El Banco de España ha iniciado los trámites para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo por la que se anulaban los efectos administrativos parcialmente el indulto al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, al considerar que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se extralimitó al concederlo.
La institución que dirige Luis María Linde ha decidido iniciar este procedimiento “de acuerdo con lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo” con la intención de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 1245/95 de 14 de julio, según el Banco de España.
El organismo tiene que analizar ahora si Sáenz ha perdido su honorabilidad y, dependiendo la conclusión a la que llegue, decidir si debe seguir como consejero delegado de la entidad o debe abandonar su cargo.
Tras analizar el caso de Sáenz, el Supremo entiende que el Gobierno del PSOE incurrió en una “clara extralimitación” al cancelar sus antecedentes penales y los del que fuera directivo de Banesto Ángel Calama Teixeira cuando les indultó de la condena de tres meses de arresto de inhabilitación por denuncia falsa.
La Sala llega a esta conclusión tras determinar que los indultos pretendían que la condena impuesta a Sáenz y Calama por un delito doloso no les afectara a la hora de serles aplicada la normativa bancaria que le inhabilita para ser banquero.
Esta normativa impone el requisito legal de “honorabilidad”, imprescindible para seguir ejerciendo como directivo del banco, según exigen las Directivas Europeas y el Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito del Banco de España.
Tras conocer la sentencia, la defensa del consejero delegado anunció que recurriría el fallo en amparo ante el Tribunal Constitucional. Según informaron a Europa Press en fuentes jurídicas, los abogados de Sáenz sustentarán el recurso en una posible infracción del derecho de igualdad y también del derecho a la tutela judicial efectiva.
Precisamente, el Gobierno elevó hace unas semanas a consultas la reforma de las Cajas de Ahorros en la que se intenta poner coto a los nombramientos inapropiados de consejeros, pero que, sin embargo, no incluye una prohibición expresa a que se pueda nombrar a imputados o condenados por causas delictivas.