El 'regalo' de José Manuel Soria a las gasistas: más de 300 millones al año que la CNMC propone suprimir

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) debate estos días suprimir una millonaria partida por la que las empresas dedicadas al transporte y regasificación de gas natural se embolsan más de 300 millones de euros al año desde 2014 “sin contraprestación evidente para los consumidores”, según el organismo.

Las afectadas por esta medida son fundamentalmente Enagás y, en menor medida, otras como Redexis (vendida por el banco de inversión Goldman Sachs a varios fondos en 2018) o Naturgy (antigua Gas Natural). La propuesta de eliminar esa partida figura en una circular que el organismo sacó a consulta el 5 de julio, dentro del conjunto de propuestas normativas que ha lanzado en los últimos meses en el marco de sus nuevas competencias, y que han sacudido al sector energético en su conjunto.

Las empresas (sobre todo las gasistas) acusan al organismo que preside (con el mandato caducado desde septiembre) José María Marín Quemada de poner en riesgo la sostenibilidad del sistema energético con esas propuestas.

La partida que quiere eliminar la CNMC se denomina RCS y su supresión explicaría en buena medida que el transporte sea la actividad que mayor recorte vaya a sufrir (un 21,8%) de todas las que se van a ver afectadas por las circulares, si se aprueban en su redacción original.

Para que dicha actividad se realice “al menor coste para el sistema gasista y con una rentabilidad razonable”, la CNMC propone la “eliminación progresiva y total en el periodo regulatorio 2021-2026, de la retribución por continuidad de suministro (RCS), actualmente vigente para el transporte y la regasificación de gas natural, por ser un concepto retributivo sin contraprestación evidente para los consumidores y, dadas las cantidades establecidas, contrario al principio de rentabilidad razonable”.

La propuesta es reducir ese incentivo, que algunas fuentes comparan con los millonarios pagos que recibe Red Eléctrica por sus instalaciones anteriores a 1998 (y que la CNMC también ha propuesto eliminar), “de forma gradual” hasta dejarlo a cero a partir de 2025. La empresa más afectada, Enagás, ha presentado alegaciones al texto y argumenta que la RCS “incentiva el mantenimiento de las instalaciones operativas más allá de su vida regulatoria” y ha eliminado el déficit de tarifa en el sector del gas.

Vía real decreto-ley

La RCS fue introducida por el Gobierno de Mariano Rajoy a través del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Esta norma se aprobó durante la etapa de José Manuel Soria como ministro de Industria y Energía, poco antes del cierre del almacén de gas Castor y de la polémica indemnización para su promotora, la constructora ACS, cuyo mecanismo anuló posteriormente el Tribunal Constitucional.

La RCS se concibió en un contexto de hibernación de instalaciones, desplome de la demanda de gas (solo en el primer trimestre de ese año la caída fue del 11%) y para evitar “la aparición de nuevos desajustes al final del ejercicio”, según justificó entonces el Gobierno.

La ley que implantó ese incentivo advertía de que ese año el déficit de tarifa del sector “podría alcanzar los 800 millones de euros como consecuencia de la entrada en servicio de nuevas instalaciones y la contracción de demanda de gas natural del primer semestre del año 2014, más acusada de la prevista”. Y cifraba en 287 millones el importe total de la RCS, cifra que para este año se va ir por encima de los 300 millones, de los que 230,93 corresponden al transporte (el 90%, para Enagás) y otros 67,24 millones, a las regasificadoras de gas natural licuado (GNL).

La memoria justificativa de la circular apunta a la RCS como “una de las causas que dan lugar a valores elevados del ROE [Return on Equity o cociente entre los beneficios después de impuestos y el valor del patrimonio neto de una empresa] de las empresas del sector”, que en el caso del transporte es “muy superior” al de otros sectores regulados como el eléctrico, el farmacéutico o el de telecomunicaciones.

“La realidad es que el actual sistema retributivo establece una tasa de retribución financiera del 5,09% sobre el valor neto de las inversiones, tasa que no se refleja en el ROE, cuyo valor está sistemáticamente por encima del 14%”, señala la CNMC, “y ello es debido a que existen en la retribución del transporte y la regasificación otros conceptos retributivos”. En concreto, la RCS. 

La CNMC indica que, con el marco actual, las empresas estarían cobrando este incentivo durante un siglo, mucho más allá del plazo en el que la economía española debería estar completamente descarbonizada según Bruselas (2050): “La retribución por RCS tendería a ser cero en el muy largo plazo al haberse incluido un Coeficiente de Eficiencia por mejoras de productividad” que, aplicado “durante 100 años”, reduciría el incentivo “hasta el 5% del valor del RCS actual si la demanda fuera constante. Dicho plazo de 100 años no es el adecuado para un concepto retributivo sin contraprestación explícita”, concluye la memoria de circular.

Alegaciones de Enagás

Enagás (cuyo mayor accionista es el Estado con el 5%), señala que en 2014 el regulador optó “por no revalorizar los activos en el transporte de gas, como se hizo con los eléctricos o como es habitual en países del entorno”, y en su lugar incorporó la RCS, un concepto “vinculado a incentivar la demanda y que permitiera equilibrar las diferencias entre los ingresos y los costes del sistema gasista al trasladar el riesgo de demanda a los titulares de instalaciones”.

Esa decisión, según la compañía, “supuso una reducción de en torno a 120 millones de euros de los ingresos anuales para Enagás en el periodo regulatorio 2014-2020”. Enagás defiende que la RCS “ha permitido que en el presente periodo regulatorio se redujera el déficit del sistema gasista e incluso genere un superávit desde 2018”.

La empresa subraya que esta figura “incentiva el mantenimiento de las instalaciones operativas más allá de su vida regulatoria” en línea con el plan integrado de energía y clima y las orientaciones de política energéticas aprobadas en abril por el Ministerio de Transición Ecológica “para evitar tener que hacer inversiones millonarias en nuevas infraestructuras por el fin de vida útil de las existentes, teniendo en cuenta que esas infraestructuras siguen siendo necesarias en el proceso de transición energética”.

Por su parte, la patronal Sedigas confirma que la eliminación de la RCS “es una de las mayores quejas del comité de transportistas” de esta asociación y ha planteado también alegaciones al respecto.