La Audiencia Nacional confirma un varapalo fiscal de dos millones de euros a una empresa de la familia Franco
Más problemas con el Fisco para los descendientes del dictador Francisco Franco. La Audiencia Nacional ha confirmado recientemente un varapalo fiscal de 2 millones de euros a Centro de Agentes Unidos del Calzado Español, SL (Cauce SL), una de las empresas del clan, que ha visto rechazado un recurso contra una resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que reclamaba a la firma 1.635.635,51 euros, entre liquidación y sanción. Sumando intereses de demora, el importe a ingresar a la Hacienda Pública ronda los 2 millones, según se desprende de las últimas cuentas publicadas por la sociedad, de 2014.
La sentencia de la Sección 2 de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia, fechada el pasado 27 de junio, tumba el recurso interpuesto por Cauce contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) en la que este organismo dependiente de Hacienda confirmó en abril de 2016 la liquidación practicada a Cauce tras una inspección por la AEAT y la sanción, equivalente al 50% de la deuda dejada de ingresar, por una infracción “leve” de la normativa tributaria.
Cauce cifraba en sus cuentas de 2014 en 1.984.969,45 euros el importe a 31 de diciembre de ese ejercicio, mientras se resolvía el litigio, de “la contingencia fiscal del Impuesto de Sociedades del 2003 avalado ante la Administración así como sus intereses de demora”.
La discrepancia con Hacienda tiene su origen en la aportación, en octubre de 2003, de dos oficinas y 58 plazas de garaje afectas en la calle Rafael Calvo, 3 de Madrid. Hasta entonces estos inmuebles pertenecían a Cauce y fueron traspasados a otra sociedad de la familia creada ese mismo año y ya extinguida, Numa 27. Cauce, que pese a lo que indica su nombre se dedica a la promoción inmobiliaria y el arrendamiento de inmuebles (un clásico en los negocios de los Franco), aprovechó la operación para acogerse a un régimen especial por el que transmitió los inmuebles “sin coste fiscal” aunque no tenía derecho a ello, según la sentencia.
La resolución no aprecia “un motivo económico válido” para disfrutar de los incentivos para esa operación de escisión porque “no existiendo una rama de actividad en la escindida, no existió reestructuración ni racionalización de la actividad”, como exige la norma, sino “una cesión de bienes a una entidad de nueva creación, para que iniciase una actividad de arrendamiento de inmuebles”.
La resolución, que condena a Cauce a abonar las costas del proceso, confirma el criterio de la AEAT respecto a la sanción, basada en la conducta “culpable” de la infractora y en que “el contribuyente no ha puesto la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, hecho que queda sobradamente demostrado al ponerse de manifiesto que ha incumplido lo dispuesto en la normativa del Impuesto sobre Sociedades”. El instructor del expediente tuvo en cuenta que no existió ocultación para calificar el grado de la sanción.
La retirada del régimen fiscal de fusiones y escisiones es una práctica habitual por parte de la AEAT, subrayan fuentes jurídicas, que ven altamente improbable que un recurso ante el Tribunal Supremo prospere por la falta de “interés casacional” del caso.
“Situación de liquidez precaria”
En las cuentas de 2014 de Cauce, que estaban firmadas por Carmen Franco Polo, hija del dictador y fallecida en diciembre pasado, y su primogénito, Francisco Franco Martínez-Bordiú (que cambió el orden de sus apellidos para poner delante el de su abuelo), señalaba que para hacer frente a los “pagos extraordinarios” derivados de las distintas reclamaciones pendientes de Hacienda “han sido necesarios varios préstamos de los socios, estando la sociedad en una situación de liquidez precaria”.
Las cuentas dejaban claro la trifulca entre los Franco y varios de los socios y encargados de gestionar algunas de sus sociedades durante años, que ha acabado en los juzgados por la vía penal, con dos de ellos (Juan Carlos Santos y Pedro José Mejías) condenados hace año y medio por la Audiencia Provincial de Madrid por apropiación indebida por el vaciamiento de otra de las sociedades del clan vinculadas a Cauce, Aparcamiento Atocha SL.
Así, en el orden del día de la junta de accionistas de Cauce celebrada el 30 de junio de 2016 en la que se aprobaron de golpe las cuentas de cuatro ejercicios (2011, 2012, 2013 y 2014) figuraban entre otras propuestas la “censura de la gestión social” de los ejercicios 2011 a 2014, la reformulación de las cuentas de 2008 a 2010 y la revisión del estado de la “querella presentada contra, entre otros, D. Francisco Franco Martínez Bordiú y Doña Carmen Franco Polo por la operación de venta fraudulenta del principal activo de la sociedad”, así como el “cese de la totalidad de los miembros del consejo”.
Relevo y mudanza
Cauce, que en 2014 contabilizaba 5,6 millones de euros en activos, se constituyó en enero de 1971 y tuvo como administrador único a uno de los nietos del dictador, el abogado Jaime Martínez-Bordiú Franco, de 54 años, hasta el pasado 25 de septiembre.
En esa fecha, coincidiendo con una ampliación de capital de 404.000,33 euros, el nieto menor de Franco fue sustituido por Antonio Roca Becerril y la empresa, según consta en el Registro Mercantil, trasladó su sede hasta el número 7 de la calle Ayala. Hasta entonces estaba establecida en el edificio del número 8 de la calle Hermanos Bécquer de Madrid que alberga varias de las empresas del clan y que, tras la muerte de la hija del dictador, la familia lleva meses intentando vender, según publicó El Confidencial la semana pasada.
Cauce, que no ha querido atender a eldiario.es, ostentó desde 2002 hasta febrero de 2013 la presidencia de otra sociedad del clan Franco, Oceans Eleven, de la que también fue consejero en ese lapso el propio Francisco Franco Martínez-Bordiú. En marzo de 2002, unas semanas después de crearse, Oceans Eleven, entonces 100% propiedad de Cauce, adquirió un parking en el número 359 la calle Bravo Murillo de Madrid a la firma Progamallo, vinculada al narcotraficante Marcial Dorado, amigo de juventud del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
En esa transacción, Progamallo, que había adquirido ese inmueble en 1998 por unos 2,3 millones de euros de “procedencia ilícita”, según sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2016, obtuvo de Oceans Eleven una contraprestación de 7.212.145,25 euros (sin contar el IVA). Sin embargo, en las escrituras de venta la cantidad recogida fue sensiblemente inferior, menos de 5 millones. Esto permitió a la sociedad del narco gallego dejar de ingresar a la Hacienda Pública 794.133,37 euros por el Impuesto de Sociedades, según el Supremo.
