Bruselas descarta por ahora el plan de España de prorrogar hasta 2024 el mecanismo ibérico que permite poner un tope al precio del gas con el que se produce la electricidad. Así se lo trasladó la vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el pasado miércoles cuando viajó a la capital comunitaria junto a su homólogo portugués para analizar la prórroga del mecanismo. España y Portugal difieren del plazo para que esté vigente: el gobierno luso quiere alargarlo hasta diciembre de 2023 mientras que el de Pedro Sánchez aspira a prolongarlo hasta finales del año siguiente.
Aunque España y Portugal no han presentado formalmente la solicitud, que es un paso necesario para que la Comisión Europea dé una respuesta, la vicepresidenta comunitaria les dio pistas del plazo que sería factible: “La comisaria planteó que el marco temporal de las medidas de apoyo por la guerra de Ucrania duran hasta diciembre de 2023. En consecuencia, y en tanto la UE no modifique ese marco temporal de ayudas por Ucrania, la prórroga de la solución ibérica tendría que atenerse a ese marco temporal”.
Así lo explican en el departamento que pilota Teresa Ribera en el que, en todo caso, consideran que no es un portazo definitivo en tanto en cuanto “ese marco temporal de ayudas por la guerra de Ucrania se amplíe”. “Por tanto, una eventual extensión de la solución ibérica también se ampliaría”, explican.
Además, son optimistas respecto a la posibilidad de que el mecanismo ibérico que está permitiendo a España y Portugal tener precios más bajos deje de ser necesario si en los próximos meses se alcanza un acuerdo para la reforma del mercado eléctrico, que por ahora está muy verde. No obstante, en el Gobierno creen que es una “opción perfectamente factible” que el acuerdo se cierre durante la Presidencia española de la UE, que comenzará en julio y finalizará el 31 de diciembre de 2023. Por ahora España ya ha enviado una propuesta de reforma a Bruselas.
España y Portugal han comenzado ya a planear el futuro de la solución ibérica dado que el mecanismo se aprobó el pasado mes de junio con una fecha de caducidad: el 31 de mayo de 2023. Según los cálculos del Gobierno, desde su entrada en vigor, ha supuesto un ahorro a las familias, la industria y las empresas de 4.577 millones de euros. Por ahora las negociaciones se están llevado a nivel técnico, según el Ministerio de Transición Ecológica, más allá de la reunión de los ministros con la comisaria el pasado miércoles.