La banca y las antiguas cajas critican el impuesto al sector porque ya “se han hecho considerables esfuerzos”
Las entidades financieras reniegan del posible impuesto a la banca y así lo han asegurado en distintas declaraciones realizadas por directivos del sector. A ello se ha unido este martes un comunicado conjunto de la Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), las dos patronales del sector. En el escrito, las organizaciones señalan que es un gravamen “injusto” y que el sector financiero ya viene de “hacer considerables esfuerzos”.
De este modo, las empresas financieras muestran de manera conjunta sus discrepancias con la intención de la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de implantar un impuesto a la banca para sufragar las pensiones, como ya había defendido el PSOE antes de llegar al Gobierno.
“Los objetivos se pueden compartir”, arranca el comunicado de la AEB y la CECA. Sin embargo, entienden que sería una decisión “injusta” y que “no resultaría razonlable”, puesto que “la ponderación del sector en los beneficios empresariales es del 3%”. “Todos los agentes deberían contribuir a sufragarlo de manera equitativa”.
Las patronales apuntan que “conllevaría efectos colaterales perjudiciales para la economía”. La ministra aseguró hace unos días que los españoles “fueron solidarios con la banca y las cajas” durante la crisis y que ahora le tocaba al sector. Sin embargo, el comunicado señala que “ha realizado considerables esfuerzos en el pasado para facilitar el cumplimiento del déficit”. Y, añaden, su contribución al gasto público “es superior” al de otros sectores.
A esto, se suma, según las organizaciones empresariales, que “se han introducido exigencias a nivel europeo para reforzar la solvencia” que suponen un coste para el sector y que ya “afecta a resultado”. Las patronales añaden que esto repercute en los diviendos que perciben “una amplia base accionarial minorista” y que tiene incidencia en el empleo y el desarrollo de la actividad económica a través de la concesión de crédito.
Por último, concluye el escrito, “podría tener unos efectos recaudatorios inferiores a los pretendidos” y afectar de manera “muy negativa” a la solvencia del sector.
