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La Autoridad Laboral Europea empezará a trabajar en octubre para “prevenir el fraude social y los abusos”

Andrés Gil

Corresponsal en Bruselas —

La Autoridad Laboral Europea ya tiene tiene lugar en el que empezar a trabajar. El Consejo de ministros de Empleo de la UE ha aprobado el reglamento del organismo y han decidido que Bratislava (Eslovaquia) será la sede de la entidad.

El objetivo de este nuevo organismo es apoyar el cumplimiento y la coordinación entre los Estados miembros en el cumplimiento de los actos legales de la UE en las áreas de movilidad laboral y coordinación de la seguridad social. También proporcionará acceso a la información para individuos y empleadores en situaciones de movilidad laboral transfronteriza, al tiempo que “apoyará la cooperación entre las autoridades nacionales, en particular para prevenir y combatir el fraude social y los abusos”.

“Con 17 millones de europeos que hoy viven o trabajan en otro Estado miembro de la UE, ha llegado el momento de que la Autoridad Laboral Europea apoye a los ciudadanos que se desplazan, facilite el trabajo de nuestros Estados miembros y garantice la equidad y la confianza en nuestro mercado único”, ha dicho el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Entre sus principales tareas estará mejorar el acceso a la información para empleados y empleadores sobre sus derechos y obligaciones en casos de movilidad transfronteriza, libre circulación de servicios y coordinación de la seguridad social.

La Autoridad Laboral Europea también nace para apoyar la coordinación entre los Estados miembros en la aplicación transfronteriza de la legislación pertinente de la Unión, incluida la facilitación de inspecciones concertadas y conjuntas; apoyar la cooperación entre los Estados miembros para enfrentar el trabajo no declarado; asistir a las autoridades de los Estados miembros en la resolución de disputas transfronterizas; y apoyar la coordinación de los sistemas de seguridad social, sin perjuicio de las competencias de la Comisión Administrativa para la Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social.

La UE busca así mejorar la cooperación entre los Estados miembros sin perjuicio de sus competencias nacionales.

En casos de trabajo no declarado, violaciones de las condiciones de trabajo o explotación laboral, la autoridad europea podrá informarlos y cooperar con las autoridades de los Estados miembros. También apoyará a las autoridades nacionales en la realización de inspecciones para hacer frente a las irregularidades. Estas inspecciones se realizarán a solicitud de los Estados miembros o, si están de acuerdo, con la sugerencia de autoridad comunitaria. Las medidas de seguimiento se tomarán a escala nacional.

La estructura administrativa del nuevo organismo estará compuesta por un consejo de administración, incluido un representante de cada estado miembro, dos representantes de la Comisión, un experto independiente nombrado por el Parlamento Europeo y cuatro representantes de los interlocutores sociales de la UE

Se espera que comience a funcionar a fines de 2019, en octubre, alcanzando su capacidad operativa total para 2023. Algunos miembros del personal serán enviados en comisión de servicio de los estados miembros de la UE. El presupuesto anual rondará los 50 millones de euros.

En los márgenes del Consejo de Empleo, los titulares europeos del ramo avalaron la candidatura eslovaca (que obtuvo 15 votos), frente a las de Chipre (7 votos), Bulgaria y Letonia (3 cada uno), que también aspiraban a hacerse a conseguir la sede.

España fue uno de los países que votó por Bratislava, al considerar que Eslovaquia “cumple mejor los criterios” que el resto y que “ha hecho un buen trabajo” preparatorio, indicaron fuentes diplomáticas.

La comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, recordó que la movilidad laboral en la UE ha sido siempre una prioridad para ella al impulsar “el crecimiento, ayudar a las empresas a encontrar las competencias que necesitan y dar a todo el mundo la oportunidad de sacar el mayor provecho de su talento”. Esa movilidad necesita, no obstante, “ser bien gestionada”, puntualizó Thyssen, a través de normas “justas, claras y aplicadas de manera efectiva”.

La comisaria indicó que la ELA empezará a trabajar desde Bruselas a partir del próximo octubre, hasta que se traslade a su ciudad definitiva.