Así hacen caja los Franco: un fondo buitre pagó 8,5 millones por una de las empresas de garajes del clan

El fondo buitre estadounidense Elliott pagó 8,5 millones de euros por una de las empresas de aparcamientos de los descendientes de Francisco Franco, Estacionamientos Urme, vendida el año pasado en pleno reparto de la herencia de la única hija del dictador, Carmen Franco, fallecida a finales de 2017. 

El importe de la transacción, una operación que adelantó elDiario.es hace un año, está recogido en las cuentas anuales de 2019 que acaba de depositar en el Registro Mercantil la sociedad compradora, Ipark Estacionamientos y Servicios de Movilidad.

“Con fecha 26 de junio de 2019, la Sociedad ha adquirido el 100% de las acciones de la sociedad Estacionamientos URME, S.A. por importe total de 8.500.000 euros. A fecha 31 de diciembre de 2019 dicho importe se encuentra totalmente desembolsado, el cual ha sido satisfecho mediante transferencia bancaria”, explica Ipark en esas cuentas, disponibles a través de la herramienta Insight View.

La compradora está controlada por el fondo Elliott a través de una sociedad luxemburguesa, Diablo Investments Sarl, que a su vez pertenece a otra empresa propiedad de firmas radicadas en el paraíso fiscal de Islas Caimán y Delaware (Estados Unidos).

Urme estuvo presidida hasta su venta por el nieto mayor de Franco, Francisco ‘Francis’ Franco Martínez-Bordiú. Su sede, como las de muchas otras empresas del clan, estaba hasta su traspaso en la calle Hermanos Bécquer de Madrid. Su objeto social es “la explotación, adquisición y administración, en cualquiera de las formas permitidas por la ley, de locales para aparcamientos, guarda, entretenimiento y custodia de vehículos y, en general, de toda clase de bienes inmuebles”. 

La empresa es propietaria de un parking ubicado en el número 25 de la calle Princesa de Madrid, con una extensión aproximada de 5.562 metros cuadrados en tres plantas en los bajos del hotel que tiene allí desde 1967 la cadena Meliá. Esta multinacional lo tenía alquilado a Urme desde hace décadas a través de un contrato de arrendamiento “histórico”, según confirmaron en su momento fuentes de la cadena. 

La hotelera tiene una larga relación de cercanía con los Franco. Como contaba en El País en 2001 el periodista Mariano Sánchez Soler, gran conocedor de los negocios del clan, el fundador del grupo turístico, José Meliá, era “habitual del círculo íntimo” del dictador. 

Otra compra por 8,2 millones

Las cuentas de Ipark también reflejan, entre otras operaciones de compraventa, la adquisición, también en 2019, de otra empresa de aparcamientos históricamente vinculada a los Franco. Se trata de Aparcamiento Atocha 70, en la que el nieto mayor del dictador figuró como consejero delegado hasta 2014, cuando estalló un conflicto accionarial con sus socios, que acabaron condenados por apropiación indebida. 

La venta se cerró menos de tres meses después de la operación de Urme. “Con fecha 9 de septiembre de 2019, la Sociedad ha adquirido el 100% de las participaciones sociales de la sociedad Aparcamiento Atocha 70, S.L. por un importe total de 8.200.000 euros”, explica la compradora, Ipark, en sus cuentas.

La explotación de garajes en Madrid ha sido durante décadas una de las vías de negocio del clan. En marzo de 2002 otra de las empresas de los Franco, Oceans Eleven, compró otro parking en el número 359 de la calle Bravo Murillo a la firma Progamallo, vinculada al narcotraficante Marcial Dorado. Progamallo había comprado ese inmueble en 1998 por unos 2,3 millones de euros de “procedencia ilícita”, según dictaminó el Tribunal Supremo en febrero de 2016. Obtuvo de Oceans Eleven una contraprestación de 7,2 millones (más IVA). La compraventa se escrituró por menos de 5 millones, lo que permitió al narco gallego dejar de ingresar a Hacienda 794.133,37 euros por el Impuesto de Sociedades, según el Supremo.

Oceans Eleven era entonces 100% propiedad de otra empresa de los Franco, Centro de Agentes Unidos del Calzado Español, SL (Cauce SL), que hace dos años fue condenada por la Audiencia Nacional a pagar a Hacienda cerca de 2 millones de euros en concepto de cuota, sanción e intereses, por la transmisión en 2003 de un conjunto de oficinas y plazas de garaje a otra firma del clan “sin coste fiscal”, pese a que no tenía derecho a ello, según la sentencia.