La CNMV bate su récord de multas por uso de información privilegiada

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha batido un récord de multas impuestas por uso de información privilegiada bajo la presidencia de Rodrigo Buenaventura, nombrado en diciembre de 2020. Así se desprende de las sanciones del regulador bursátil publicadas hasta ahora en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

La publicación de esas multas por abusar con información sensible (por ejemplo, especulando con acciones de empresas cotizadas) suele producirse con cierto desfase. La CNMV puede tardar más de un año en resolver los expedientes y estos solo se publican cuando son firmes en vía administrativa, algo que hasta este año podía demorarse con la presentación de recursos de alzada.

Pero los datos disponibles apuntan a un fuerte incremento de las sanciones relacionadas con el uso o difusión de información privilegiada con Buenaventura al frente del organismo. Sin haber cumplido su primer mandato (de los dos posibles, con cuatro años de duración cada uno), es ya el presidente de la CNMV que más sanciones ha firmado por estas prácticas, según los datos recopilados en el BOE. Desde que llegó al cargo, Buenaventura ha impuesto ya 16 y acaba de superar las 15 que firmó durante cuatro años su antecesor, Sebastián Albella.

Albella presidió el organismo entre 2016 y 2020, en sustitución de Elvira Rodríguez. De los cuatro años al frente del supervisor (2012-2016) de la ex ministra con José María Aznar y hasta hace poco diputada del PP (Rodríguez figuraba en número 20 de la lista del PP por Madrid y no salió elegida en las elecciones del pasado 23 de julio), solo consta en el BOE una sanción por esta práctica ilegal. Con Julio Segura (2007-2012) se publicaron nueve sanciones. Y con Manuel Conthe (2004-2007), tres.

Que Rodrigo Buenaventura haya alcanzado ya ese récord se explica en buena medida porque en 2021, su primer año en el cargo, el Comité Ejecutivo de la CNMV abrió 11 expedientes sancionadores por uso de información privilegiada, un máximo que solo se había alcanzado en 2009. 

De esos 11 expedientes, ocho fueron por infracciones muy graves, más que por ninguna otra posible irregularidad. Esta hiperactividad aminoró el año pasado, con solo tres expedientes por información privilegiada.

Pero contrasta con la absoluta inactividad en esta materia que tuvo en sus dos últimos años en el cargo Albella, que el año pasado incumplió la promesa que hizo al ser nombrado y volvió al despacho del que procedía, Linklaters. “Permítanme que insista en esto: asumo el más firme compromiso de no retornar a mi actual despacho e incluyo aquí cualquier tipo de servicios o de relación”, prometió a los diputados en el Congreso en 2016.

Con su anterior presidente, la CNMV no abrió en 2019 y 2020 un solo expediente sancionador por uso de información privilegiada. Esto nunca había ocurrido desde que el organismo empezó a publicar estos datos hace 20 años.

Más agilidad

Desde este año, el organismo cuenta con la baza de una mayor agilidad para resolver estos expedientes, con la eliminación de la figura del recurso de alzada que hasta ahora podían interponer los sancionados ante el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital antes de, en su caso, ir a los tribunales. Solo en 2022 hubo 11 recursos de este tipo. 

Con la entrada en vigor de la nueva Ley del Mercado de Valores y los Servicios de Inversión, desde el pasado 7 de abril las resoluciones sancionadoras de la CNMV son únicamente revisables en la vía judicial contencioso-administrativa, ante la Audiencia Nacional y, en su caso, el Tribunal Supremo. 

En 2022, la CNMV acordó, según su última memoria anual, imponer ocho sanciones graves o muy graves por uso de información privilegiada, igualando el récord de 2017. El organismo recibió el año pasado 282 comunicaciones de operaciones sospechosas, en línea con 2021. “Como viene siendo habitual, en su mayoría se refirieron al potencial uso o intento de uso de información privilegiada”. 

El último ejemplo de esas sanciones se acaba de publicar en el BOE y afecta a la pareja formada por Alba Sande, abogada del bufete de élite Clifford Chance, e Íñigo Escalante, un financiero que, según su LinkedIn, trabajó hasta 2021 en el área de Desarrollo de negocio de Banca de Empresas, Corporaciones e Instituciones de BBVA España. 

La CNMV impuso el 31 de julio a Sande y a Escalante sendas multas de 70.000 euros y 35.000 euros, respectivamente, por infracciones “muy graves” de la Ley del Mercado de Valores. Sande fue sancionada “por la comunicación ilícita de información privilegiada” a Íñigo Escalante “relativa a la posible oferta pública de adquisición voluntaria de acciones de Piolin Bidco, SAU, sobre Parques Reunidos”, en marzo y abril de 2019. 

Y Escalante, por realizar operaciones con acciones de Parques Reunidos el 9 de abril de 2019 “aprovechándose de la ventaja obtenida a consecuencia de la información privilegiada” recibida de la abogada de Clifford Chance. 

En esa opa, que se lanzó el 26 de abril de 2019, ese bufete, que no ha respondido a las preguntas de elDiario.es, tuvo un papel muy activo. Clifford Chance fue asesor de EQT en la oferta que el fondo sueco lanzó junto a Alba (de la familia March) y el estadounidense Miles Capital a través de un vehículo denominado Piolin. Clifford Chance también fue contratado por el consejo de administración de Parques Reunidos para preparar y remitir a las autoridades estadounidenses de competencia la documentación sobre la opa.

Otros casos recientes son la sanción de 15.000 euros impuesta a un periodista de El Confidencial por la compra de acciones de OHL con información privilegiada; o la multa de 100.000 euros que el regulador impuso hace algo más de un año a José María Castillo Lacabex, histórico directivo de ACS (hoy de Cobra, antigua filial de la constructora, propiedad por el grupo francés Vinci) por comunicar a terceros información privilegiada sobre otra filial de ACS, Saeta Yield, vendida en 2018 al fondo Brookfield.

Si se atiende al importe de las sanciones, la mayor multa por esta práctica es la que recibió Francisco Garriga Miró, multado con 4,4 millones en octubre de 2017 por aprovecharse de la opa que San José lanzó sobre la inmobiliaria Parquesol en 2006. 

Por esa operación, con la que ganó 2,2 millones, Garriga había sido condenado en 2015 por el Tribunal Supremo a dos años de cárcel y al pago de una multa de 645.682 euros por blanqueo de capitales junto con su amigo y socio, el ex director general en España de la financiera Eurohypo AG José Luis Zanetty, cuya condena a cuatro años también ratificó el Alto Tribunal.