La autoridad de Competencia andaluza multa con 5,3 millones a Urbaser y Eiffage por manipular contratos públicos

La Agencia de la Competencia y Regulación Económica de Andalucía (ACREA) ha impuesto a Urbaser, el gigante español de la limpieza viaria y la recogida de basuras, y a Eiffage, una de las mayores constructoras francesas, sanciones por importe de 5,3 millones de euros por manipular contratos públicos de mantenimiento de carreteras entre 2020 y finales de 2021.

Para Urbaser, la sanción asciende, explican fuentes de la agencia a elDiario.es, a 3.229.493 euros, una de las más altas de la historia del organismo. A Eiffage le ha correspondido otra multa de 2.065.601 euros. En total se ha sancionado en este expediente con 5.785.276 euros a cuatro empresas y una persona física por infracciones muy graves prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia. El cártel, según la agencia, tuvo “unos efectos muy nocivos para el interés general”. 

La autoridad andaluza de competencia considera acreditado el intercambio de información entre las infractoras, que participaban en tres cárteles para repartirse seis licitaciones de servicios de poda de setos en las medianas de carreteras andaluzas. Los cárteles operaron en las ocho provincias andaluzas entre finales de mayo o principios de junio de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia, y el 5 de octubre de 2021.

La agencia explica que Urbaser y Eiffage, junto a El Ejidillo Viveros Integrales SL, multada con 211.438 euros, intercambiaban información “en secreto para crear una ficción de independencia, cuando en realidad actuaban de forma coordinada” con la empresa sevillana Coralsur Mantenimiento SL, sancionada con 211.438 euros, “para que esta entidad les elaborase sus respectivas ofertas técnicas y económicas”.

El objetivo era “falsear la competencia” e “influir” en el precio de los contratos y en su adjudicación, “directa o indirecta”, a Coralsur. El administrador único de esta última, Alejandro Jesús García Castro, ha sido sancionado con otros 10.000 euros. Según la agencia, “el objetivo principal de esta actuación empresarial coordinada no era el de intercambiar información o imponer un precio a la Administración, sino que se trataba de una estrategia ideada para el reparto de las licitaciones promovidas por la Consejería”.

La sanción lleva aparejada la inhabilitación para obtener contratos de poda de setos arbustivos en medianeras y de control de vegetación en márgenes por parte de la Junta. A Urbaser, pese a recibir la mayor sanción económica, le corresponde un veto de solo tres meses, frente a los dos años de Coralsur y los seis meses de las otras dos sancionadas.

Menos de la mitad

Inicialmente, los servicios técnicos de la agencia andaluza plantearon imponer a Urbaser una sanción muy superior, de 7,5 millones. También plantearon inhabilitarla durante un periodo de 12 meses. Pero, tras las alegaciones presentadas por la compañía que pilota Fernando Abril-Martorell, hijo del exministro de la Transición y presidente de Indra con el PP, el consejo de administración del organismo de la Competencia andaluz ha decidido rebajar la sanción a menos de la mitad y ha limitado la prohibición de contratar a solo un trimestre.

Ambas variables se han “ajustado”, indican desde la agencia, teniendo en cuenta el volumen de negocio de la infractora, que se ha visto afectado por factores como la pandemia. La entidad, orgánicamente adscrita a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, no ha publicado todavía la resolución. Este medio contactó el lunes con la agencia para preguntar por este expediente y por qué no se ha publicado todavía en la web. Este miércoles explicó que no se había notificado a las partes afectadas. El grupo ni siquiera había informado en su web de la incoación de este expediente.

Este procedimiento recogido en las últimas cuentas anuales de Urbaser. En ellas, el grupo indica que el 10 de noviembre la ACREA le notificó “una propuesta de resolución por la que la Agencia propone una multa de 7.585.290 € y la imposición de una prohibición de 12 meses a Urbaser en relación con las licitaciones relativas al mantenimiento de las carreteras de la Junta de Andalucía”. Habría sido la sanción más elevada de la historia de esa agencia, por delante de los 5,8 millones que impuso en 2018 al grupo de hospitales privados Pascual por establecer condiciones abusivas al Servicio Andaluz de Salud.

La propuesta inicial de sanción a Urbaser llegó después de que la ACREA le notificara la apertura de un expediente sancionador en mayo de 2021, un mes antes de que la antigua filial de ACS fuera adquirida por el fondo estadounidense Platinum. El grupo fue incluido en este expediente sancionador en mayo de 2022.

La fase de instrucción administrativa del expediente finalizó el 2 de noviembre. Las pesquisas se iniciaron tras una detallada denuncia de una empresa afectada por estas prácticas, la sevillana Seanto. En octubre de 2021, la agencia anunció que había inspeccionado la sede de tres compañías, sin identificarlas, “por la presunta existencia de acuerdos para repartirse el mercado del mantenimiento y conservación de carreteras en todas las provincias de Andalucía”. La investigación afectaba “inicialmente” a 13 firmas, “que podrían estar agrupadas en uno o más cárteles”.

En julio, la ACREA anunció multas de 3,23 millones a seis empresas por crear un cártel para fijar precios en seis contratos de la Consejería de Fomento también en 2020, en otro expediente abierto por esa denuncia que se incoó el 13 de diciembre de 2021. La mayor sanción, de 2,577 millones, ha sido en este caso para la constructora Alvac, vetada además durante 18 meses para contratar con la Junta.

El plazo de inhabilitación fue de 12 meses para las otras cinco sancionadas en ese expediente, con multas muy inferiores: Elayco, Ecofilia, Urjusa, Construcciones Porman SA y Pavimentaciones Morales SL. Las sanciones en este caso están en línea de la que propuso la Dirección de Investigación del organismo en diciembre de 2022, según se desprende de la resolución del consejo.

Las mismas erratas

Ese documento muestra que las empresas multadas en ese expediente incluso presentaban ficheros word prácticamente idénticos en sus ofertas técnicas a la Junta. Solo cambiaban los logos de cada compañía y no se molestaban en modificar las propiedades de los documentos ni corregir erratas como “característcas”, “circunstacias” o “duracción”.

Este litigio de Urbaser aparece recogido en las cuentas del grupo junto a posibles pasivos como la apertura, hace un año, de una inspección de la Agencia Tributaria sobre el Impuesto de Sociedades en el periodo en el que pertenecía a la sociedad China Tianying. Las actuaciones del Fisco están todavía en fase preliminar.

Esta información contrasta con la ausencia de datos en sus cuentas sobre el juicio por un escándalo de sobornos en Canarias a cambio de contratos, el conocido como Caso Jable, que se celebra en la Audiencia Provincial de Las Palmas, por el que se autoinculparon hace unos meses dos directivos del grupo, incluyendo su hasta entonces número dos.

Hace unos días, la defensa de la ex alcaldesa de Arrecife (Lanzarote) Isabel Déniz (2000-2007) reconoció en un escrito que recibió sobornos durante su mandato por valor de 45.000 euros en forma de ''detalles y regalos'' y reconoció un ''delito de cohecho pasivo impropio'', pero sostiene que ha prescrito por las dilaciones indebidas en la causa y exige que sea absuelta.

La compañía argumenta que ha omitido este procedimiento en sus cuentas de 2022 porque, pese a que los sobornos los pagaba Tecmed (luego Urbaser), el grupo “no está implicado en el Caso Jable, nunca lo ha estado, como compañía no tiene ni ha tenido responsabilidad civil. Además de que las personas supuestamente implicadas, ya no están en la compañía”.

El grupo mantuvo durante meses en plantilla a esos dos directivos, circunstancia que fue denunciada ante el fondo estadounidense que controla el grupo en una comunicación que pedía el “cese inmediato” de Abril-Martorell por su inacción en este asunto. Finalmente Urbaser los despidió hace unas semanas ante la evidente violación de su código ético.

La falta de información sobre el Caso Jable y otros aspectos, como la omisión de datos sobre los sueldos de la cúpula del grupo que pilota Abril-Martorell, han motivado una denuncia contra el auditor de Urbaser, EY, ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. EY no ha incluido ninguna salvedad en su auditoría, que el grupo ocultó inicialmente a sus inversores en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), donde tiene varias emisiones de deuda en circulación.

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