El BCE ya advirtió a Banco Popular de problemas en sus cuentas casi tres años antes de su desaparición

Banco Popular dejó de existir como entidad independiente en junio de 2017. Entonces, la Junta Única de Resolución decidió resolver la entidad y venderla por un euro al Banco Santander, quien se haría cargo de la situación del grupo. Sin embargo, los problemas de Popular se remontan años atrás, tal y como confirman las comunicaciones del Banco Central Europeo.

Así figura en los documentos clasificados del BCE sobre el Popular cuyo secreto ha levantado el juez Fernando Andreu, responsable de investigar a la cúpula de la entidad y las causas que llevaron a su resolución. Este medio ha tenido acceso a un extenso archivo de documentos entre los que se encuentran algunas de las claves del proceso de Banco Popular.

El BCE se hizo cargo en 2014 de la supervisión del Banco Popular, al igual que de los grandes bancos europeos, con motivo de la creación de los nuevos órganos comunes de la UE. Ya a finales de ese mismo año, el organismo remitió una carta a Banco Popular en la que se pedía a la entidad que “prestase una mayor atención” a la calidad de sus activos.

En aquella misiva, el organismo aseguraba que se tenía que informar “sin demora” al auditor de las cuentas de la empresa. Según informaba el BCE se debía recortar en 460 millones el valor de algunos activos. Esto se traducía en que los ratios de solvencia que había estimado el Popular eran en realidad inferiores, según figura en este documento.

La carta iba más allá y apuntaba que sería “deseable” que el Popular “mejorase” sus procesos internos para asegurar una mejor calificación de los activos y de los deudores. El organismo que preside Mario Draghi apuntaba a la necesidad de enfocarse principalmente en la mejora de los controles sobre los deudores en el sector inmobiliario y en la banca minorista. En conjunto la exposición de la entidad a activos dudosos (non performing, en su definición en inglés) era mayor de lo previsto en 893 millones de euros.

Así, ya desde el principio se muestra a un BCE “preocupado” con algunos aspectos de la contabilidad de Banco Popular. Entre los distintos documentos se encuentran comentarios a los resultados que hacía el organismo supervisor, en los que se mostraba el alto nivel de activos peligrosos y la baja cobertura que tenía sobre ellos, en comparación con sus competidores.

Siguiendo en esta línea, el BCE apuntaba que la capacidad de Banco Popular para obtener retornos durante los siguientes doce meses (en referencia al ejercicio 2015) era “insatisfactoria”. Según el organismo, la política de financiación del propio banco, “no era la más apropiada”.

El pesimismo sobre el futuro de la entidad seguía plasmado en los comentarios sobre los resultados del 2014. En concreto, en un apartado sobre la viabilidad a tres años del grupo, precisamente la vida que le quedaba a la compañía antes de ser resuelta, aseguraba que no tenía “una clara dirección” ya que estaba más centrada en “sus problemas a corto plazo”.

Las varias decenas de archivos que tiene el juez sobre su mesa detallan la relación entre el BCE y el Banco Popular entre 2014 y 2017, el momento de su resolución. Estos documentos muestran las peticiones de información por parte del organismo supervisor a la entidad, primero dirigida por Ángel Ron y luego por Emilio Saracho.

Entre otros apartados, se muestra cómo el BCE fue aprobando en repetidas ocasiones la aportación de liquidez por parte del Banco de España hasta que finalmente la situación fue insostenible y la propia entidad asumió la difícil situación y se ejecutó la resolución y la posterior venta a Santander.