sin investigar el complejísimo 'mapa bancario' de Mario Conde, que revela indicios sólidos de la existencia en el extranjero, oculto a la Hacienda Pública española, de un considerable patrimonio”.

Anticorrupción hace constar asimismo que este procedimiento se incoó a partir de una querella suya y el juez ha dictado que se archive sin contar con el dictamen de la Fiscalía, “a la que no se dio traslado de las diversas y coordinadas peticiones de sobreseimiento libre y archivo formuladas por la práctica totalidad de las defensas”.

Las actuaciones se iniciaron por el impago de lo que debía por responsabilidad civil tras la apropiación indebida de Banesto. En 2011, al objeto de “poder ejecutar sus responsabilidades pecuniarias”, se ordenó investigar las cuentas de Conde, que a su salida de prisión publicó libros y colaboró en programas de televisión.

13 millones “no justificados”

Fiscalía Anticorrupción encontró con las pesquisas “diversos indicios de una actividad de blanqueo de dinero procedente de las apropiaciones indebidas” que Mario Conde realizó en Banesto, algo que habría desarrollado a través de “su entorno más cercano” desde al menos 1999 y de forma continuada hasta 2014. En ese periodo, habrían aflorado algo más de 13 millones de euros de origen “no justificado” en sus cuentas y la Fiscalía entendía que lo había conseguido dirigiendo a un conjunto de personas con una estructura piramidal y jerarquizada.

Sin embargo, el pasado 24 de octubre el juez Pedráz dictó un auto de sobreseimiento provisional de la causa al considerar que no se ha acreditado el delito de blanqueo ni por tanto, de organización criminal. En cuanto a los delitos contra la Hacienda Pública, descartó poder seguir adelante al estar ya “súper prescritos” y respecto de la frustración de la ejecución, recordaba que “ya se abonaron más de 16 millones de euros y existen varios embargos trabados desde 1998”.